EN FAVOR DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

MANIFIESTO del CAT – Comité de Apoyo al Tíbet

EN FAVOR DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Junio 2009

PP y PSOE se ponen de acuerdo para intentar ahogar el principio de justicia universal favoreciendo así más impunidad en el mundo.

Está claro. Han bastado un par de quejas diplomáticas – y quizá algo mas que no sabemos – de países poderosos sobre procesos judiciales en marcha en España para que el congreso se ponga de acuerdo en marcha para demoler más de una década de éxitos y avances en la justicia internacional. PP y PSOE, que no se ponen de acuerdo ni en la hora del dia, se alían e intentan cambiar una ley orgánica y enmendar una articulo (el 23 que recoge gravísimos crímenes internacionales). Todo esto con un claro punto de rapidez y nocturnidad que también borde la ilegalidad para que no trascienda, ni se entienda por la opinión pública. Todo esto en contra de nuestro mas alto Tribunal, el Constitucional cuya sentencia del de 2005 dejó meridianamente clara la ilegalidad de limitar la Justicia Universal con “el nexo nacional”, “la lejanía” , “la ajeneidad y las víctimas españolas”. Se diría que los que insisten en estas limitaciones están movidos por otras motivaciones o no saben leer. La Justicia Universal es universal no solo para españoles y vecinos cercanos, y los Crímenes contra la Humanidad son contra la Humanidad no contra ciudadanos o intereses españoles.

A la vista de la resolución parlamentaria de cambiar la ley y la cantidad de artículos, editoriales y comentarios que la han precedido en todos los medios de comunicación, constatamos con alarma y preocupación los siguientes puntos:

La planificación de este proceso implica un golpe mortífero a la separación de poderes en la democracia española y un retroceso en la justicia internacional y universal.

Básicamente se esta planificando políticamente que haya menos justicia y más impunidad en el mundo.

TIBET:

Siendo así y tomando como ejemplo el caso del Tíbet, y habida cuenta que ningún querellado chino se encuentra en territorio español, ni que víctima alguna del genocidio tibetano es española, esta causa quedaría archivada. ¿Esta probable decisión, en caso de seguir adelante la reforma iniciada, “reafirma el compromiso de este gobierno con la justicia universal”, tal y como ha afirmado la Vicepresidenta De la Vega? ¿Dónde acudirán víctimas como las tibetanas, que tienen las puertas de la justicia cerradas en su propio país ocupado, en el Tribunal Penal Internacional que China no reconoce y ahora su única luz de esperanza se desvanece? ¿Cómo un gobierno, impulsor de la alianza de civilizaciones, cuyo eje debe ser el Derecho Internacional, y que cuando se encontraba en la oposición en su día, salía a la calle para exigir la extradición de Pinochet y para denunciar firmemente la guerra de Irak, hoy bloquea el enjuiciamiento de estos crímenes y apuesta descaradamente por la impunidad?¿Qué ha sucedido para que los argumentos jurídicos del fiscal general del Estado en favor de la justicia universal (véase El País del 21 de noviembre de 2004 p. 26, “El fiscal defiende que España pueda juzgar los genocidios sin restricciones”) hayan dado un vuelco de 180 grados?¿A qué y a quién obedece ese giro? Difícilmente se ha podido pensar en los muertos en el genocidio de Ruanda y Guatemala, a los argentinos arrojados al mar, a los chilenos masacrados por la dictadura de Pinochet, a los niños palestinos asesinados en Gaza y a las mujeres tibetanas esterilizadas y torturadas hasta la muerte por defender la no violencia.

Lo más vergonzoso es que ni siquiera se intenta ocultar que la motivación es diplomática y económica, y rara vez se menciona nuestra ley, que recoge estos crímenes gravísimos (Articulo 23 de la LOPJ), ni la sentencia del Tribunal Constitucional del 2005 que ampara la aplicación de la JU sin limitaciones y demás compromisos del Estado con los Convenios y la leyes internacionales.

La inmensa mayoría de los comentarios jaleando o justificando “la necesidad” de limitar la JU” denotan un desconocimiento del derecho internacional, del funcionamiento de la justicia en general y de la Audiencia Nacional en particular.

En la manipulación de los argumentos en esta supuesta “necesidad” de limitar la JU se repiten ad nauseam las frases de la “indignación diplomática” , “las graves repercusiones políticas”, la amenaza o simple miedo cerval de “pérdida de contratos” y de amistad con estos países poderosos, cuando en la realidad esto nunca ocurre, pero se ha convertido en un “tópico mediático y político” que todo el mundo repite como loros. No hay prácticamente precedentes excepto alguna reunión cancelada o pospuesta; es una gran burbuja de miedo y mentira que dura lo que un titular de periódico.

Con todo esto aflora la opinión personal o editorial tan respetable como peligrosa y manipuladora cuando no se sustenta en una argumentación rigurosa conforme al Derecho Internacional. Se mezcla el impacto social o político de algunos casos con la generalidad desvirtuando la función misma de la Audiencia Nacional. La ironía, la crítica poco constructiva y el ataque personal a jueces por un caso en particular se mezcla con descalificaciones de todo el sistema.

Una vez más se venden periódicos día a día con falsas polémicas, falsas amenazas, falsos tópicos y miedos libres. Algunos altos cargos describen despectivamente a los casos de justicia universal que persiguen los crímenes más horrendos como “casos exóticos”, el propio Fiscal General del Estado que en sus días de juez del Tribunal Supremo mantenía lo contrario ahora describe a la Audiencia Nacional como posible “juguete” de las ONGs. Nunca se menciona a la víctimas, ni los avances en justicia conseguidos directa e indirectamente gracias al coraje de abogados y jueces, y tampoco menciona el positivo efecto en la democratización y reconciliación de los pueblos, el consuelo de la víctimas ni la necesidad del “nunca más”.

Limitar la justicia, en medicina equivaldría a discriminar a enfermedades y enfermos como nacionales (a los que hay que cuidar), o “lejanos o exóticos” a los que hay que rechazar.

Por todos estos síntomas de falta de rigor en la información y su efecto en la opinión de gobernantes y público, que amenazan con hacernos retroceder en los grandes avances conseguido en la Justicia Internacional y Universal:

Manifestamos nuestro apoyo a la Justicia Universal a través de los siguientes argumentos:

– Se quiera o no del tenor literal del artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.) y de la interpretación que hizo el TC por partida doble, en el caso Guatemala y Falun Gong, se establece que la jurisdicción española es competente para conocer una serie de crímenes internacionales con independencia del lugar de la comisión del delito y de la nacionalidad de las víctimas y de los presuntos responsables; no siendo esto una resolución que la hayan decidido unos jueces de forma unilateral, sino que es un compromiso compartido por toda la comunidad internacional.

– La complementariedad es el principio que debe imperar entre las jurisdicciones penales nacionales y la Corte Penal Internacional. Siendo así, el artículo 17 del Estatuto dispone que la Corte debe intervenir en un asunto cuando un Estado no pueda o no quiera ejercitar su jurisdicción

– Para aquellos que ven en el efectivo ejercicio de la jurisdicción universal un peligro para los Estados o las relaciones diplomáticas, debe recordarse que estos crímenes universales están penalmente sancionados desde los juicios de los Tribunales de Nüremberg y que ya entonces, la prohibición de su comisión ha sido una norma de general aplicación para todos los Estados al ser un norma de ius cogens, y así pues a nadie debiera sorprender su aplicación.

– Estos procesos de jurisdicción universal suponen una fuerte apuesta por la “política de la justicia” instigada por la acción individual de las víctimas, y con ello no se están persiguiendo los objetivos políticos a los que se ven abocadas en muchas ocasiones las relaciones interesadas de los Estados y de sus máximos dirigentes, sino que con ello se consigue, tal y como asegura el Consejo de Justicia de la Unión Europea (Decisión 2003/335/JHA de 8 de Mayo de 2003), el procesamiento y castigo de los responsables de crímenes internacionales.

– Lo decisivo es que este ejercicio de la jurisdicción universal por parte de las víctimas y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos reestablece de forma directa la voluntad popular y la solidaridad universal en materia penal y limita la soberanía de los Estados en este contexto. Con todo ello se está aludiendo al elemental razonamiento democrático por el cual “La ley internacional aún protege la soberanía, pero – sorprendentemente – la soberanía del pueblo, no la del soberano.”

– En todo caso, y a modo de conclusión, los creadores de opinión pública, juristas y políticos detractores de esta jurisdicción universal, tal y como denuncia el fiscal anticorrupción y pionero en la lucha contra la impunidad, Carlos Castresana, “ciegos al mundo de los valores, sumisos a las relaciones de poder y dominación, e insensibles a la ubicación de las soluciones jurídicas en el tiempo, para atender a las necesidades humanas cambiantes”, no deberían perder de vista los valores a los que apelan las víctimas y la ciudadanía a través de acusaciones particulares y la actio popularis; valores y principios, no sólo éticos, sino jurídicos, que deben ser en la práctica la base inspiradora y reguladora de todo el orden internacional, más allá de toda conveniencia política y de los mercados.

Mandar vuestra adhesión a nuestro manifiesto y los dos casos del Tibet en la Audiencia Nacional, con una simple respuesta a alan.cantos@ainco.es con vuestro nombre y el de vuestra organización, con la palabra APOYO en el texto.

FIRMADO

José Elías Esteve Moltó, abogado redactor de las querellas del Tibet, Vice-presidente del CAT (Comité de Apoyo al Tibet), Doctor y Prof. en Derecho Internacional U. de Valencia)

Alán Cantos, director del CAT (principales querellantes) y coordinador internacional del caso Tibet.

CAT- Comité de Apoyo al Tíbet. Tel. (0034) 91 35024 14 info@tibetcat.comhttp://www.tibetcat.com

LISTADO DE EXPERTOS Y ORGANIZACIONES QUE APOYAN EL MANIFIESTO

Expertos Legales:

Manuel Ollé Sesé (profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE

Almudena Bernabeu (Abogada internacional, directora del Proyecto Legal de Latinoamérica y España, Center for Justice and Accountability, California, EE.UU.)

Carlos Slepoy (Abogado a cargo de la acusación en España del caso Scilingo (Argentina) que termino con la primera sentencia firme transnacional de crímenes contra la humanidad).

José Elías Esteve Moltó (Doctor y profesor en Derecho Internacional . Autor del libro “Tíbet: La frustración de un estado. El genocidio de un pueblo”.

Tibet Justice Centre (Berkeley , California, USA) (Legal experts on Tibet)

Eva Herzer (Experta abogada en el caso del Tibet, USA)

Y numerosos abogados y juristas involucrados en casos de Justicia Universal en Espña y en todo el mundo.

Apoyan:

International Tibet Support Network (ITSN) 165 Organizaciones en todo el mundo

Casa del Tíbet, Barcelona, Spain

Gu Chu Sum (Tibetan Political Prisoners Org)

Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD)

Tibetan Youth Congress (TYC)

Wei Jingsheng Foundation

Friends of Tibet, India

Students for a Free Tibet (SFT) International

SFT – India

SFT – France

SFT – UK

Free Tibet Campaign, London

Casa del Tíbet, Barcelona, Spain

Casa del Tibet, Mexico

Stottekomiteen for Tibet, (Tibet Support Committee, Denmark)

Australia Tibet Council, Australia

France-Tibet, France

Tibet Support Committee, Copenhagen

Canada Tibet Committee, Canada.

Tibet Support Group – Ireland

Save Tibet, Austria

Friends of Tibet, San Diego, US

Friends of Tibet, New Zealand

Tibet Michigan, USA

Zida Cels, Latvia

Asociación Cultural Tibetano-Costarricense, Costa Rica.

International Tibet Independence Movement (USA)

Tibet Society of the UK

Lions des Neiges Mont-Blanc, France

Tibet Community of Britain

Olympic Watch

Autodétermination-Tibet

Tibetan Women Association

Kathmandu Tibetan Women´s Welfare Group

Independent Tibet Network, USA

Tibet Destination Rangzen, Marseille France

Claude Levenson (Periodista y biógrafa del Dalai Lama)

Fundación “Le Club Français”, Francia

“Pensando en Tíbet” Zona Occidente, Morelia, Michoacán, México

Drôme Ardèche – Tibet, France

Buen Corazón A.C. (México)

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Elfreno a la justicia universal indigna a los magistrados

Monjes budistas protestan ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno chino por su represión en Tibet. - EFE

Monjes budistas protestan ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno chino por su represión en Tibet. - EFE

Elfreno a la justicia universal indigna a los magistrados

Los jueces instructores de la Audiencia Nacional consideran que la reforma pactada en el Congreso es “un paso atrás”, cuando España era en estos momentos “un referente mundial”ÁNGELES VÁZQUEZ -Público.es

MADRID – 25/05/2009 07:35

Los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, al menos la mayoría, consideran que la reforma pactada por algunos grupos en el Congreso para limitar la jurisdicción universal es “un paso atrás”, que hará posible la impunidad de crímenes contra derechos humanos universales y protegidos en todo el mundo. “España era un referente mundial.Y debería servir de ejemplo para que otros países hicieran lo mismo”, señalaron los consultados.

Pocos de los encargados de investigar en España el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, en Ruanda, Guatemala o Israel, comparten las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consistentes en que el límite pactado no supondrá un retroceso, sino una mejora. “Para nada va a reducir nuestro compromiso con la Justicia y la libertad”, añadió la dirigente socialista en el último consejo de ministros.

Incluso los que proponían limitar la jurisdicción tildan el acuerdo de chapuza

Sin embargo, eso precisamente es lo que temen en la Audiencia Nacional, donde se muestran “indignados” como ciudadanos, aunque como jueces aplicarán la ley sea cual sea. Como dijo tras su toma de posesión el flamante presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes: “Los jueces no podemos estar en lucha contra nada: aplicamos la legalidad”.

Aún no se sabe con certeza el alcance que tendrá la reforma en las causas abiertas en la Audiencia Nacional. Los más optimistas consideran que no afectará a ninguna. Otros, que sólo influirá en las relativas a China, en las que se investigan los crímenes cometidos contra el pueblo tibetano y los seguidores de la corriente Falun Gong, donde no se ha acreditado con la misma fuerza que en otros procedimientos la existencia de víctimas españolas.

La que ha provocado la reforma pactada, la abierta contra un ex ministro de Defensa y otros seis responsables militares israelíes por el lanzamiento de una bomba el 22 de julio de 2002, tampoco tiene de momento españoles como víctimas . Pero está previsto que próximamente un español se sume a la querella admitida a trámite por el juez Fernando Andreu.

Hay quien piensa que no hacía falta la reforma legal, sino más sentido común

Incluso los que en la Audiencia consideran que había que limitar la jurisdicción universal, porque entienden que carece de sentido abrir una investigación, con el coste que ello supone, sabiendo que será imposible juzgar a sus presuntos responsables, son críticos con la reforma. Califican de “chapuza” reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprovechando la modificación de las leyes necesarias para poner en marcha la oficina judicial. Una reforma “oculta”, que incumple los trámites previstos para reformar leyes orgánicas, sostienen.

Aunque también hay quien cree que no hacía falta una reforma legislativa, sino haber impuesto algo de sentido común a la hora de admitir a trámite querellas y denuncias.

La reforma pactada limita la jurisdicción española para investigar los delitos de genocidio, lesa humanidad o terrorismo, a varias condiciones. Es decir, “deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles”.

Práctica habitual

Añade que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá “cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país”, lo que implica que la jurisdicción española para perseguir estos delitos pasa a ser subsidiaria. Hasta ahora podía coincidir con otras investigaciones en otros países, pero era práctica habitual en la Audiencia Nacional preguntar al país en cuestión si existe algún procedimiento abierto. Así lo hizo Eloy Velasco con la querella de Guantánamo y Andreu, con la de Gaza.

Cinco jueces que investigan delitos de persecución universal

Santiago Pedraz
El titular del Juzgado número 1 investiga el genocidio del pueblo maya, la muerte del cámara José Couso y los crímenes contra la población tibetana.

Ismael Moreno
El juez del número 2 instruye la primera querella del Tíbet, la de Falun Gong y la del holocausto nazi. Tiene sobre la mesa otra querella sobre Gaza.

Fernando Andreu
El juez del número 4 investiga la querella presentada por el ataque de julio de 2002 en Gaza. Procesó a 40 militares ruandeses por genocidio.

Baltasar Garzón
El Juzgado número 5 investiga las torturas sufridas por ex presos de Guantánamo en la base estadounidense y el genocidio del pueblo saharaui.

Eloy Velasco
Al juez del 6 le correspondió la querella presentada contra los asesores de Bush e investiga el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas en El Salvador.

¿Quién teme a la justicia universal?

Amigos

Conviene saberlo, no solo es el caso del Tibet !!! Quieren cambiar nuestra ley para que haya menos justicia y mas impunidad en el mundo !!! Asi de claro.

La argumentacion para esta maniobra es vergonzosa legal y eticamente, y parte de las pataletas diplomaticas de paises poderosos afectados, de la ignorancia, de la manipulacion politica, de los intereses economicos y de la pasivida de todos.

Estos dos brillantes articulos explican el contexto de la verguenza politica que se esta tramando para limitar y ahogar la Justicia Universal y todos los casos abiertos en la Audiencia Nacional incluidos por supuesto los del Tibet.

Como se dice vulgarmente, se puede decir mas fuerte pero no mas claro.Y nadie mas experto y con mas experiencia que:

Jose Antonio Martin Pallín (Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas) y Manuel Ollé (Profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE) para decirlo.

Aun asi es debemos saberlo y decirlo todos, cada uno en su circulo, cada uno a su manera.

Un abrazo

Alan Cantos

POR FAVOR DIVULGAD A LOS CUATRO VIENTOS !!

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http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=614962&idseccio_PK=1006

23/5/2009 Edición Impresa LA PERSECUCIÓN DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

¿Quién teme a la justicia universal?

No podemos convivir impasiblemente con hechos tan insoportables como el genocidio

JOSÉ ANTONIO Martín Pallín*

La jurisdicción universal abre la posibilidad de juzgar, en la mayor parte del mundo, crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad y de cualquier sociedad civilizada.

Su origen más cercano se encuentra en los juicios de Núremberg, que en su tiempo merecieron la entusiástica aprobación y reconocimiento de los estados que ahora se irritan o se muestran diplomáticamente molestos ante la apertura de procesos dirigidos a exigirles responsabilidades por hechos hoy elevados a la categoría de delitos contra la humanidad.

Lo que el tribunal militar aliado de Núremberg tuvo que construir sobre la marcha –eso sí, con materiales nobles que han resistido el paso del tiempo– más adelante fue asumido por las Naciones Unidas en las reglas de Núremberg y hoy lo tenemos plasmado, en forma de ley, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional firmado por la abrumadora mayoría de países integrados en las Naciones Unidas, con llamativas reservas a su jurisdicción formuladas por países como Estados Unidos o China.

La jurisdicción universal no se dedica, como tramposamente se intenta trasmitir a la opinión pública, a investigar toda clase de delitos como si se tratase de una especie de juzgado de guardia global. La jurisdicción universal está delimitada por la específica regulación de las leyes nacionales y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

No podemos convivir impasiblemente con hechos tan insoportables como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. No se trata de perseguir conductas aisladas de tortura, asesinatos, desaparición forzada de personas o ejecuciones extrajudiciales u otros de carácter similar que ocasionen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la salud física y mental de las personas, sino aquellas que, como dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional, firmado y aceptado por España, se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil.

Solo los que empleen estos métodos pueden temer a la jurisdicción universal. Me parece lógico que los gobiernos, que firman tratados para comprometerse a cumplirlos, prefieran que su país no se vea envuelto en un conflicto diplomático que comprometa su real politik. Pero no pueden ir más allá de la demostración de una cierta incomodidad para después defender a sus jueces, cuya independencia está por encima de las relaciones coyunturales con otro país. Sea este una potencia mundial, un Estado africano, un dictador árabe o asiático o un gobernante de la antigua Yugoslavia.

En España no se puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal, avalada por las leyes y ratificada por nuestro Tribunal Constitucional corrigiendo el voto mayoritario del Tribunal Supremo, en el caso de Guatemala, y proclamando que la justicia universal no tiene condicionamientos ni limitaciones por razón de país o sujetos activos o pasivos del delito.

Se puede comprender que el presidente del Gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores se sientan incómodos ante iniciativas judiciales. También resulta coherente la toma de postura de muchos columnistas que descargan sus fobias contra jueces sistemáticamente acosados por tomar decisiones incómodas. Pero no podíamos pensar que al ataque se sumasen las más altas instituciones del Poder Judicial. El presidente del Supremo tiene que ser un guardián del sistema y medir sus declaraciones. No somos los gendarmes del mundo. No tenemos peleas diplomáticas diarias y algunas iniciativas sí han prosperado. Además, aunque sea por rescatar la realidad, el caso Scilingo ha llegado a buen puerto y se está ejecutando la sentencia.

El fiscal general del Estado ha llegado a decir que los jueces de la Audiencia Nacional, que admiten estas querellas, son unos juguetes en manos de los que las presentan.

En el caso de la base de Guantánamo, su posición ha ido más allá al considerar que la querella es fraudulenta. No opinan lo mismo prestigiosos abogados norteamericanos y asociaciones de derechos civiles de ese país. Incluso el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Estados Unidos se ha mostrado partidario de la iniciativa española.

El Gobierno israelí ha descalificado la denuncia por los sucesos de Gaza, pero oculta que un general de su Ejército fue retenido en Londres a bordo de un avión de su nacionalidad, advirtiéndole de que si descendía le detendrían. Como es lógico, no bajó y retornó a su país.

No corren actualmente buenos tiempos para la jurisdicción universal. Los malos presagios se han confirmado y el reciente acuerdo entre los partidos mayoritarios para modificar su regulación es un síntoma preocupante. Condiciona la persecución en España a que el acusado se encuentre en nuestro territorio o que la víctima sea de nacionalidad española. En definitiva, significa volver al siglo XIX y rescatar los principios de la aplicación extraterritorial de la ley penal española. Las víctimas son universales, y discriminarlas por su nacionalidad limita sus posibilidades de pedir justicia y poner coto a la impunidad. ¿Ha cambiado la política de protección de las víctimas?

Como siempre, los poderosos son elogiados y obedecidos (Estados Unidos e Israel), y los pueblos, despreciados. Ya lo decía Maquiavelo hace varios siglos.

* Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

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EL PAÍS

TRIBUNA: MANAUEL OLLÉ SESÉ *

El avance de la justicia universal

MANAUEL OLLÉ SESÉ 23/05/2009

La hoja de ruta para limitar la práctica de la justicia universal en España es una lamentable realidad. El Congreso acaba de aprobar una propuesta de resolución por la que se pretende reducir su ejercicio a los casos en los que los presuntos responsables se encuentren en España o que existan víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde sucedieron los hechos no esté procediendo a su “persecución efectiva”. Es la culminación formal de las recientes críticas a la Audiencia Nacional: ¿por qué está enjuiciando las torturas de Guantánamo, los vuelos de la CIA, la masacre de Gaza, la represión del Tíbet o de los miembros de Falun Gong, los genocidios de los pueblos guatemaltecos o saharauis, el asesinato del periodista Couso o los de los jesuitas en El Salvador, o los crímenes de Mauthausen?

Los argumentos vertidos para desterrar la aplicación de este principio de justicia penal internacional son variados y alguno poco riguroso: técnico-jurídicos, económicos, de política exterior, de falta de capacidad de nuestros tribunales para asumir esa carga de trabajo en detrimento de nuestra justicia o incluso sobre el egocentrismo o protagonismo de algunos jueces.

La paradoja es sorprendente. En España, el principio de justicia universal se ha aplicado sin controversia alguna hasta el inicio de los casos Pinochet y Argentina en 1996. Todos saludábamos con satisfacción que los jueces de la Audiencia Nacional abordaran en aguas internacionales barcos cargados de droga, cuando ni siquiera el destino del cargamento fuera España ni existiera nexo alguno de los hechos, buque o tripulación con nuestro país. Por el contrario, el aplauso a los jueces y fiscales, en la persecución del narcotráfico, se torna injustificadamente en censura cuando se trata de enjuiciar crímenes contra la humanidad que desgarran el corazón de los Derechos Humanos.

La razón no es otra que el indudable componente político afecto a las circunstancias en las que se cometen estos horrendos crímenes, en su mayoría desde las estructuras de poder de iure o de facto.Y, precisamente, desde los países donde se ejecutaron los hechos se despliegan todo tipo de estrategias para garantizar la insoportable impunidad de sus autores y partícipes. En el ámbito interno, dictan leyes de auto impunidad; y, en el externo, orquestan inadmisibles estrategias políticas y diplomáticas, que terminan surtiendo efecto, y muy especialmente cuando provienen de los Estados poderosos, a costa de los Derechos Humanos.

Buena muestra de ello han sido las actuales presiones de Israel o Estados Unidos al Ejecutivo español para cerrar como fue-re los casos que les afectaban, además de permitirse rechazables ataques a los jueces Garzón, Pedraz y Andreu.

La interesada devaluación de este principio internacional se corresponde con un equivocado enfoque desde el Derecho interno, cuando el análisis debe efectuarse desde el Derecho internacional, singularmente mediante el compromiso adquirido en diferentes convenios (por ejemplo, Genocidio, Tortura o Convenciones de Ginebra), al que nos debemos. Éste, por un lado, desde épocas remotas, ha fundado el principio universal en la naturaleza de los delitos, su extrema gravedad, y, consecuentemente, en el compromiso internacional para su persecución. Cada vez que se comete un crimen internacional de primer grado resulta lesionada su víctima, pero también toda la comunidad internacional es ofendida. Y, por otro lado, para la aplicación de este título jurisdiccional es innecesario, según el Derecho internacional, como recordó nuestro Tribunal Constitucional (STC 237/05), cualquier punto de conexión como la presencia física de sus responsables en España o que las víctimas sean españolas.

La Corte Suprema de Israel, hoy detractora de la justicia universal, en el caso Eichmann, basándose en el principio de competencia universal, resaltó que “el derecho del Estado de Israel a castigar al acusado derivaba de una fuente universal -patrimonio de toda la humanidad- que atribuye el derecho de perseguir y castigar los crímenes de esta naturaleza y carácter, porque afectan a la comunidad internacional, a cualquier Estado de la familia de naciones, y el Estado que actúa judicialmente lo hace en nombre de la comunidad internacional”.

El consenso para el enjuiciamiento de estos crímenes, cimentado después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en el Derecho de Núremberg, aunque congelados en la Guerra Fría, se rescató con la creación de los Tribunales Penales Internacional especiales (ex Yugoslavia o Ruanda), de tribunales mixtos (como los de Sierra Leona o Líbano) y, especialmente, con la instauración de la Corte Penal Internacional (CPI). Tribunal, este último, llamado a ser el verdadero órgano universal de enjuiciamiento de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

Estos tribunales supranacionales, sin embargo, no colman las exigencias de justicia. Las limitaciones con las que nacieron -por razón del tiempo en el que los hechos se cometieron, del lugar o del tipo de crimen- han desembocado en insalvables impedimentos para sentar en sus banquillos a los responsables de tan repugnantes crímenes. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, sólo puede enjuiciar hechos cometidos con posterioridad al 1 de julio de 2002 y que afecten a situaciones de países que han ratificado su Estatuto.

Este insatisfactorio escenario judicial internacional traslada, por imperativos del Derecho internacional, el deber de combatir la impunidad y la violación de los Derechos Humanos a los tribunales nacionales. Los órganos judiciales de Francia, Bélgica, Alemania, Canadá, Senegal o España, entre otros, lo han demostrado.

En nuestro caso, el desarrollo del principio universal y su aplicación por nuestros tribunales ha sido, tal vez, la mayor aportación a la comunidad internacional en la defensa de los Derechos Humanos.

Si existe anuencia por parte de los Estados en que hay que juzgar a los grandes criminales, ¿por qué éstos no cumplen su obligación de juzgar los crímenes internacionales (ius cogens) cometidos por sus ciudadanos? La respuesta, si no quieren soportar un juicio en terceros países o tribunales supranacionales, es sencilla. Deberán no sólo incoar un procedimiento penal, sino demostrar -lejos de aparentar o maquillar simuladamente la existencia de un caso abierto- que se está practicando una auténtica y eficaz investigación judicial ante sus tribunales. En caso contrario, intervendrán los tribunales internacionales o los nacionales de terceros países en aplicación del principio de justicia universal.

Sin embargo, estas premisas de Derecho internacional se soslayan por aquellos Estados que buscan perpetuar una intolerable impunidad. No juzgan o no lo hacen de acuerdo con los estándares del proceso debido, se oponen a las “injerencias” de la justicia universal y no firman el Estatuto de la Corte Penal Internacional o no aceptan su competencia.

Este déficit no puede ser soportado por las víctimas. Éstas gozan del derecho a la justicia, y la comunidad internacional está obligada a procurarlo. Ante la ausencia de un tribunal penal internacional plenamente efectivo y eficaz, el principio de justicia universal, ejercido en cualquier país, no sólo en España, es hoy el instrumento imprescindible para la persecución de los más graves crímenes internacionales que destrozan la dignidad de las personas.

* MANAUEL OLLÉ SESÉ es Profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE.

Preescolares chinos en peligro por ingesta de aceite industrial

Preescolares chinos en peligro por ingesta de aceite industrial

Sumida aún en el escándalo de la leche contaminada con melamina, China enfrenta un nuevo dilema de productos tóxicos

Por José Jiménez y Lucia Aragón – De Oriente a Occidente
23.10.2008 05:43
Si la sospecha de los padres es cierta, esto significa que los niños, cuyas edades oscilan entre 3 y 8 años, podrían tener severas infecciones intestinales, incluyendo aquellos que ya concluyeron su ciclo preescolar, porque no se sabe desde cuando se usaba el aceite químico en la institución educativa.(Getty Images)

CHINA – Luego de ingerir aceite industrial, al menos 223 niños de edad preescolar fueron hospitalizados con serios síntomas de intoxicación. Los niños son alumnos de una escuela de la ciudad de Cixi, provincia oriental de Zhenjiang.

De los 223 niños, 146 fueron internados en el hospital tras diagnosticárseles nódulos linfáticos intestinales agrandados. Los padres aseguran que la causa del problema es un aceite utilizado en la cocina del jardín preescolar donde asisten sus niños.

Los padres llegaron a esta conclusión el 7 de octubre cuando por una huelga docente tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de la escuela y notaron que lo que menos había era limpieza.

Cuando los padres ingresaron a la cocina la encontraron en deplorables condiciones de higiene, y dieron con que el aceite utilizado para cocinar se trataba de aceite de palma Nº 41, el cual está clasificado para uso industrial en la fabricación de jabones. 

Como todos los padres decidieron llevar a los niños al médico para ser examinados, ya que sospechaban que el aceite usado en la cocina de la escuela estaba adulterado, las autoridades chinas no pudieron ocultar este hecho y la noticia fue dada a conocer pero negando que la causa del problema sea el aceite con que se cocinan los alimentos en la escuela.

Aunque el gobierno y las autoridades locales tratan de cubrir este nuevo escándalo, dando explicaciones absurdas a los padres tales como “el problema que presentan los menores es común entre niños de edad preescolar” y “el colegio es muy serio y la cocina esta manejada por gente muy profesional”, los padres se muestran escépticos hacia las explicaciones de las autoridades. “¿Cómo es posible que tantos niños de una misma institución reporten el mismo problema? Si no es el aceite, seguramente hay que buscar otra causa”, afirma un padre.

La mayoría de los niños intoxicados presenta un crecimiento superior a 10 milímetros del ganglio linfático, por lo que los médicos exigieron hospitalización.

Si la sospecha de los padres es cierta, esto significa que los niños, cuyas edades oscilan entre 3 y 8 años, podrían tener severas infecciones intestinales, incluyendo aquellos que ya concluyeron su ciclo preescolar, porque no se sabe desde cuando se usaba el aceite químico en la institución educativa.

Ante el temor existente de la contaminación de comida y productos para bebés, después del escándalo de la leche contaminada con melamina, los padres están alarmados y muy preocupados porque temen que sus hijos paguen por los errores de compañías de alimentos sin escrúpulos que en su afán de enriquecerse ilícitamente, agregan sustancias o alteran los ingredientes de los productos alimenticios; prácticas cubiertas y consentidas por el régimen chino en todos sus niveles.

Advierten los peligros de comerciar con China

Advierten los peligros de comerciar con China

Exponentes del mundo de la economía y los derechos humanos, sugieren a las compañías occidentales que conozcan el verdadero contexto del país asiático antes de embarcarse en negocios comerciales

Por Charlotte Cuthbertson – La Gran Época
25.10.2008 05:51
El presidente de Fonterra Andrew Ferrier (I) y Henry van der Heyden (D) el 24 de septiembre de 2008 en Auckland, Nueva Zelanda, en una rueda de prensa tras el escándalo de la contaminada con melamina.(Phil Walter/Getty Images)

El escándalo de la leche en polvo contaminada con melamina abrió un sinnúmero de debates que involucran al Partido Comunista Chino (PCCh). Exponentes del mundo de la economía y los derechos humanos advierten a las compañías acerca del verdadero contexto de China antes de embarcarse en negocios comerciales con el país asiático.

Jia Jia, el primer Secretario General de la Asociación de Expertos en Ciencia y Tecnología de la provincia Shanxi, exiliado ahora en Nueva Zelanda, sugirió que los occidentales son demasiado ingenuos en cuanto a hacer negocios con China porque no comprenden el alcance del régimen comunista.

“Nueva Zelanda es un país democrático, y China es un país comunista totalitario. Todas las empresas en China están bajo el liderazgo del Partido, en realidad están siendo operadas por el Partido… en China, todo está bajo el control del Partido”, explicó Jia Jia a La Gran Época. “Todos ven el inmenso mercado de 1.3 mil millones de personas sin tener conocimiento acerca del peligro de comerciar con China”.

Michael Barnett, el principal ejecutivo de la Cámara de Comercio de Auckland dijo haber aprendido del incidente de la leche envenenada que los chinos han mostrado indiferencia hacia los ideales que la mayoría de las empresas de Nueva Zelanda consideran importantes.

“Y esa es una señal de que los demás deben tener cuidado… debes tener la capacidad de evaluar el riesgo de entablar una relación con cualquiera… que no tenga los mismos valores que tú”.

“La realidad es que si las personas van a ser deshonestas acerca del contenido del producto, van a ser deshonestas en cuanto a la cadena de evidencia que les relacione”.

Barnett advirtió que las compañías que hacen negocios con China necesitan escoger a sus aliados muy bien y tener el control absoluto sobre la marca – algo que Jia Jia estima imposible bajo el mando del régimen.

De acuerdo con Jia Jia, Fonterra debe haber tenido conocimiento sobre la leche envenenada y los bienes falsos. “Todos estos son problemas políticos y son causados por el sistema dictador chino. Pienso que esto es una advertencia para que todos los grupos financieros que han invertido en China… comiencen a tener un claro entendimiento del Partido Comunista Chino”.

“Si las compañías de Nueva Zelanda –agregó Jia Jia- no pueden sostener el valor de la honestidad a sus clientes, pero rendirse a una cultura comercial virulenta creada por el Partido Comunista, entonces tendrán los problemas de Fonterra”.

 

Trabajador revela corrupción

 

Un sitio web chino publicó las declaraciones de un antiguo trabajador de una lechería china que dijo no estar sorprendido por el incidente de Sanlu/Fonterra. “Melamina es solamente un rincón de la montaña”, sentenció el sitio newstin.cn.

El empleado, que estaba a cargo de la recolección de leche de diferentes plantas privadas, dijo que su compañía nunca se rehusaba a aceptar cualquier tipo de leche, “porque sabemos cómo incrementar al máximo el valor y la ganancia de las cosas que tenemos”, explicó.

Según indicó, los únicos exámenes que se llevan a cabo son el nivel de pH, porcentaje proteínico, y contenido en seco, y que el volumen puede ser incrementado al agregarle agua y melanina a la leche.

Si el producto expira, solamente imprimen la fecha con un mes de anterioridad a la fecha de producción “y aunque alguien sepa la verdad no la comenta a los demás, aunque sea conciente de que podrán dañar a alguien”.

 

El silencio de Fonterra es criticado

 

La portavoz del Partido Ecologista de la Salud Sue Kedgely dijo que Fonterra estaba fuera de lugar en el escándalo que ha visto a cuatro niños morir y a más de 53.000 seriamente enfermos.

“Pero pienso que lo que están diciendo es algo mucho peor en realidad -sentenció Kedgely- parecen estar diciendo que tienen diferentes estándares cuando operan en un régimen represivo (que uno democrático), porque saben que en cualquier lugar del mundo habrían llamado instantáneamente la atención del país y se habría hecho de conocimiento público”.

Para Kedgely el silencio de Fonterra durante los 40 días es “incomprensible”, y cree que “tienen la responsabilidad social, ética y moral de dirigirse al público y realizar un llamado internacional al respecto”.

El presidente de Fonterra, Henry van der Heyden dijo en una conferencia de prensa el 24 de septiembre que estaría “absolutamente repugnado y horrorizado” si la información acerca de la leche contaminada hubiera sido ocultada al público. Él se refería a preguntas de las cuales Sanlu posiblemente sabría la respuesta si se hubiera enterado que había un problema a comienzos de diciembre el año pasado.

“Uno de los riesgos, el mayor riesgo que identificamos, era la calidad de la leche; y por eso Sanlu para nosotros… una inversión en Sanlu para nosotros, fue el primer paso en este proceso”.

El Director general Andrew Ferrier dijo que “si nosotros hubiéramos tenido la capacidad de poder recogerlo y detenerlo por supuesto lo hubiésemos hecho… estamos profundamente entristecidos de que esto haya sucedido y deseamos que haya algo que podamos hacer”.  

De acuerdo a Ferriere, el mismo Sanlu tenía que verificar que esto no ocurra en Nueva Zelanda y en los demás países alrededor del mundo.

 

La punta del iceberg

 

El asunto de la melamina es justo la punta del iceberg. Según Kedgley, el acuerdo de libre intercambio que Nueva Zelanda estableció con China podría ser un precursor a más productos contaminados que ingresan a la cadena alimenticia de Nueva Zelanda.

“Efectivamente, lo que hacen es darle un tratamiento preferente a China. En el acuerdo de libre cambio había una provisión hacia el rápido acceso de productos de China a Nueva Zelanda dentro de 48 horas… [Lo que] potencialmente significa que más productos contaminados pueden escurrirse por las fronteras”.

El profesor Robert Gregory, del departamento de ciencias Políticas de la Universidad de Victoria, se refirió a un libro escrito por dos académicos norteamericanos J. Collins y J. Porras, llamado “Hecho para durar: Los hábitos exitosos de compañías visionarias” que resalta las diferencias entre “grandes” y “buenas” corporaciones.

“Uno de las cosas que ellos encontraron -explicó el profesor Gregory- fue que las principales compañías están invariablemente dispuestas a poner su dinero donde están sus bocas. Por ejemplo, si las ganancias probablemente se ven comprometidas por verse obligados a tener que retirar un producto defectuoso, etc., entonces el asunto de la seguridad y la integridad pública estarán por encima del mantenimiento-ganancia”.

 

‘Nuevos capitalistas’

 

Manyan Ng, un veterano que lleva 25 años haciendo negocios en China y Director Ejecutivo de la Base Alemana de la Sociedad Internacional para Derechos Humanos, está preocupado por la ferviente admiración del mundo hacia el crecimiento económico de China, sin mirar la historia detrás de ello.

“Todos piensan que crece muy rápido pero no se dan cuenta de que comenzaron desde un estándar muy bajo. Las gente no sabe lo que le sucedió a la economía china durante los primeros 30 años del Partido Comunista”.

“Si usted mira desde 1949 a 1978, la economía china bajó básicamente del 12 por ciento al 3 por ciento respecto a la economía del mundo”.

Manyan Ng recordó cómo durante este período, el Partido Comunista Chino persiguió a los industriales, los empresarios, y la burguesía rica tras la Revolución Cultural, provocando un rápido descenso de la economía.

“En aquel momento catalogaron los negocios ‘como algo malo’. Después de 30 años, el Partido Comunista llegó a ser el nuevo capitalista, y el dinero terminaba en sus bolsillos”.

Para Ng, es importante que los empresarios comprendan que el único principio gobernante del régimen es que el fin justifica los medios.

“Los empresarios de los países democráticos tienen que estar enterados que todo negocio grande es controlado por el Partido, y ellos siguen este principio. Si ellos necesitan sonreír para usted es en si, porque es bueno para ellos que así sea; si es bueno para ellos matarlo, lo hacen. Muchas personas son demasiado ingenuas”.

Ng tomó como ejemplo una empresa china – japonesa. Cuando años atrás el fabricante japonés de coches Toyota demandó a la compañía china por incumplimiento de contrato debido a que la parte china había dado toda la información técnica a su sociedad matriz y esa sociedad matriz hizo una copia exacta del coche; lo que se pretendía era hacer el coche con la empresa. La compañía japonesa demandó, pero fue durante el tiempo cuando el régimen comunista había creado mucho nacionalismo anti-Japón en China, así que el juicio no fue favorable.

Después de alrededor de ocho meses de procesamiento, el Partido Comunista Chino salió diciendo que Toyota había difamando a la compañía china y por eso Toyota tenía que pagar una multa.

Manyan Ng explicó que el sistema de justicia en China no es independiente y para casos grandes el juez toma una decisión basada en lo que el Partido dice. Para pequeños casos es asunto de quién soborna más que quién.

“No hay nada más importante que hacer negocios con confianza; usted no puede resolver todos los problemas con un contrato, así que usted necesita esta clase de seguridad”, concluyó Ng.

Imágenes inéditas de campo de trabajo forzado chino (Video)

 

Imágenes inéditas de campo de trabajo forzado chino (Video)

Fuente interna arriesgó su vida para filmar con un celular y exponer las cruentas condiciones de vida dentro de un centro donde son detenidos desde delincuentes hasta gente perseguida por sus creencias religiosas. Primera parte de un informe especial

New Tang Dynasty TV
(NTDTV)

Hoy comenzamos una serie especial sobre las cruentas condiciones dentro de los campos de reeducación por el trabajo. Ahora, con las imágenes tomadas con un teléfono celular que acaba ser escabullidas fuera de China, se le brinda una atípica oportunidad a la comunidad internacional de conocer detalles de la vida dentro de estos campos. 

En el campo de trabajo Masanjia, también conocido como la Escuela de Educación Ideológica de la provincia de Liaoning, se encuentran detenidos practicantes de la disciplina espiritual Falun Gong, al igual que creyentes cristianos, generalmente sin juicio previo o condena formal.

El trabajo forzado es una de las tácticas utilizadas para reformar aquellas creencias políticas o espirituales que la dictadura comunista considere inadecuadas. Los prisioneros en Masanjia a menudo trabajan desde las 5 a.m. hasta la medianoche. A veces, son obligados a trabajar durante la noche sin dormir. En caso de tener una oportunidad de descansar durante el día, lo hacen en el piso de la fábrica.
A la hora de la comida reciben unos trozos de maíz, y tal vez un poco de arroz o verduras. Luego, de vuelta al trabajo.

En este video, puede verse a ocho prisioneros chinos enderezando componentes eléctricos llamados diodos. No se muestran algunos de los otros trabajos forzados, incluida la fabricación de productos de Halloween como calaveras y lápidas de plástico para ser exportados a Estados Unidos. Algunos prisioneros tienen que manipular sustancias tóxicas sin equipo de protección, provocándoles picazón, dolor de garganta y problemas pulmonares. En este lugar, no todos son capaces de sobrevivir estas condiciones.

El señor Dong Chen era un cristiano de la ciudad Fuxin de la provincia de Liaoning. Debido a su afiliación a una iglesia clandestina, fue condenado a dos años de reeducación por el trabajo. Según sus compañeros de prisión, en diciembre de 2007 se enfermó gravemente de presión arterial alta, y fue enviado a su casa para ser hospitalizado. Pero luego de una semana, su familia ya no podía pagar el tratamiento médico, por lo que Dong fue enviado nuevamente a Masanjia y continuó con su pesada carga de trabajo. En la tarde del 25 de mayo de 2008, tuvo vómitos y perdió el conocimiento. Los guardias lo ignoraron durante varias horas, hasta que murió alrededor de las 9 p.m. Tenía 56 años. Los funcionarios del campo comunicaron a la familia de Dong que había fallecido por causas naturales.

Este es sólo uno de muchos casos de vida y muerte en los campos de trabajo forzado en China. Este tipo de campos se encuentran dispersos en toda China. Si bien es imposible obtener una cifra oficial de cuántos prisioneros se encuentran en estos campos, las organizaciones de derechos humanos estiman decenas de miles o más.

La leche no es lo único contaminado en China

La leche no es lo único contaminado en China

La fórmula láctea envenenada, a la que se unen también yogures y helados, es el último caso de una larga lista de productos manufacturados por empresas chinas que carecen completamente de ética

Por Zhang Jianhao – La Gran Época
22.09.2008 13:29
De izquierda a derecha, arriba: leche en polvo contaminada que produce en los bebés una reacción conocida en China como “cara grande”. Huevos con la yema teñida con una tintura industrial. Cangrejos con componentes cancerígenos para que parezcan más frescos. Abajo: Fideos de poroto verde con aditivos venenosos. Pasteles tradicionales con aditivos tóxicos. Botella de Sprite falsa.

Desde que se descubriera que la empresa Sanlu, responsable de casi un quinto del mercado de la leche para lactantes, vendía a sabiendas leche maternal contaminada, las autoridades chinas comenzaron a inspeccionar apresuradamente la industria láctea de todo el país. 

De esta manera, se ha descubierto melamina1 en la leche de otras 22 empresas chinas desde que la noticia apareciera en los medios, según información de la Administración General china de Control de Calidad, Inspección y Cuarentena.

La leche intoxicada ha provocado la muerte de cuatro bebés, más de 53.000 hospitalizados, y 150 niños se encuentran en grave estado con complicaciones renales, según informes de las autoridades comunistas.

Inspecciones realizadas recientemente revelaron que entre las 23 empresas investigadas se encuentran muchas compañías nacionales productoras de leche fresca y en polvo, que venden productos contaminados con melamina.

Lo más grave es que la empresa Sanlu ya había recibido denuncias en marzo sobre la calidad de su leche en polvo, pero no la retiró del mercado hasta el 11 de septiembre.

La leche en polvo envenenada, a la que se unen también yogures y helados, es el último caso de una larga lista de productos manufacturados por empresas chinas que carecen completamente de ética.

 

Enero de 2008, empanadillas envenenadas en Japón

 

A finales de enero, diez personas se intoxicaron en Chiba y Hyogo, Japón, después de comer empanadillas chinas congeladas de la Planta de Procesamiento de Alimentos de Tianyang.

La Agencia Policial Nacional de Japón y el Departamento de Policía de China iniciaron investigaciones sobre las intoxicaciones, pero ambas partes negaron que se hubiera mezclado pesticida con las empanadillas. La verdad del incidente sigue sin esclarecerse. 

 

Febrero de 2007, lápiz de labios con Sudan Red

 

En febrero del año pasado la Administración General china de Control de Calidad, Inspección y Cuarentena encontró en pintalabios un tinte carcinógeno2 llamado Sudan red. Sudan Red es un tinte de color rojo amarillento que puede causar dermatitis.

Se sospecha que los lápices de labios contaminados fueron exportados a Hong Kong. 

 

Marzo de 2007, comida de animal envenenada

 

Hasta 85.000 perros y gatos murieron en Estados Unidos a principios de 2007 después de ingerir comida para mascotas contaminada con melamina.

La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos descubrió que las muertes se debían a la melamina en productos con gluten importados de China.

Los fabricantes chinos habían mezclado conscientemente melamina en el alimento, para aumentar su contenido nitrógeno. Más tarde, también se encontró melamina en comida para cerdos, pollos y peces por todo Estados Unidos. 

 

Mayo de 2007, pasta dentífrica y jarabe para la tos envenenados

 

Los medios internacionales informaron ampliamente a finales de abril de 2007 sobre unas 365 personas muertas de en Panamá después de haber ingerido jarabe para la tos procedente de China.

El jarabe para la tos contenía glicerina falsa, y 100 de las autopsias realizadas revelaron este veneno como causa de la muerte.

El 19 de mayo, funcionarios de aduanas en Panamá revisaron pasta dentífrica Excel y Mr. Cool procedente de China, y descubrieron 6.000 tubos que contenían dietilen glicol venenoso. Poco después, funcionarios de aduanas australianos y la Administración de Fármacos y Alimentos norteamericana también descubrieron pasta de dientes envenenada procedente de China.

 

Mayo de 2007, textiles tóxicos

 

En mayo de 2007, la Autoridad de Testado de Lana de Australia descubrió un exceso de formaldehido3 en textiles procedentes de China.

La cantidad de formaldehido era diez veces superior a los estándares de seguridad de la mayor parte de países, según informó el diario Sydney Morning Herald.

Actil Commercial, una división de la conocida empresa nacional Sheridan Australia, que importó los productos intoxicados, tuvo que poner en cuarentena ocho contenedores de mantas de lana que acababan de llegar de China.

 

Agosto de 2007, juguetes envenenados

 

Según la Agencia de Noticias Central de China, Fisher-Price, una empresa subsidiaria de la famosa Mattel Inc., fue demandada conjuntamente por padres a los que se les vendió juguetes hechos en China contaminados con plomo.

Mattel tuvo que retirar decenas de millones de juguetes del mercado, mientras los padres se preguntaban cómo los fabricantes chinos podían cometer un crimen tan inhumano.

 

Noviembre de 2006, huevos envenenados que contenían “Sudan”

 

El tinte industrial carcinógeno, Sudan Red, se encontró en huevos salados en la provincia de Hebei, en noviembre de 2006. Investigaciones posteriores también encontraron este tinte en huevos frescos en la provincia de Hubei.

El diario chino Southern Metropolis Daily enumeró una lista de otras importantes alertas para la seguridad alimenticia en noviembre de 2006, entre las que se incluía:

Leche en polvo “Bebé de Cabeza Grande” desde 2003 hasta abril de 2004 en la ciudad de Fuyang, provincia de Anhui. Más de 100 bebés enfermaron y sus cabezas se agrandaron, después de consumir leche en polvo de mala calidad. Algunos murieron.

El pescado salado de Guanghai, un producto especial de la ciudad de Taishan, estaba contaminado con un pesticida llamado diclorovinilo dimetil fosfato, o DDVP (siglas en inglés) en 2004. Este pesticida es conocido por su aguda toxicidad.

En marzo de 2004, trabajadores y sus familias se intoxicaron después de comer cerdo marinado en sal, en un  parque de la ciudad de Jiaxing, provincia de Zhejiang. Mucha gente vomitó y se desmayó después de comer la carne. Una niña de tres años murió, y 57 personas fueron ingresadas en el hospital. 

1- Por su elevado contenido en nitrógeno han sido utilizados fraudulentamente para adulterar alimentos para mascotas y para humanos. De esta forma simulan tener un mayor contenido proteico del producto, aunque haciéndolo tóxico.  

2 – Compuesto que puede actuar sobre los tejidos vivos de tal forma que produce cáncer.

3-  Compuesto químico altamente volatil y muy inflamable.