EN FAVOR DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

MANIFIESTO del CAT – Comité de Apoyo al Tíbet

EN FAVOR DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Junio 2009

PP y PSOE se ponen de acuerdo para intentar ahogar el principio de justicia universal favoreciendo así más impunidad en el mundo.

Está claro. Han bastado un par de quejas diplomáticas – y quizá algo mas que no sabemos – de países poderosos sobre procesos judiciales en marcha en España para que el congreso se ponga de acuerdo en marcha para demoler más de una década de éxitos y avances en la justicia internacional. PP y PSOE, que no se ponen de acuerdo ni en la hora del dia, se alían e intentan cambiar una ley orgánica y enmendar una articulo (el 23 que recoge gravísimos crímenes internacionales). Todo esto con un claro punto de rapidez y nocturnidad que también borde la ilegalidad para que no trascienda, ni se entienda por la opinión pública. Todo esto en contra de nuestro mas alto Tribunal, el Constitucional cuya sentencia del de 2005 dejó meridianamente clara la ilegalidad de limitar la Justicia Universal con “el nexo nacional”, “la lejanía” , “la ajeneidad y las víctimas españolas”. Se diría que los que insisten en estas limitaciones están movidos por otras motivaciones o no saben leer. La Justicia Universal es universal no solo para españoles y vecinos cercanos, y los Crímenes contra la Humanidad son contra la Humanidad no contra ciudadanos o intereses españoles.

A la vista de la resolución parlamentaria de cambiar la ley y la cantidad de artículos, editoriales y comentarios que la han precedido en todos los medios de comunicación, constatamos con alarma y preocupación los siguientes puntos:

La planificación de este proceso implica un golpe mortífero a la separación de poderes en la democracia española y un retroceso en la justicia internacional y universal.

Básicamente se esta planificando políticamente que haya menos justicia y más impunidad en el mundo.

TIBET:

Siendo así y tomando como ejemplo el caso del Tíbet, y habida cuenta que ningún querellado chino se encuentra en territorio español, ni que víctima alguna del genocidio tibetano es española, esta causa quedaría archivada. ¿Esta probable decisión, en caso de seguir adelante la reforma iniciada, “reafirma el compromiso de este gobierno con la justicia universal”, tal y como ha afirmado la Vicepresidenta De la Vega? ¿Dónde acudirán víctimas como las tibetanas, que tienen las puertas de la justicia cerradas en su propio país ocupado, en el Tribunal Penal Internacional que China no reconoce y ahora su única luz de esperanza se desvanece? ¿Cómo un gobierno, impulsor de la alianza de civilizaciones, cuyo eje debe ser el Derecho Internacional, y que cuando se encontraba en la oposición en su día, salía a la calle para exigir la extradición de Pinochet y para denunciar firmemente la guerra de Irak, hoy bloquea el enjuiciamiento de estos crímenes y apuesta descaradamente por la impunidad?¿Qué ha sucedido para que los argumentos jurídicos del fiscal general del Estado en favor de la justicia universal (véase El País del 21 de noviembre de 2004 p. 26, “El fiscal defiende que España pueda juzgar los genocidios sin restricciones”) hayan dado un vuelco de 180 grados?¿A qué y a quién obedece ese giro? Difícilmente se ha podido pensar en los muertos en el genocidio de Ruanda y Guatemala, a los argentinos arrojados al mar, a los chilenos masacrados por la dictadura de Pinochet, a los niños palestinos asesinados en Gaza y a las mujeres tibetanas esterilizadas y torturadas hasta la muerte por defender la no violencia.

Lo más vergonzoso es que ni siquiera se intenta ocultar que la motivación es diplomática y económica, y rara vez se menciona nuestra ley, que recoge estos crímenes gravísimos (Articulo 23 de la LOPJ), ni la sentencia del Tribunal Constitucional del 2005 que ampara la aplicación de la JU sin limitaciones y demás compromisos del Estado con los Convenios y la leyes internacionales.

La inmensa mayoría de los comentarios jaleando o justificando “la necesidad” de limitar la JU” denotan un desconocimiento del derecho internacional, del funcionamiento de la justicia en general y de la Audiencia Nacional en particular.

En la manipulación de los argumentos en esta supuesta “necesidad” de limitar la JU se repiten ad nauseam las frases de la “indignación diplomática” , “las graves repercusiones políticas”, la amenaza o simple miedo cerval de “pérdida de contratos” y de amistad con estos países poderosos, cuando en la realidad esto nunca ocurre, pero se ha convertido en un “tópico mediático y político” que todo el mundo repite como loros. No hay prácticamente precedentes excepto alguna reunión cancelada o pospuesta; es una gran burbuja de miedo y mentira que dura lo que un titular de periódico.

Con todo esto aflora la opinión personal o editorial tan respetable como peligrosa y manipuladora cuando no se sustenta en una argumentación rigurosa conforme al Derecho Internacional. Se mezcla el impacto social o político de algunos casos con la generalidad desvirtuando la función misma de la Audiencia Nacional. La ironía, la crítica poco constructiva y el ataque personal a jueces por un caso en particular se mezcla con descalificaciones de todo el sistema.

Una vez más se venden periódicos día a día con falsas polémicas, falsas amenazas, falsos tópicos y miedos libres. Algunos altos cargos describen despectivamente a los casos de justicia universal que persiguen los crímenes más horrendos como “casos exóticos”, el propio Fiscal General del Estado que en sus días de juez del Tribunal Supremo mantenía lo contrario ahora describe a la Audiencia Nacional como posible “juguete” de las ONGs. Nunca se menciona a la víctimas, ni los avances en justicia conseguidos directa e indirectamente gracias al coraje de abogados y jueces, y tampoco menciona el positivo efecto en la democratización y reconciliación de los pueblos, el consuelo de la víctimas ni la necesidad del “nunca más”.

Limitar la justicia, en medicina equivaldría a discriminar a enfermedades y enfermos como nacionales (a los que hay que cuidar), o “lejanos o exóticos” a los que hay que rechazar.

Por todos estos síntomas de falta de rigor en la información y su efecto en la opinión de gobernantes y público, que amenazan con hacernos retroceder en los grandes avances conseguido en la Justicia Internacional y Universal:

Manifestamos nuestro apoyo a la Justicia Universal a través de los siguientes argumentos:

– Se quiera o no del tenor literal del artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.) y de la interpretación que hizo el TC por partida doble, en el caso Guatemala y Falun Gong, se establece que la jurisdicción española es competente para conocer una serie de crímenes internacionales con independencia del lugar de la comisión del delito y de la nacionalidad de las víctimas y de los presuntos responsables; no siendo esto una resolución que la hayan decidido unos jueces de forma unilateral, sino que es un compromiso compartido por toda la comunidad internacional.

– La complementariedad es el principio que debe imperar entre las jurisdicciones penales nacionales y la Corte Penal Internacional. Siendo así, el artículo 17 del Estatuto dispone que la Corte debe intervenir en un asunto cuando un Estado no pueda o no quiera ejercitar su jurisdicción

– Para aquellos que ven en el efectivo ejercicio de la jurisdicción universal un peligro para los Estados o las relaciones diplomáticas, debe recordarse que estos crímenes universales están penalmente sancionados desde los juicios de los Tribunales de Nüremberg y que ya entonces, la prohibición de su comisión ha sido una norma de general aplicación para todos los Estados al ser un norma de ius cogens, y así pues a nadie debiera sorprender su aplicación.

– Estos procesos de jurisdicción universal suponen una fuerte apuesta por la “política de la justicia” instigada por la acción individual de las víctimas, y con ello no se están persiguiendo los objetivos políticos a los que se ven abocadas en muchas ocasiones las relaciones interesadas de los Estados y de sus máximos dirigentes, sino que con ello se consigue, tal y como asegura el Consejo de Justicia de la Unión Europea (Decisión 2003/335/JHA de 8 de Mayo de 2003), el procesamiento y castigo de los responsables de crímenes internacionales.

– Lo decisivo es que este ejercicio de la jurisdicción universal por parte de las víctimas y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos reestablece de forma directa la voluntad popular y la solidaridad universal en materia penal y limita la soberanía de los Estados en este contexto. Con todo ello se está aludiendo al elemental razonamiento democrático por el cual “La ley internacional aún protege la soberanía, pero – sorprendentemente – la soberanía del pueblo, no la del soberano.”

– En todo caso, y a modo de conclusión, los creadores de opinión pública, juristas y políticos detractores de esta jurisdicción universal, tal y como denuncia el fiscal anticorrupción y pionero en la lucha contra la impunidad, Carlos Castresana, “ciegos al mundo de los valores, sumisos a las relaciones de poder y dominación, e insensibles a la ubicación de las soluciones jurídicas en el tiempo, para atender a las necesidades humanas cambiantes”, no deberían perder de vista los valores a los que apelan las víctimas y la ciudadanía a través de acusaciones particulares y la actio popularis; valores y principios, no sólo éticos, sino jurídicos, que deben ser en la práctica la base inspiradora y reguladora de todo el orden internacional, más allá de toda conveniencia política y de los mercados.

Mandar vuestra adhesión a nuestro manifiesto y los dos casos del Tibet en la Audiencia Nacional, con una simple respuesta a alan.cantos@ainco.es con vuestro nombre y el de vuestra organización, con la palabra APOYO en el texto.

FIRMADO

José Elías Esteve Moltó, abogado redactor de las querellas del Tibet, Vice-presidente del CAT (Comité de Apoyo al Tibet), Doctor y Prof. en Derecho Internacional U. de Valencia)

Alán Cantos, director del CAT (principales querellantes) y coordinador internacional del caso Tibet.

CAT- Comité de Apoyo al Tíbet. Tel. (0034) 91 35024 14 info@tibetcat.comhttp://www.tibetcat.com

LISTADO DE EXPERTOS Y ORGANIZACIONES QUE APOYAN EL MANIFIESTO

Expertos Legales:

Manuel Ollé Sesé (profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE

Almudena Bernabeu (Abogada internacional, directora del Proyecto Legal de Latinoamérica y España, Center for Justice and Accountability, California, EE.UU.)

Carlos Slepoy (Abogado a cargo de la acusación en España del caso Scilingo (Argentina) que termino con la primera sentencia firme transnacional de crímenes contra la humanidad).

José Elías Esteve Moltó (Doctor y profesor en Derecho Internacional . Autor del libro “Tíbet: La frustración de un estado. El genocidio de un pueblo”.

Tibet Justice Centre (Berkeley , California, USA) (Legal experts on Tibet)

Eva Herzer (Experta abogada en el caso del Tibet, USA)

Y numerosos abogados y juristas involucrados en casos de Justicia Universal en Espña y en todo el mundo.

Apoyan:

International Tibet Support Network (ITSN) 165 Organizaciones en todo el mundo

Casa del Tíbet, Barcelona, Spain

Gu Chu Sum (Tibetan Political Prisoners Org)

Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD)

Tibetan Youth Congress (TYC)

Wei Jingsheng Foundation

Friends of Tibet, India

Students for a Free Tibet (SFT) International

SFT – India

SFT – France

SFT – UK

Free Tibet Campaign, London

Casa del Tíbet, Barcelona, Spain

Casa del Tibet, Mexico

Stottekomiteen for Tibet, (Tibet Support Committee, Denmark)

Australia Tibet Council, Australia

France-Tibet, France

Tibet Support Committee, Copenhagen

Canada Tibet Committee, Canada.

Tibet Support Group – Ireland

Save Tibet, Austria

Friends of Tibet, San Diego, US

Friends of Tibet, New Zealand

Tibet Michigan, USA

Zida Cels, Latvia

Asociación Cultural Tibetano-Costarricense, Costa Rica.

International Tibet Independence Movement (USA)

Tibet Society of the UK

Lions des Neiges Mont-Blanc, France

Tibet Community of Britain

Olympic Watch

Autodétermination-Tibet

Tibetan Women Association

Kathmandu Tibetan Women´s Welfare Group

Independent Tibet Network, USA

Tibet Destination Rangzen, Marseille France

Claude Levenson (Periodista y biógrafa del Dalai Lama)

Fundación “Le Club Français”, Francia

“Pensando en Tíbet” Zona Occidente, Morelia, Michoacán, México

Drôme Ardèche – Tibet, France

Buen Corazón A.C. (México)

Elfreno a la justicia universal indigna a los magistrados

Monjes budistas protestan ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno chino por su represión en Tibet. - EFE

Monjes budistas protestan ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno chino por su represión en Tibet. - EFE

Elfreno a la justicia universal indigna a los magistrados

Los jueces instructores de la Audiencia Nacional consideran que la reforma pactada en el Congreso es “un paso atrás”, cuando España era en estos momentos “un referente mundial”ÁNGELES VÁZQUEZ -Público.es

MADRID – 25/05/2009 07:35

Los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, al menos la mayoría, consideran que la reforma pactada por algunos grupos en el Congreso para limitar la jurisdicción universal es “un paso atrás”, que hará posible la impunidad de crímenes contra derechos humanos universales y protegidos en todo el mundo. “España era un referente mundial.Y debería servir de ejemplo para que otros países hicieran lo mismo”, señalaron los consultados.

Pocos de los encargados de investigar en España el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, en Ruanda, Guatemala o Israel, comparten las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consistentes en que el límite pactado no supondrá un retroceso, sino una mejora. “Para nada va a reducir nuestro compromiso con la Justicia y la libertad”, añadió la dirigente socialista en el último consejo de ministros.

Incluso los que proponían limitar la jurisdicción tildan el acuerdo de chapuza

Sin embargo, eso precisamente es lo que temen en la Audiencia Nacional, donde se muestran “indignados” como ciudadanos, aunque como jueces aplicarán la ley sea cual sea. Como dijo tras su toma de posesión el flamante presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes: “Los jueces no podemos estar en lucha contra nada: aplicamos la legalidad”.

Aún no se sabe con certeza el alcance que tendrá la reforma en las causas abiertas en la Audiencia Nacional. Los más optimistas consideran que no afectará a ninguna. Otros, que sólo influirá en las relativas a China, en las que se investigan los crímenes cometidos contra el pueblo tibetano y los seguidores de la corriente Falun Gong, donde no se ha acreditado con la misma fuerza que en otros procedimientos la existencia de víctimas españolas.

La que ha provocado la reforma pactada, la abierta contra un ex ministro de Defensa y otros seis responsables militares israelíes por el lanzamiento de una bomba el 22 de julio de 2002, tampoco tiene de momento españoles como víctimas . Pero está previsto que próximamente un español se sume a la querella admitida a trámite por el juez Fernando Andreu.

Hay quien piensa que no hacía falta la reforma legal, sino más sentido común

Incluso los que en la Audiencia consideran que había que limitar la jurisdicción universal, porque entienden que carece de sentido abrir una investigación, con el coste que ello supone, sabiendo que será imposible juzgar a sus presuntos responsables, son críticos con la reforma. Califican de “chapuza” reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprovechando la modificación de las leyes necesarias para poner en marcha la oficina judicial. Una reforma “oculta”, que incumple los trámites previstos para reformar leyes orgánicas, sostienen.

Aunque también hay quien cree que no hacía falta una reforma legislativa, sino haber impuesto algo de sentido común a la hora de admitir a trámite querellas y denuncias.

La reforma pactada limita la jurisdicción española para investigar los delitos de genocidio, lesa humanidad o terrorismo, a varias condiciones. Es decir, “deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles”.

Práctica habitual

Añade que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá “cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país”, lo que implica que la jurisdicción española para perseguir estos delitos pasa a ser subsidiaria. Hasta ahora podía coincidir con otras investigaciones en otros países, pero era práctica habitual en la Audiencia Nacional preguntar al país en cuestión si existe algún procedimiento abierto. Así lo hizo Eloy Velasco con la querella de Guantánamo y Andreu, con la de Gaza.

Cinco jueces que investigan delitos de persecución universal

Santiago Pedraz
El titular del Juzgado número 1 investiga el genocidio del pueblo maya, la muerte del cámara José Couso y los crímenes contra la población tibetana.

Ismael Moreno
El juez del número 2 instruye la primera querella del Tíbet, la de Falun Gong y la del holocausto nazi. Tiene sobre la mesa otra querella sobre Gaza.

Fernando Andreu
El juez del número 4 investiga la querella presentada por el ataque de julio de 2002 en Gaza. Procesó a 40 militares ruandeses por genocidio.

Baltasar Garzón
El Juzgado número 5 investiga las torturas sufridas por ex presos de Guantánamo en la base estadounidense y el genocidio del pueblo saharaui.

Eloy Velasco
Al juez del 6 le correspondió la querella presentada contra los asesores de Bush e investiga el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas en El Salvador.

¿Quién teme a la justicia universal?

Amigos

Conviene saberlo, no solo es el caso del Tibet !!! Quieren cambiar nuestra ley para que haya menos justicia y mas impunidad en el mundo !!! Asi de claro.

La argumentacion para esta maniobra es vergonzosa legal y eticamente, y parte de las pataletas diplomaticas de paises poderosos afectados, de la ignorancia, de la manipulacion politica, de los intereses economicos y de la pasivida de todos.

Estos dos brillantes articulos explican el contexto de la verguenza politica que se esta tramando para limitar y ahogar la Justicia Universal y todos los casos abiertos en la Audiencia Nacional incluidos por supuesto los del Tibet.

Como se dice vulgarmente, se puede decir mas fuerte pero no mas claro.Y nadie mas experto y con mas experiencia que:

Jose Antonio Martin Pallín (Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas) y Manuel Ollé (Profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE) para decirlo.

Aun asi es debemos saberlo y decirlo todos, cada uno en su circulo, cada uno a su manera.

Un abrazo

Alan Cantos

POR FAVOR DIVULGAD A LOS CUATRO VIENTOS !!

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http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=614962&idseccio_PK=1006

23/5/2009 Edición Impresa LA PERSECUCIÓN DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

¿Quién teme a la justicia universal?

No podemos convivir impasiblemente con hechos tan insoportables como el genocidio

JOSÉ ANTONIO Martín Pallín*

La jurisdicción universal abre la posibilidad de juzgar, en la mayor parte del mundo, crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad y de cualquier sociedad civilizada.

Su origen más cercano se encuentra en los juicios de Núremberg, que en su tiempo merecieron la entusiástica aprobación y reconocimiento de los estados que ahora se irritan o se muestran diplomáticamente molestos ante la apertura de procesos dirigidos a exigirles responsabilidades por hechos hoy elevados a la categoría de delitos contra la humanidad.

Lo que el tribunal militar aliado de Núremberg tuvo que construir sobre la marcha –eso sí, con materiales nobles que han resistido el paso del tiempo– más adelante fue asumido por las Naciones Unidas en las reglas de Núremberg y hoy lo tenemos plasmado, en forma de ley, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional firmado por la abrumadora mayoría de países integrados en las Naciones Unidas, con llamativas reservas a su jurisdicción formuladas por países como Estados Unidos o China.

La jurisdicción universal no se dedica, como tramposamente se intenta trasmitir a la opinión pública, a investigar toda clase de delitos como si se tratase de una especie de juzgado de guardia global. La jurisdicción universal está delimitada por la específica regulación de las leyes nacionales y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

No podemos convivir impasiblemente con hechos tan insoportables como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. No se trata de perseguir conductas aisladas de tortura, asesinatos, desaparición forzada de personas o ejecuciones extrajudiciales u otros de carácter similar que ocasionen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la salud física y mental de las personas, sino aquellas que, como dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional, firmado y aceptado por España, se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil.

Solo los que empleen estos métodos pueden temer a la jurisdicción universal. Me parece lógico que los gobiernos, que firman tratados para comprometerse a cumplirlos, prefieran que su país no se vea envuelto en un conflicto diplomático que comprometa su real politik. Pero no pueden ir más allá de la demostración de una cierta incomodidad para después defender a sus jueces, cuya independencia está por encima de las relaciones coyunturales con otro país. Sea este una potencia mundial, un Estado africano, un dictador árabe o asiático o un gobernante de la antigua Yugoslavia.

En España no se puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal, avalada por las leyes y ratificada por nuestro Tribunal Constitucional corrigiendo el voto mayoritario del Tribunal Supremo, en el caso de Guatemala, y proclamando que la justicia universal no tiene condicionamientos ni limitaciones por razón de país o sujetos activos o pasivos del delito.

Se puede comprender que el presidente del Gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores se sientan incómodos ante iniciativas judiciales. También resulta coherente la toma de postura de muchos columnistas que descargan sus fobias contra jueces sistemáticamente acosados por tomar decisiones incómodas. Pero no podíamos pensar que al ataque se sumasen las más altas instituciones del Poder Judicial. El presidente del Supremo tiene que ser un guardián del sistema y medir sus declaraciones. No somos los gendarmes del mundo. No tenemos peleas diplomáticas diarias y algunas iniciativas sí han prosperado. Además, aunque sea por rescatar la realidad, el caso Scilingo ha llegado a buen puerto y se está ejecutando la sentencia.

El fiscal general del Estado ha llegado a decir que los jueces de la Audiencia Nacional, que admiten estas querellas, son unos juguetes en manos de los que las presentan.

En el caso de la base de Guantánamo, su posición ha ido más allá al considerar que la querella es fraudulenta. No opinan lo mismo prestigiosos abogados norteamericanos y asociaciones de derechos civiles de ese país. Incluso el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Estados Unidos se ha mostrado partidario de la iniciativa española.

El Gobierno israelí ha descalificado la denuncia por los sucesos de Gaza, pero oculta que un general de su Ejército fue retenido en Londres a bordo de un avión de su nacionalidad, advirtiéndole de que si descendía le detendrían. Como es lógico, no bajó y retornó a su país.

No corren actualmente buenos tiempos para la jurisdicción universal. Los malos presagios se han confirmado y el reciente acuerdo entre los partidos mayoritarios para modificar su regulación es un síntoma preocupante. Condiciona la persecución en España a que el acusado se encuentre en nuestro territorio o que la víctima sea de nacionalidad española. En definitiva, significa volver al siglo XIX y rescatar los principios de la aplicación extraterritorial de la ley penal española. Las víctimas son universales, y discriminarlas por su nacionalidad limita sus posibilidades de pedir justicia y poner coto a la impunidad. ¿Ha cambiado la política de protección de las víctimas?

Como siempre, los poderosos son elogiados y obedecidos (Estados Unidos e Israel), y los pueblos, despreciados. Ya lo decía Maquiavelo hace varios siglos.

* Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

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EL PAÍS

TRIBUNA: MANAUEL OLLÉ SESÉ *

El avance de la justicia universal

MANAUEL OLLÉ SESÉ 23/05/2009

La hoja de ruta para limitar la práctica de la justicia universal en España es una lamentable realidad. El Congreso acaba de aprobar una propuesta de resolución por la que se pretende reducir su ejercicio a los casos en los que los presuntos responsables se encuentren en España o que existan víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde sucedieron los hechos no esté procediendo a su “persecución efectiva”. Es la culminación formal de las recientes críticas a la Audiencia Nacional: ¿por qué está enjuiciando las torturas de Guantánamo, los vuelos de la CIA, la masacre de Gaza, la represión del Tíbet o de los miembros de Falun Gong, los genocidios de los pueblos guatemaltecos o saharauis, el asesinato del periodista Couso o los de los jesuitas en El Salvador, o los crímenes de Mauthausen?

Los argumentos vertidos para desterrar la aplicación de este principio de justicia penal internacional son variados y alguno poco riguroso: técnico-jurídicos, económicos, de política exterior, de falta de capacidad de nuestros tribunales para asumir esa carga de trabajo en detrimento de nuestra justicia o incluso sobre el egocentrismo o protagonismo de algunos jueces.

La paradoja es sorprendente. En España, el principio de justicia universal se ha aplicado sin controversia alguna hasta el inicio de los casos Pinochet y Argentina en 1996. Todos saludábamos con satisfacción que los jueces de la Audiencia Nacional abordaran en aguas internacionales barcos cargados de droga, cuando ni siquiera el destino del cargamento fuera España ni existiera nexo alguno de los hechos, buque o tripulación con nuestro país. Por el contrario, el aplauso a los jueces y fiscales, en la persecución del narcotráfico, se torna injustificadamente en censura cuando se trata de enjuiciar crímenes contra la humanidad que desgarran el corazón de los Derechos Humanos.

La razón no es otra que el indudable componente político afecto a las circunstancias en las que se cometen estos horrendos crímenes, en su mayoría desde las estructuras de poder de iure o de facto.Y, precisamente, desde los países donde se ejecutaron los hechos se despliegan todo tipo de estrategias para garantizar la insoportable impunidad de sus autores y partícipes. En el ámbito interno, dictan leyes de auto impunidad; y, en el externo, orquestan inadmisibles estrategias políticas y diplomáticas, que terminan surtiendo efecto, y muy especialmente cuando provienen de los Estados poderosos, a costa de los Derechos Humanos.

Buena muestra de ello han sido las actuales presiones de Israel o Estados Unidos al Ejecutivo español para cerrar como fue-re los casos que les afectaban, además de permitirse rechazables ataques a los jueces Garzón, Pedraz y Andreu.

La interesada devaluación de este principio internacional se corresponde con un equivocado enfoque desde el Derecho interno, cuando el análisis debe efectuarse desde el Derecho internacional, singularmente mediante el compromiso adquirido en diferentes convenios (por ejemplo, Genocidio, Tortura o Convenciones de Ginebra), al que nos debemos. Éste, por un lado, desde épocas remotas, ha fundado el principio universal en la naturaleza de los delitos, su extrema gravedad, y, consecuentemente, en el compromiso internacional para su persecución. Cada vez que se comete un crimen internacional de primer grado resulta lesionada su víctima, pero también toda la comunidad internacional es ofendida. Y, por otro lado, para la aplicación de este título jurisdiccional es innecesario, según el Derecho internacional, como recordó nuestro Tribunal Constitucional (STC 237/05), cualquier punto de conexión como la presencia física de sus responsables en España o que las víctimas sean españolas.

La Corte Suprema de Israel, hoy detractora de la justicia universal, en el caso Eichmann, basándose en el principio de competencia universal, resaltó que “el derecho del Estado de Israel a castigar al acusado derivaba de una fuente universal -patrimonio de toda la humanidad- que atribuye el derecho de perseguir y castigar los crímenes de esta naturaleza y carácter, porque afectan a la comunidad internacional, a cualquier Estado de la familia de naciones, y el Estado que actúa judicialmente lo hace en nombre de la comunidad internacional”.

El consenso para el enjuiciamiento de estos crímenes, cimentado después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en el Derecho de Núremberg, aunque congelados en la Guerra Fría, se rescató con la creación de los Tribunales Penales Internacional especiales (ex Yugoslavia o Ruanda), de tribunales mixtos (como los de Sierra Leona o Líbano) y, especialmente, con la instauración de la Corte Penal Internacional (CPI). Tribunal, este último, llamado a ser el verdadero órgano universal de enjuiciamiento de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

Estos tribunales supranacionales, sin embargo, no colman las exigencias de justicia. Las limitaciones con las que nacieron -por razón del tiempo en el que los hechos se cometieron, del lugar o del tipo de crimen- han desembocado en insalvables impedimentos para sentar en sus banquillos a los responsables de tan repugnantes crímenes. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, sólo puede enjuiciar hechos cometidos con posterioridad al 1 de julio de 2002 y que afecten a situaciones de países que han ratificado su Estatuto.

Este insatisfactorio escenario judicial internacional traslada, por imperativos del Derecho internacional, el deber de combatir la impunidad y la violación de los Derechos Humanos a los tribunales nacionales. Los órganos judiciales de Francia, Bélgica, Alemania, Canadá, Senegal o España, entre otros, lo han demostrado.

En nuestro caso, el desarrollo del principio universal y su aplicación por nuestros tribunales ha sido, tal vez, la mayor aportación a la comunidad internacional en la defensa de los Derechos Humanos.

Si existe anuencia por parte de los Estados en que hay que juzgar a los grandes criminales, ¿por qué éstos no cumplen su obligación de juzgar los crímenes internacionales (ius cogens) cometidos por sus ciudadanos? La respuesta, si no quieren soportar un juicio en terceros países o tribunales supranacionales, es sencilla. Deberán no sólo incoar un procedimiento penal, sino demostrar -lejos de aparentar o maquillar simuladamente la existencia de un caso abierto- que se está practicando una auténtica y eficaz investigación judicial ante sus tribunales. En caso contrario, intervendrán los tribunales internacionales o los nacionales de terceros países en aplicación del principio de justicia universal.

Sin embargo, estas premisas de Derecho internacional se soslayan por aquellos Estados que buscan perpetuar una intolerable impunidad. No juzgan o no lo hacen de acuerdo con los estándares del proceso debido, se oponen a las “injerencias” de la justicia universal y no firman el Estatuto de la Corte Penal Internacional o no aceptan su competencia.

Este déficit no puede ser soportado por las víctimas. Éstas gozan del derecho a la justicia, y la comunidad internacional está obligada a procurarlo. Ante la ausencia de un tribunal penal internacional plenamente efectivo y eficaz, el principio de justicia universal, ejercido en cualquier país, no sólo en España, es hoy el instrumento imprescindible para la persecución de los más graves crímenes internacionales que destrozan la dignidad de las personas.

* MANAUEL OLLÉ SESÉ es Profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE.

Holanda no recibirá oficialmente al Dalai Lama

La Haya – El primer ministro holandés, Jan Peter Balkenende, no recibirá oficialmente al Dalai Lama, lo que la campaña internacional por Tibet considera una “falta de respeto”. El líder religioso tibetano visitará Holanda la semana que viene, donde dará una conferencia para altos empresarios y miembros del gobierno. El sector holandés de la campaña por Tibet señala que, en 1999, Wim Kok, entonces primer ministro, sí recibió al Dalai Lama. Quien sí lo recibirá es el ministro de Asuntos Exteriores de Holanda, Maxime Verhagen, en una sesión a puerta cerrada junto con otros líderes religiosos.
Al parecer, China ha presionado a Holanda para que Balkenende no se entreviste con el Dalai Lama. La Cámara de los Diputados insiste en una reunión oficial y, en la sesión del próximo martes, pedirá cuentas al gobierno sobre su rechazo.

Tibetanos piden a líderes de UE que resistan presión china y reciban al Dalai

Tibetanos piden a líderes de UE que resistan presión china y reciban al Dalai

  • EFE
  • ,
  • Bruselas

Activistas tibetanos han solicitado hoy en Bruselas que la Unión Europea (UE) adopte una posición conjunta sobre el Tíbet, pues así estará mejor preparada ante los intentos del Gobierno chino de boicotear los eventuales encuentros entre el Dalai Lama y los líderes de los Estados miembros.

Dos días antes de la celebración en Praga de la cumbre entre China y la UE -la primera después de que Pekín anulara una cita prevista en diciembre en protesta por un encuentro entre el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con el Dalai Lama-, varios miembros de la Campaña Internacional por el Tíbet (ICT, en sus siglas en inglés) han solicitado una posición coordinada de los Veintisiete.

El director de política europea en ICT, Vincent Metten, ha explicado que a finales de este mes está previsto que el jefe religioso tibetano y Premio Nobel de la Paz visite Dinamarca, Holanda y Francia.

Mientras que el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, ya ha confirmado que recibirá al Dalai Lama el próximo 29 de mayo, jefe del ejecutivo holandés, Jan-Peter Balkenende, ha anunciado que no se reunirá con él, un mes después de que el embajador chino enviase una carta al Parlamento holandés expresando su oposición al encuentro.

“La falta de cohesión entre los Estados miembros, especialmente sobre el protocolo para recibir al Dalai Lama, ha hecho que algunos países sean más vulnerables ante la presión del gobierno chino”, ha explicado el activista.

Desde ICT, han reclamado a la UE que abandone la “ambigüedad” y la “comodidad” que le ha caracterizado hasta ahora a la hora de abordar la cuestión del Tíbet.

Han demandado a los Veintisiete que coordinen sus posturas nacionales y definan una línea de actuación comunitaria en favor del Tíbet.

Además, han señalado que una asociación estratégica real entre el gigante asiático y los Veintisiete no será posible hasta que no se resuelvan algunos temas clave, como es el respeto de los derechos humanos.

“La realidad es que, durante más de un año, el gobierno chino se ha embarcado en un extenso proceso de encubrimiento de las torturas, desapariciones y asesinatos que se han sucedido en Tíbet como respuesta a una serie de protestas pacíficas contra Pekín”, han precisado desde ICT.

Así mismo, los tibetanos piden a la UE que promuevan de una manera activa y concreta las negociaciones entre Tíbet y China, hasta ahora ineficaces, y han sugerido a la UE el nombramiento de un representante especial para China y el Tíbet.

La paz tiene mucha marcha

La paz tiene mucha marcha

Más de 400.000 personas (25.000 en España) se han adherido ya a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que recorrerá 90 países.
El mundo gasta 190 veces más en armas que en combatir el hambre, que podría erradicarse con el 0,1% del presupuesto de defensa.

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COLPISA. Madrid
Más de 400.000 personas, 25.000 de ellas en España, se han adherido en apenas diez días a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que entre octubre y enero recorrerá 160.000 kilómetros a través de 90 países. Desde Nueva Zelanda hasta la cordillera de los Andes, un equipo base de 100 personas hará el recorrido completo (por España pasará a mediados de noviembre), mientras miles y miles más protagonizarán innumerables iniciativas para “redefinir el concepto de paz y crear conciencia” a favor de la no violencia activa.

Se trata, añadió al presentar en Madrid la Marcha Mundial su coordinador Rafael de la Rubia, de dar voz a la gran mayoría ciudadana pacifista para “marcar la dirección a los políticos”. Y con una meta precisa y rotunda: eliminar las armas nucleares, reducir las convencionales, retirar las tropas invasoras de territorios ocupados, firmar tratados de no agresión y renunciar a la guerra como forma de resolver conflictos.

Todo un programa a favor del ser humano que también pondrá en evidencia otras violencias, más o menos disfrazadas pero igualmente dañinas, en múltiples ámbitos económicos, raciales, sexuales, religiosos e incluso familiares. “Vamos hacia un mundo lleno de muros, con los pobres a un lado y por encima aviones de guerra y robots bélicos”, denunció el periodista Hernán Zin. “Lo conseguido con violencia solo se va a poder mantener ejerciendo más violencia”, advirtió De la Rubia, que preside la organización Mundo sin Guerras promotora de la que espera ser “la mayor manifestación por la paz en la historia”.

Escándalo armamentista

La realidad actual golpea brutalmente esta conciencia. “No es posible hablar de paz con fábricas de armas a pleno rendimiento”, subrayó el coordinador de la Marcha Mundial, quien recordó el gasto diario en armamento de 2.200 millones de euros y remachó que “el hambre podría evitarse con el 0,1% del gasto militar”, que incluye otras inversiones en defensa además de los arsenales. Los datos de ese gran escándalo podrían reflejarse de otro modo. Como destaca la Plataforma 2015 en su exposición itinerante “Puertas”, el mundo gasta 190 veces más en armas que en combatir el hambre. O, como apostilla el asesor de Naciones Unidas Bernardo Kliksberg, 900 veces más de lo que se necesitaría para erradicarla.

Cambiar ese inhumano trasfondo animará el 2 de octubre (Día Internacional de la No Violencia que recuerda el nacimiento de Gandhi) al centenar de marchistas que se pondrán en camino en Wellington rumbo a Punta de Vacas, localidad argentina a los pies del Aconcagua adonde llegarán el 2 de enero de 2010. Se espera al menos un millón de participantes, en una impresionante lista en la que ya están comprometidas 2.000 organizaciones, 500 instituciones, 300 ciudades y cientos de personalidades. Cinco de éstas ocupan las presidencias de Chile, Argentina, Bolivia, Croacia y Timor Oriental. Hay premios Nobel como Saramago, Menchú, Pérez Esquivel, Tutu o el Dalai Lama. Y abundan los intelectuales y artistas, como Galeano, Chomsky, Mayor Zaragoza, Barenboim, Noa, Juanes, Serrat o Almodóvar.

Recorrido español

El recorrido español del equipo base incluye Barcelona (13 de noviembre), Madrid (día 14) y Málaga (día 15), pero las actividades se prolongarán por todo el país más allá de esas fechas concretas.

En realidad, toda la Marcha Mundial se dejará sentir durante los 90 días en todas partes, y no faltarán fechas clave que le sirvan de prólogo. El 6 y 9 de agosto, por ejemplo, se recordarán los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y el 21 de septiembre se celebrará el Día Internacional de la Paz.

En el caso hispano, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia se ha encontrado un “inesperado” aliado de máximo rango político, al ser nombrado ministro de Educación Ángel Gabilondo, que apoyó la iniciativa cuando aún era rector de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Conferencia de Rectores. A De la Rubia le encantaría que el Gobierno español tomara una posición tan activa como el chileno, que al compromiso personal de la presidenta Michelle Bachelet ha añadido la organización de un seminario para todas las fuerzas armadas del continente americano para “revisar las funciones de los ejércitos y el desarme”.

La mejor vía para informarse y sumarse a la iniciativa es la página de Internet www.marchamundial.es

Rectifica Sudáfrica y permite al Dalai Lama visitar el país

Rectifica Sudáfrica y permite al Dalai Lama visitar el país
Internacional – Viernes 15 de mayo (12:05 hrs.)

  • El gobierno de esa nación subaraya que el líder tibetano puede ir “siempre que él quiera”
  • Sólo desea que no abuse de la política pro derechos humanos de la región

El Financiero en línea

Madrid, 15 de mayo.- Sudáfrica dio marcha atrás en su decisión de impedir la entrada a ese país al Dalai Lama y afirmó que el líder tibetano será bienvenido “siempre que él quiera”, pero “sin abusar de la política pro derechos humanos del país”.

La ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, Maite Nkoane-Mashabane, expresó la postura del nuevo gobierno encabezado por Jacob Zuma sobre el asunto, que generó fuertes críticas contra la administración del ex presidente Thabo Mbeki.

“El Dalai Lama es libre, como cualquier otro ciudadano del mundo, de visitar Sudáfrica. Sudáfrica no discrimina a nadie”, dijo la ministra a la prensa en Pretoria, según reportes del diario The Sowetan.

La política exterior de Sudáfrica está basada en el respeto a los derechos humanos, pero “eso no significa que puede ser malinterpretada en interés de unos cuantos”, agregó.

En marzo pasado, el gobierno sudafricano rechazó otorgar la visa al Dalai Lama para que asistiera a un conferencia internacional de paz relacionada con la Copa Mundial de Fútbol que el país africano albergará en 2010.

Frente a la lluvia de críticas que recibió, el gobierno sudafricano dijo que pretendía evitar que su presencia eclipsara la conferencia, aunque después admitió que había actuado para proteger sus relaciones económicas con China.

Nkoane-Mashabane dijo que el nuevo gobierno sudafricano esperaba consolidar lazos con China y no previó ningún cambio en la política hacia esa nación. (Con información de Notimex/MVC)