Elfreno a la justicia universal indigna a los magistrados

Monjes budistas protestan ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno chino por su represión en Tibet. - EFE

Monjes budistas protestan ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno chino por su represión en Tibet. - EFE

Elfreno a la justicia universal indigna a los magistrados

Los jueces instructores de la Audiencia Nacional consideran que la reforma pactada en el Congreso es “un paso atrás”, cuando España era en estos momentos “un referente mundial”ÁNGELES VÁZQUEZ -Público.es

MADRID – 25/05/2009 07:35

Los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, al menos la mayoría, consideran que la reforma pactada por algunos grupos en el Congreso para limitar la jurisdicción universal es “un paso atrás”, que hará posible la impunidad de crímenes contra derechos humanos universales y protegidos en todo el mundo. “España era un referente mundial.Y debería servir de ejemplo para que otros países hicieran lo mismo”, señalaron los consultados.

Pocos de los encargados de investigar en España el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, en Ruanda, Guatemala o Israel, comparten las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consistentes en que el límite pactado no supondrá un retroceso, sino una mejora. “Para nada va a reducir nuestro compromiso con la Justicia y la libertad”, añadió la dirigente socialista en el último consejo de ministros.

Incluso los que proponían limitar la jurisdicción tildan el acuerdo de chapuza

Sin embargo, eso precisamente es lo que temen en la Audiencia Nacional, donde se muestran “indignados” como ciudadanos, aunque como jueces aplicarán la ley sea cual sea. Como dijo tras su toma de posesión el flamante presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes: “Los jueces no podemos estar en lucha contra nada: aplicamos la legalidad”.

Aún no se sabe con certeza el alcance que tendrá la reforma en las causas abiertas en la Audiencia Nacional. Los más optimistas consideran que no afectará a ninguna. Otros, que sólo influirá en las relativas a China, en las que se investigan los crímenes cometidos contra el pueblo tibetano y los seguidores de la corriente Falun Gong, donde no se ha acreditado con la misma fuerza que en otros procedimientos la existencia de víctimas españolas.

La que ha provocado la reforma pactada, la abierta contra un ex ministro de Defensa y otros seis responsables militares israelíes por el lanzamiento de una bomba el 22 de julio de 2002, tampoco tiene de momento españoles como víctimas . Pero está previsto que próximamente un español se sume a la querella admitida a trámite por el juez Fernando Andreu.

Hay quien piensa que no hacía falta la reforma legal, sino más sentido común

Incluso los que en la Audiencia consideran que había que limitar la jurisdicción universal, porque entienden que carece de sentido abrir una investigación, con el coste que ello supone, sabiendo que será imposible juzgar a sus presuntos responsables, son críticos con la reforma. Califican de “chapuza” reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprovechando la modificación de las leyes necesarias para poner en marcha la oficina judicial. Una reforma “oculta”, que incumple los trámites previstos para reformar leyes orgánicas, sostienen.

Aunque también hay quien cree que no hacía falta una reforma legislativa, sino haber impuesto algo de sentido común a la hora de admitir a trámite querellas y denuncias.

La reforma pactada limita la jurisdicción española para investigar los delitos de genocidio, lesa humanidad o terrorismo, a varias condiciones. Es decir, “deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles”.

Práctica habitual

Añade que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá “cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país”, lo que implica que la jurisdicción española para perseguir estos delitos pasa a ser subsidiaria. Hasta ahora podía coincidir con otras investigaciones en otros países, pero era práctica habitual en la Audiencia Nacional preguntar al país en cuestión si existe algún procedimiento abierto. Así lo hizo Eloy Velasco con la querella de Guantánamo y Andreu, con la de Gaza.

Cinco jueces que investigan delitos de persecución universal

Santiago Pedraz
El titular del Juzgado número 1 investiga el genocidio del pueblo maya, la muerte del cámara José Couso y los crímenes contra la población tibetana.

Ismael Moreno
El juez del número 2 instruye la primera querella del Tíbet, la de Falun Gong y la del holocausto nazi. Tiene sobre la mesa otra querella sobre Gaza.

Fernando Andreu
El juez del número 4 investiga la querella presentada por el ataque de julio de 2002 en Gaza. Procesó a 40 militares ruandeses por genocidio.

Baltasar Garzón
El Juzgado número 5 investiga las torturas sufridas por ex presos de Guantánamo en la base estadounidense y el genocidio del pueblo saharaui.

Eloy Velasco
Al juez del 6 le correspondió la querella presentada contra los asesores de Bush e investiga el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas en El Salvador.

¿Quién teme a la justicia universal?

Amigos

Conviene saberlo, no solo es el caso del Tibet !!! Quieren cambiar nuestra ley para que haya menos justicia y mas impunidad en el mundo !!! Asi de claro.

La argumentacion para esta maniobra es vergonzosa legal y eticamente, y parte de las pataletas diplomaticas de paises poderosos afectados, de la ignorancia, de la manipulacion politica, de los intereses economicos y de la pasivida de todos.

Estos dos brillantes articulos explican el contexto de la verguenza politica que se esta tramando para limitar y ahogar la Justicia Universal y todos los casos abiertos en la Audiencia Nacional incluidos por supuesto los del Tibet.

Como se dice vulgarmente, se puede decir mas fuerte pero no mas claro.Y nadie mas experto y con mas experiencia que:

Jose Antonio Martin Pallín (Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas) y Manuel Ollé (Profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE) para decirlo.

Aun asi es debemos saberlo y decirlo todos, cada uno en su circulo, cada uno a su manera.

Un abrazo

Alan Cantos

POR FAVOR DIVULGAD A LOS CUATRO VIENTOS !!

——————————————————————————–

———————————————————————————————————————————

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=614962&idseccio_PK=1006

23/5/2009 Edición Impresa LA PERSECUCIÓN DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

¿Quién teme a la justicia universal?

No podemos convivir impasiblemente con hechos tan insoportables como el genocidio

JOSÉ ANTONIO Martín Pallín*

La jurisdicción universal abre la posibilidad de juzgar, en la mayor parte del mundo, crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad y de cualquier sociedad civilizada.

Su origen más cercano se encuentra en los juicios de Núremberg, que en su tiempo merecieron la entusiástica aprobación y reconocimiento de los estados que ahora se irritan o se muestran diplomáticamente molestos ante la apertura de procesos dirigidos a exigirles responsabilidades por hechos hoy elevados a la categoría de delitos contra la humanidad.

Lo que el tribunal militar aliado de Núremberg tuvo que construir sobre la marcha –eso sí, con materiales nobles que han resistido el paso del tiempo– más adelante fue asumido por las Naciones Unidas en las reglas de Núremberg y hoy lo tenemos plasmado, en forma de ley, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional firmado por la abrumadora mayoría de países integrados en las Naciones Unidas, con llamativas reservas a su jurisdicción formuladas por países como Estados Unidos o China.

La jurisdicción universal no se dedica, como tramposamente se intenta trasmitir a la opinión pública, a investigar toda clase de delitos como si se tratase de una especie de juzgado de guardia global. La jurisdicción universal está delimitada por la específica regulación de las leyes nacionales y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

No podemos convivir impasiblemente con hechos tan insoportables como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. No se trata de perseguir conductas aisladas de tortura, asesinatos, desaparición forzada de personas o ejecuciones extrajudiciales u otros de carácter similar que ocasionen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la salud física y mental de las personas, sino aquellas que, como dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional, firmado y aceptado por España, se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil.

Solo los que empleen estos métodos pueden temer a la jurisdicción universal. Me parece lógico que los gobiernos, que firman tratados para comprometerse a cumplirlos, prefieran que su país no se vea envuelto en un conflicto diplomático que comprometa su real politik. Pero no pueden ir más allá de la demostración de una cierta incomodidad para después defender a sus jueces, cuya independencia está por encima de las relaciones coyunturales con otro país. Sea este una potencia mundial, un Estado africano, un dictador árabe o asiático o un gobernante de la antigua Yugoslavia.

En España no se puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal, avalada por las leyes y ratificada por nuestro Tribunal Constitucional corrigiendo el voto mayoritario del Tribunal Supremo, en el caso de Guatemala, y proclamando que la justicia universal no tiene condicionamientos ni limitaciones por razón de país o sujetos activos o pasivos del delito.

Se puede comprender que el presidente del Gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores se sientan incómodos ante iniciativas judiciales. También resulta coherente la toma de postura de muchos columnistas que descargan sus fobias contra jueces sistemáticamente acosados por tomar decisiones incómodas. Pero no podíamos pensar que al ataque se sumasen las más altas instituciones del Poder Judicial. El presidente del Supremo tiene que ser un guardián del sistema y medir sus declaraciones. No somos los gendarmes del mundo. No tenemos peleas diplomáticas diarias y algunas iniciativas sí han prosperado. Además, aunque sea por rescatar la realidad, el caso Scilingo ha llegado a buen puerto y se está ejecutando la sentencia.

El fiscal general del Estado ha llegado a decir que los jueces de la Audiencia Nacional, que admiten estas querellas, son unos juguetes en manos de los que las presentan.

En el caso de la base de Guantánamo, su posición ha ido más allá al considerar que la querella es fraudulenta. No opinan lo mismo prestigiosos abogados norteamericanos y asociaciones de derechos civiles de ese país. Incluso el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Estados Unidos se ha mostrado partidario de la iniciativa española.

El Gobierno israelí ha descalificado la denuncia por los sucesos de Gaza, pero oculta que un general de su Ejército fue retenido en Londres a bordo de un avión de su nacionalidad, advirtiéndole de que si descendía le detendrían. Como es lógico, no bajó y retornó a su país.

No corren actualmente buenos tiempos para la jurisdicción universal. Los malos presagios se han confirmado y el reciente acuerdo entre los partidos mayoritarios para modificar su regulación es un síntoma preocupante. Condiciona la persecución en España a que el acusado se encuentre en nuestro territorio o que la víctima sea de nacionalidad española. En definitiva, significa volver al siglo XIX y rescatar los principios de la aplicación extraterritorial de la ley penal española. Las víctimas son universales, y discriminarlas por su nacionalidad limita sus posibilidades de pedir justicia y poner coto a la impunidad. ¿Ha cambiado la política de protección de las víctimas?

Como siempre, los poderosos son elogiados y obedecidos (Estados Unidos e Israel), y los pueblos, despreciados. Ya lo decía Maquiavelo hace varios siglos.

* Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

———————————————————————————-

EL PAÍS

TRIBUNA: MANAUEL OLLÉ SESÉ *

El avance de la justicia universal

MANAUEL OLLÉ SESÉ 23/05/2009

La hoja de ruta para limitar la práctica de la justicia universal en España es una lamentable realidad. El Congreso acaba de aprobar una propuesta de resolución por la que se pretende reducir su ejercicio a los casos en los que los presuntos responsables se encuentren en España o que existan víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde sucedieron los hechos no esté procediendo a su “persecución efectiva”. Es la culminación formal de las recientes críticas a la Audiencia Nacional: ¿por qué está enjuiciando las torturas de Guantánamo, los vuelos de la CIA, la masacre de Gaza, la represión del Tíbet o de los miembros de Falun Gong, los genocidios de los pueblos guatemaltecos o saharauis, el asesinato del periodista Couso o los de los jesuitas en El Salvador, o los crímenes de Mauthausen?

Los argumentos vertidos para desterrar la aplicación de este principio de justicia penal internacional son variados y alguno poco riguroso: técnico-jurídicos, económicos, de política exterior, de falta de capacidad de nuestros tribunales para asumir esa carga de trabajo en detrimento de nuestra justicia o incluso sobre el egocentrismo o protagonismo de algunos jueces.

La paradoja es sorprendente. En España, el principio de justicia universal se ha aplicado sin controversia alguna hasta el inicio de los casos Pinochet y Argentina en 1996. Todos saludábamos con satisfacción que los jueces de la Audiencia Nacional abordaran en aguas internacionales barcos cargados de droga, cuando ni siquiera el destino del cargamento fuera España ni existiera nexo alguno de los hechos, buque o tripulación con nuestro país. Por el contrario, el aplauso a los jueces y fiscales, en la persecución del narcotráfico, se torna injustificadamente en censura cuando se trata de enjuiciar crímenes contra la humanidad que desgarran el corazón de los Derechos Humanos.

La razón no es otra que el indudable componente político afecto a las circunstancias en las que se cometen estos horrendos crímenes, en su mayoría desde las estructuras de poder de iure o de facto.Y, precisamente, desde los países donde se ejecutaron los hechos se despliegan todo tipo de estrategias para garantizar la insoportable impunidad de sus autores y partícipes. En el ámbito interno, dictan leyes de auto impunidad; y, en el externo, orquestan inadmisibles estrategias políticas y diplomáticas, que terminan surtiendo efecto, y muy especialmente cuando provienen de los Estados poderosos, a costa de los Derechos Humanos.

Buena muestra de ello han sido las actuales presiones de Israel o Estados Unidos al Ejecutivo español para cerrar como fue-re los casos que les afectaban, además de permitirse rechazables ataques a los jueces Garzón, Pedraz y Andreu.

La interesada devaluación de este principio internacional se corresponde con un equivocado enfoque desde el Derecho interno, cuando el análisis debe efectuarse desde el Derecho internacional, singularmente mediante el compromiso adquirido en diferentes convenios (por ejemplo, Genocidio, Tortura o Convenciones de Ginebra), al que nos debemos. Éste, por un lado, desde épocas remotas, ha fundado el principio universal en la naturaleza de los delitos, su extrema gravedad, y, consecuentemente, en el compromiso internacional para su persecución. Cada vez que se comete un crimen internacional de primer grado resulta lesionada su víctima, pero también toda la comunidad internacional es ofendida. Y, por otro lado, para la aplicación de este título jurisdiccional es innecesario, según el Derecho internacional, como recordó nuestro Tribunal Constitucional (STC 237/05), cualquier punto de conexión como la presencia física de sus responsables en España o que las víctimas sean españolas.

La Corte Suprema de Israel, hoy detractora de la justicia universal, en el caso Eichmann, basándose en el principio de competencia universal, resaltó que “el derecho del Estado de Israel a castigar al acusado derivaba de una fuente universal -patrimonio de toda la humanidad- que atribuye el derecho de perseguir y castigar los crímenes de esta naturaleza y carácter, porque afectan a la comunidad internacional, a cualquier Estado de la familia de naciones, y el Estado que actúa judicialmente lo hace en nombre de la comunidad internacional”.

El consenso para el enjuiciamiento de estos crímenes, cimentado después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en el Derecho de Núremberg, aunque congelados en la Guerra Fría, se rescató con la creación de los Tribunales Penales Internacional especiales (ex Yugoslavia o Ruanda), de tribunales mixtos (como los de Sierra Leona o Líbano) y, especialmente, con la instauración de la Corte Penal Internacional (CPI). Tribunal, este último, llamado a ser el verdadero órgano universal de enjuiciamiento de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

Estos tribunales supranacionales, sin embargo, no colman las exigencias de justicia. Las limitaciones con las que nacieron -por razón del tiempo en el que los hechos se cometieron, del lugar o del tipo de crimen- han desembocado en insalvables impedimentos para sentar en sus banquillos a los responsables de tan repugnantes crímenes. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, sólo puede enjuiciar hechos cometidos con posterioridad al 1 de julio de 2002 y que afecten a situaciones de países que han ratificado su Estatuto.

Este insatisfactorio escenario judicial internacional traslada, por imperativos del Derecho internacional, el deber de combatir la impunidad y la violación de los Derechos Humanos a los tribunales nacionales. Los órganos judiciales de Francia, Bélgica, Alemania, Canadá, Senegal o España, entre otros, lo han demostrado.

En nuestro caso, el desarrollo del principio universal y su aplicación por nuestros tribunales ha sido, tal vez, la mayor aportación a la comunidad internacional en la defensa de los Derechos Humanos.

Si existe anuencia por parte de los Estados en que hay que juzgar a los grandes criminales, ¿por qué éstos no cumplen su obligación de juzgar los crímenes internacionales (ius cogens) cometidos por sus ciudadanos? La respuesta, si no quieren soportar un juicio en terceros países o tribunales supranacionales, es sencilla. Deberán no sólo incoar un procedimiento penal, sino demostrar -lejos de aparentar o maquillar simuladamente la existencia de un caso abierto- que se está practicando una auténtica y eficaz investigación judicial ante sus tribunales. En caso contrario, intervendrán los tribunales internacionales o los nacionales de terceros países en aplicación del principio de justicia universal.

Sin embargo, estas premisas de Derecho internacional se soslayan por aquellos Estados que buscan perpetuar una intolerable impunidad. No juzgan o no lo hacen de acuerdo con los estándares del proceso debido, se oponen a las “injerencias” de la justicia universal y no firman el Estatuto de la Corte Penal Internacional o no aceptan su competencia.

Este déficit no puede ser soportado por las víctimas. Éstas gozan del derecho a la justicia, y la comunidad internacional está obligada a procurarlo. Ante la ausencia de un tribunal penal internacional plenamente efectivo y eficaz, el principio de justicia universal, ejercido en cualquier país, no sólo en España, es hoy el instrumento imprescindible para la persecución de los más graves crímenes internacionales que destrozan la dignidad de las personas.

* MANAUEL OLLÉ SESÉ es Profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE.

FRACASO DE BEIJING EN TÍBET

FRACASO DE BEIJING EN TÍBET

John Garnaut, Corresponsal del Herald en Beijing

Sydney Morning Herald

22 de mayo de 2009

Un cáustico nuevo informe, quizás el primero de su clase desde dentro de China desde que Tíbet fue brutalmente cerrado en marzo del año pasado, describe cómo los esfuerzos de Beijing por inundar con ríos de dinero a Tíbet desde 1989 para asegurar la “estabilidad” han sido espectacularmente contraproducentes.

El informe, que es controversial por haber sido escrito pro un grupo de estudiantes de Beijing, dice que los trabajos del sector privado fueron para los chinos Han de otras provincias, y que el dinero público se vertió en los bolsillos de una nueva elite que sistemáticamente describe el descontento de la comunidad como “separatismo”

“Ellos usan cada oportunidad para jugar la carta del separatismo” dice Phun Tshogs Dbang Rjyal, un fundador del Partido Comunista en Tíbet, que es citado en el informe.

”Y ellos tratarán duramente de adjudicar la responsabilidad a “las fuerzas hostiles extranjeras” porque esta es la manera de consolidar sus intereses y estatus y finalmente obtener más poder y recursos”.

El trabajo de campo fue conducido por cuatro estudiantes de periodismo de la Universidad de Peking que viajaron a Lhasa y a la región tibetana de la provincia de Gansu en Julio.

Fue escrito y recientemente publicado en Internet por la Iniciativa de Constitución Abierta, una organización no gubernamental dirigida por abogados e intelectuales en Beijing.

El levantamiento que envolvió gran parte de la meseta tibetana desde el 14 de marzo del año pasado es considerado uno de los más serios desafíos para el dominio del Partido Comunista desde 1949.

La existencia del informe desafía la propaganda del gobierno y a la operación de seguridad que grupos de exilados dicen ha conducido a cientos de tibetanos étnicos a ser asesinados y a miles a ser encarcelados.

Las autoridades han culpado de la violencia a los “criminales” tibetanos, a “fuerzas extranjeras hostiles” y a la “camarilla del Dalai Lama”.

Xu Zhiyong, un abogado en derechos humanos que ayudó a preparar el informe, dijo que esperaba se recogiera por la prensa china, pero tenía poca esperanza de que influyera sobre los oficiales del gobierno.

Pero los tibetanos étnicos están sin embargo animados con que un relato equilibrado de las causas del levantamiento del pasado año, puede existir ahora en China.

”Como tibetana siento que este reporte es muy importante” dijo Tsering Woeser, una poeta tibetana en Beijing. “Es un extraño y preciado informe bajo las presentes circunstancias de una propaganda oficial sesgada”.

El informe detalla cómo la dura seguridad y la propaganda de respuesta de Beijing alienaron más a los tibetanos étnicos después de los levantamientos.

Los monjes, que fueron vistos como el “divino clero” por los tibetanos, fueron maltratados y objeto de “educación patriótica socialista”.

Incluso los miembros del Partido Comunista fueron tratados como amenazas a la seguridad por su origen étnico cuando visitaron Beijing durante los Juegos Olímpicos del año pasado.

”Sólo porque yo era una tibetana, ningún hotel me permitió ingresar. Esto me puso furiosa” dice una mujer tibetana llamada Baima Jizhong, citada en el informe.

Ella estaba en Beijing para participar en una sesión de entrenamiento con la Liga Comunista Joven central.

Quizás lo más sorprendente para los extranjeros, sea que el informe describe cómo muchos tibetanos recuerdan las tres primeras décadas del dominio del Partido Comunista.

”El equipo de estudio de investigación encontró decenas de familias tibetanas que todavía tienen colgado un retrato de Mao en sus hogares”, dice.

Paradójicamente, esto desapareció después que Beijing pasó de la revolución a la reforma en los setenta.

——————————————————-
Tsewang Phuntso
Oficial de Enlace para America Latina
OFICINA DEL TIBET
241 East 32nd Street
New York, NY 10016

Holanda no recibirá oficialmente al Dalai Lama

La Haya – El primer ministro holandés, Jan Peter Balkenende, no recibirá oficialmente al Dalai Lama, lo que la campaña internacional por Tibet considera una “falta de respeto”. El líder religioso tibetano visitará Holanda la semana que viene, donde dará una conferencia para altos empresarios y miembros del gobierno. El sector holandés de la campaña por Tibet señala que, en 1999, Wim Kok, entonces primer ministro, sí recibió al Dalai Lama. Quien sí lo recibirá es el ministro de Asuntos Exteriores de Holanda, Maxime Verhagen, en una sesión a puerta cerrada junto con otros líderes religiosos.
Al parecer, China ha presionado a Holanda para que Balkenende no se entreviste con el Dalai Lama. La Cámara de los Diputados insiste en una reunión oficial y, en la sesión del próximo martes, pedirá cuentas al gobierno sobre su rechazo.

Tibetanos piden a líderes de UE que resistan presión china y reciban al Dalai

Tibetanos piden a líderes de UE que resistan presión china y reciban al Dalai

  • EFE
  • ,
  • Bruselas

Activistas tibetanos han solicitado hoy en Bruselas que la Unión Europea (UE) adopte una posición conjunta sobre el Tíbet, pues así estará mejor preparada ante los intentos del Gobierno chino de boicotear los eventuales encuentros entre el Dalai Lama y los líderes de los Estados miembros.

Dos días antes de la celebración en Praga de la cumbre entre China y la UE -la primera después de que Pekín anulara una cita prevista en diciembre en protesta por un encuentro entre el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con el Dalai Lama-, varios miembros de la Campaña Internacional por el Tíbet (ICT, en sus siglas en inglés) han solicitado una posición coordinada de los Veintisiete.

El director de política europea en ICT, Vincent Metten, ha explicado que a finales de este mes está previsto que el jefe religioso tibetano y Premio Nobel de la Paz visite Dinamarca, Holanda y Francia.

Mientras que el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, ya ha confirmado que recibirá al Dalai Lama el próximo 29 de mayo, jefe del ejecutivo holandés, Jan-Peter Balkenende, ha anunciado que no se reunirá con él, un mes después de que el embajador chino enviase una carta al Parlamento holandés expresando su oposición al encuentro.

“La falta de cohesión entre los Estados miembros, especialmente sobre el protocolo para recibir al Dalai Lama, ha hecho que algunos países sean más vulnerables ante la presión del gobierno chino”, ha explicado el activista.

Desde ICT, han reclamado a la UE que abandone la “ambigüedad” y la “comodidad” que le ha caracterizado hasta ahora a la hora de abordar la cuestión del Tíbet.

Han demandado a los Veintisiete que coordinen sus posturas nacionales y definan una línea de actuación comunitaria en favor del Tíbet.

Además, han señalado que una asociación estratégica real entre el gigante asiático y los Veintisiete no será posible hasta que no se resuelvan algunos temas clave, como es el respeto de los derechos humanos.

“La realidad es que, durante más de un año, el gobierno chino se ha embarcado en un extenso proceso de encubrimiento de las torturas, desapariciones y asesinatos que se han sucedido en Tíbet como respuesta a una serie de protestas pacíficas contra Pekín”, han precisado desde ICT.

Así mismo, los tibetanos piden a la UE que promuevan de una manera activa y concreta las negociaciones entre Tíbet y China, hasta ahora ineficaces, y han sugerido a la UE el nombramiento de un representante especial para China y el Tíbet.

La paz tiene mucha marcha

La paz tiene mucha marcha

Más de 400.000 personas (25.000 en España) se han adherido ya a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que recorrerá 90 países.
El mundo gasta 190 veces más en armas que en combatir el hambre, que podría erradicarse con el 0,1% del presupuesto de defensa.

<!–
function anadirParametro(url) {
var strUrl=url;
var dominio=’http://www.heraldodesoria.es&#8217;;
var aleatorio = Math.random();
strUrl=dominio+strUrl+”/p.”+aleatorio;
window.locati

COLPISA. Madrid
Más de 400.000 personas, 25.000 de ellas en España, se han adherido en apenas diez días a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que entre octubre y enero recorrerá 160.000 kilómetros a través de 90 países. Desde Nueva Zelanda hasta la cordillera de los Andes, un equipo base de 100 personas hará el recorrido completo (por España pasará a mediados de noviembre), mientras miles y miles más protagonizarán innumerables iniciativas para “redefinir el concepto de paz y crear conciencia” a favor de la no violencia activa.

Se trata, añadió al presentar en Madrid la Marcha Mundial su coordinador Rafael de la Rubia, de dar voz a la gran mayoría ciudadana pacifista para “marcar la dirección a los políticos”. Y con una meta precisa y rotunda: eliminar las armas nucleares, reducir las convencionales, retirar las tropas invasoras de territorios ocupados, firmar tratados de no agresión y renunciar a la guerra como forma de resolver conflictos.

Todo un programa a favor del ser humano que también pondrá en evidencia otras violencias, más o menos disfrazadas pero igualmente dañinas, en múltiples ámbitos económicos, raciales, sexuales, religiosos e incluso familiares. “Vamos hacia un mundo lleno de muros, con los pobres a un lado y por encima aviones de guerra y robots bélicos”, denunció el periodista Hernán Zin. “Lo conseguido con violencia solo se va a poder mantener ejerciendo más violencia”, advirtió De la Rubia, que preside la organización Mundo sin Guerras promotora de la que espera ser “la mayor manifestación por la paz en la historia”.

Escándalo armamentista

La realidad actual golpea brutalmente esta conciencia. “No es posible hablar de paz con fábricas de armas a pleno rendimiento”, subrayó el coordinador de la Marcha Mundial, quien recordó el gasto diario en armamento de 2.200 millones de euros y remachó que “el hambre podría evitarse con el 0,1% del gasto militar”, que incluye otras inversiones en defensa además de los arsenales. Los datos de ese gran escándalo podrían reflejarse de otro modo. Como destaca la Plataforma 2015 en su exposición itinerante “Puertas”, el mundo gasta 190 veces más en armas que en combatir el hambre. O, como apostilla el asesor de Naciones Unidas Bernardo Kliksberg, 900 veces más de lo que se necesitaría para erradicarla.

Cambiar ese inhumano trasfondo animará el 2 de octubre (Día Internacional de la No Violencia que recuerda el nacimiento de Gandhi) al centenar de marchistas que se pondrán en camino en Wellington rumbo a Punta de Vacas, localidad argentina a los pies del Aconcagua adonde llegarán el 2 de enero de 2010. Se espera al menos un millón de participantes, en una impresionante lista en la que ya están comprometidas 2.000 organizaciones, 500 instituciones, 300 ciudades y cientos de personalidades. Cinco de éstas ocupan las presidencias de Chile, Argentina, Bolivia, Croacia y Timor Oriental. Hay premios Nobel como Saramago, Menchú, Pérez Esquivel, Tutu o el Dalai Lama. Y abundan los intelectuales y artistas, como Galeano, Chomsky, Mayor Zaragoza, Barenboim, Noa, Juanes, Serrat o Almodóvar.

Recorrido español

El recorrido español del equipo base incluye Barcelona (13 de noviembre), Madrid (día 14) y Málaga (día 15), pero las actividades se prolongarán por todo el país más allá de esas fechas concretas.

En realidad, toda la Marcha Mundial se dejará sentir durante los 90 días en todas partes, y no faltarán fechas clave que le sirvan de prólogo. El 6 y 9 de agosto, por ejemplo, se recordarán los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y el 21 de septiembre se celebrará el Día Internacional de la Paz.

En el caso hispano, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia se ha encontrado un “inesperado” aliado de máximo rango político, al ser nombrado ministro de Educación Ángel Gabilondo, que apoyó la iniciativa cuando aún era rector de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Conferencia de Rectores. A De la Rubia le encantaría que el Gobierno español tomara una posición tan activa como el chileno, que al compromiso personal de la presidenta Michelle Bachelet ha añadido la organización de un seminario para todas las fuerzas armadas del continente americano para “revisar las funciones de los ejércitos y el desarme”.

La mejor vía para informarse y sumarse a la iniciativa es la página de Internet www.marchamundial.es

Rectifica Sudáfrica y permite al Dalai Lama visitar el país

Rectifica Sudáfrica y permite al Dalai Lama visitar el país
Internacional – Viernes 15 de mayo (12:05 hrs.)

  • El gobierno de esa nación subaraya que el líder tibetano puede ir “siempre que él quiera”
  • Sólo desea que no abuse de la política pro derechos humanos de la región

El Financiero en línea

Madrid, 15 de mayo.- Sudáfrica dio marcha atrás en su decisión de impedir la entrada a ese país al Dalai Lama y afirmó que el líder tibetano será bienvenido “siempre que él quiera”, pero “sin abusar de la política pro derechos humanos del país”.

La ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, Maite Nkoane-Mashabane, expresó la postura del nuevo gobierno encabezado por Jacob Zuma sobre el asunto, que generó fuertes críticas contra la administración del ex presidente Thabo Mbeki.

“El Dalai Lama es libre, como cualquier otro ciudadano del mundo, de visitar Sudáfrica. Sudáfrica no discrimina a nadie”, dijo la ministra a la prensa en Pretoria, según reportes del diario The Sowetan.

La política exterior de Sudáfrica está basada en el respeto a los derechos humanos, pero “eso no significa que puede ser malinterpretada en interés de unos cuantos”, agregó.

En marzo pasado, el gobierno sudafricano rechazó otorgar la visa al Dalai Lama para que asistiera a un conferencia internacional de paz relacionada con la Copa Mundial de Fútbol que el país africano albergará en 2010.

Frente a la lluvia de críticas que recibió, el gobierno sudafricano dijo que pretendía evitar que su presencia eclipsara la conferencia, aunque después admitió que había actuado para proteger sus relaciones económicas con China.

Nkoane-Mashabane dijo que el nuevo gobierno sudafricano esperaba consolidar lazos con China y no previó ningún cambio en la política hacia esa nación. (Con información de Notimex/MVC)