¿Por qué China se empecina en ocupar el Tíbet?

os tesoros del Tíbet son la fuente de su desgracia, de su pretérito dolor, tan viejo como los picos sobre los que se erige. Hace ya seis décadas que las tropas de Mao tomaron Lhasa a sangre y fuego para afianzar el dominio sobre sus infinitas extensiones de montañas y explotar sus recursos naturales pero, también, para solventar dos cuestiones geoestratégicas primordiales.

En primer lugar, la invasión pretendía reconstituir el cinturón periférico exterior que tan laboriosamente había forjado la dinastía Ching, al redefinir las fronteras imperiales y cerrar un conflicto que duraba siglos. En segundo lugar, Pekín no solo invadió Lhasa, la capital, sino también todos los territorios de la civilización tibetana. La cuestión de fondo era, y aún sigue siendo, los límites territoriales de Tíbet, ya que una porción sustancial de la superficie de China es de civilización tibetana (todo el Qinghai, partes del Xinjiang, del Sichuan y del Yunnan).

Por ello, en cuanto la revolución comunista alcanzó la victoria final en 1950, la República Popular volcó todos sus esfuerzos en dominar el techo del mundo para explotar sus recursos, estableciendo colonias penitenciarias y bases militares, y ampliar el Lebensraum -el espacio vital- de su población, que crecía en progresión geométrica. Tíbet no sólo esconde enormes cantidades de árboles madereros, uranio y oro, sino que constituye, junto con Xinjiang, la puerta geográfica por la que China canaliza su flujo comercial hacia el exterior -y por la que accede parte de la energía que consume-. A ello se suma otra cuestión. Todos los principales ríos chinos, como el Mekong, tienen su nacimiento en la cordillera del Himalaya. Parece lógico pensar que el ideario imperialista que maneja Pekín sea el poseer uno de los recursos más preciados y escasos que haya actualmente en el mundo: el agua.

“Mucha gente se pregunta qué interés tiene China en Tíbet. El país no es pequeño: con una extensión que cuatriplica a la de España, representa el 25% de China. Después, tiene mucha riqueza porque hay muchas minas, muchos minerales, sobre todo uranio pero también oro y cobre. Y el uranio nos preocupa especialmente porque los chinos están generando mucha basura nuclear. El Tíbet es el techo del mundo, la contaminación y la basura nuclear llegarán a Asia y, poco a poco, a todo el mundo”, aseguró a El Confidencialel responsable de la casa de Tíbet en España, Thubten Wangchen.

El Tíbet anterior a 1950 era una sociedad ancestral en la que, la mayor parte de la población, articulada en torno a los monasterios, vivía con gran austeridad. Después de la ocupación, los tibetanos fueron arrojados a la miseria y su cultura condenada a un lento exterminio, de forma que hoy en día prácticamente las dos terceras partes de la población es china. La represión militar contra el pueblo tibetano se cobró más de un millón de víctimas en medio siglo, según el Gobierno en el exilio. Décadas de esfuerzos militares y de desplazamientos de población han hecho realidad una hegemonía china que nadie osa cuestionar. Y el tren de las alturas, que desde 2006 une Shanghai y Lhasa, no representa el inicio de dicha hegemonía, sino su culminación.

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CHINA PROHIBE VIAJES DE EXTRANJEROS A TIBET

CHINA PROHIBE VIAJES DE EXTRANJEROS A TIBET

22 de septiembre de 2009

BEIJING (AP) – China prohibió que los turistas extranjeros viajen al Tibet antes de un desfile en la capital para marcar 60 años de gobierno comunista, dijo un funcionario el martes, en medio de un incremento de las medidas de seguridad en todo el país para asegurar que nada estropea las celebraciones.

Tan Lin, un funcionario de la Oficina de Turismo del Tibet, dijo que se prohibirá el acceso de turistas extranjeros a la región a partir del martes, pero que aquellos que ya habían llegado podrán permanecer.

China ha incrementado su seguridad en semanas recientes antes del feriado del 1 de octubre, cuando se realizará un desfile militar en el centro de Beijing y el presidente Hu Jintao pronunciará un discurso.

Se ha prohibido la venta de cuchillos en algunas tiendas, incluyendo gigantes Wal-Mart y Carrefour, luego de dos ataques cerca de la Plaza Tiananmen la semana pasada, dijeron funcionarios y la prensa estatal.

Una empleada del departamento de ventas en el Gran Hotel Internacional de Lhasa _ 4.000 kilómetros al oeste de Beijing _ dijo que la prohibición estaba vigente hasta el 8 de octubre.

Ningún extranjero llegó a su hotel el lunes y la tasa de ocupación el hotel había bajado entre 20% y 30%, dijo.

Fu Jun, un alto funcionario del departamento de publicidad del Partido Comunista en Tibet, dijo que no sabía nada de la prohibición.

China requiere a los extranjeros que obtengan un permiso especial para visitar Tibet y usualmente les impide acceso a todas las áreas de la minoría tibetana durante fechas que considera delicadas.

La región ha estado periódicamente prohibida para los extranjeros desde los disturbios de marzo del 2008, cuando tibetanos que protestaban contra el dominio de Beijing atacaron a inmigrantes y tiendas chinos, e incendiaron gran parte del distrito comercial de Lhasa.

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China TibetTsewang Phuntso

Oficial de Enlace para America Latina

OFICINA DEL TIBET

241 East 32nd Street

New York, NY 10016

Ex agente revela los métodos utilizados por el régimen comunista para infiltrarse en Occidente

Regalos, invitaciones, favores y chantajes son algunos de los métodos utilizados por el PCCh para influenciar a políticos occidentales, que se ven obligados a ceder ante las presiones de Beijing

Por Xin Fei – La Gran Época

Según Li Fengzhi, antiguo oficial de inteligencia del Ministerio de Seguridad del Estado del Partido Comunista Chino (PCCh), el régimen desarrolló una amplia red de espionaje en los Estados Unidos. Li anunció públicamente su renuncia al PCCh en marzo, y fue recientemente entrevistado por La Gran Época.

“El PCCh no escatimó en personal y recursos”, dijo. “Operó a través de sus consulados, de los órganos de seguridad nacional y otras organizaciones para enviar muchos agentes [a los E.E.U.U.] y desarrollar informantes en suelo americano”.

Influenciar a políticos en Occidente es una parte importante de las actividades del régimen en el extranjero – siendo el principal propósito lograr que estos políticos apoyen las políticas de Beijing en los momentos críticos. Otro propósito es influir en políticos para que permanezcan en silencio ante las violaciones de derechos humanos por parte del régimen.

Políticos chinos en el punto de mira

Li explicó que esto sucede especialmente con los políticos chinos en Occidente, y advirtió que estos políticos necesitan ser cuidadosos a la hora de trazar una línea clara entre el PCCh y China.

“Deben aferrarse a su conciencia y obedecer las leyes de los países donde se encuentran. Al mismo tiempo deberían hacer aquello que es verdaderamente beneficioso para los chinos”.

Éste añadió que el PCCh ofrece a menudo mucho dinero y popularidad a ciertos políticos, y al mismo tiempo, consiguen implicarse emocionalmente con ellos.  

“Los políticos que consiguen una elevada popularidad en los medios oficiales del PCCh son normalmente aquellos que están cerca del PCCh en privado, o que son protegidos por el PCCh. El PCCh no asciende o calumnia a alguien sin ninguna razón. Esta es una manera fácil de decir quiénes son los amigos del PCCh. Ocurre los mismo viendo a quién premia u honra el PCCh, o por quién hace campaña”, afirma Li.

“Esta persona probablemente está muy cerca del PCCh”.

Tácticas comunes

Li resumió una táctica común empleada por el PCCh: “Un agente u oficial del PCCh  invitará a un político en occidente a cenas o reuniones. Terminan conociéndose, lo cual facilita al agente del PCCh pedirle favores. Ocasionalmente, un funcionario de alto rango del PCCh cooperará en tal estrategia de inteligencia; una invitación de un funcionario chino de alto rango hará que los políticos occidentales promedio se sientan honrados y abrumados. El agente del PCCh tomará el control sobre el político occidental a partir de entonces”.

Otro método, según Li, es dirigirse a aquellas personas próximas a los políticos, desde la familia, a vecinos, personal de trabajo, y hasta fotógrafos de prensa.

“A través de estas personas, los agentes pueden incluso obtener cierta información o ejercer cierta influencia”.

“Sin embargo, cuando el aliciente no es suficiente, el PCCh  utilizará la coacción”, afirmó Li.

Una manera muy común de tender una trampa a un político de países occidentales incluye una investigación minuciosa de sus antecedentes para diseñar la trampa, dijo Li. Entonces, se invita al político a China, con la excusa de una reunión, una visita oficial, o una simple visita turística. Cuando el político llega a China, el agente lo seducirá con dinero o con intereses políticos.

“A veces la seducción involucra la vida personal del político”, dijo Li.

Después de que el objetivo cae en la trampa, el agente del PCCh utiliza la prueba para obligar al político a rendirse a la voluntad del PCCh. Muchas veces, cuando el político no cae en el cebo, los agentes acusan al político de algo que no hizo, presentando pruebas falsas creadas con tecnología moderna.

“Esto funciona muy bien con los occidentales”, dijo Li. “En la sociedad occidental, el futuro de los políticos en gran parte depende de su reputación. Los  políticos occidentales a menudo se quedan aterrorizados cuando se les tiende una trampa, temiendo que su carrera termine si el PCCh hace pública la ‘prueba’”.

Otros medios

Además de políticos, el régimen también tiene como objetivo a funcionarios de gobierno, empresas influyentes, grupos sociales, medios y otra gente no política u organizaciones que podrían influenciar a la política de sus países en ciertos temas.

“Los vigila estrechamente, a través de contactos públicos y privados, intenta analizar sus necesidades y debilidades”, dijo Li.

El PCCh también encuentra organizaciones occidentales y medios pro PCCh para ser sus portavoces. Estas organizaciones nacionales y medios tendrán más influencia directa en sus políticos, puesto que los miembros de tales asociaciones a menudo son ciudadanos locales.

El PCCh utiliza a miembros de comunidades chinas en el extranjero, y asociaciones de estudiantes chinos y académicas para trabajar para el régimen, con la excusa de servir a la nación china.

Li también dijo que hay un principio escrito en el Ministerio de Seguridad del Estado que dice que los agentes están autorizados para actuar como anti PCCh mientras sus objetivos sean proteger los interesas más importantes del partido.

“Algunos pueden criticar al PCCh”, dijo, “Pero cuando viene el momento crucial, se vuelven pro-PCCh y sus opiniones pueden ayudar enormemente al PCCh”.

Según Li, en la superficie, el régimen enfatiza la importancia de “proteger la amistad entre China y E.E.U.U.”, pero en realidad ve a los países democráticos occidentales como enemigos, y especialmente a Estados Unidos, lo ve como su enemigo principal.

“Prestar atención a China es bueno, pero eso no significa cortejar y ceder al PCCh”, concluye Li.

Li Fengzhi, ex agente comunista, celebra su renuncia al Partido Comunista Chino, junto con cincuenta millones de chinos, el 15 de marzo de 2009. (Lisa Fan/Epoch Times)

Li Fengzhi, ex agente comunista, celebra su renuncia al Partido Comunista Chino, junto con cincuenta millones de chinos, el 15 de marzo de 2009. (Lisa Fan/Epoch Times)

Elfreno a la justicia universal indigna a los magistrados

Monjes budistas protestan ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno chino por su represión en Tibet. - EFE

Monjes budistas protestan ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno chino por su represión en Tibet. - EFE

Elfreno a la justicia universal indigna a los magistrados

Los jueces instructores de la Audiencia Nacional consideran que la reforma pactada en el Congreso es “un paso atrás”, cuando España era en estos momentos “un referente mundial”ÁNGELES VÁZQUEZ -Público.es

MADRID – 25/05/2009 07:35

Los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, al menos la mayoría, consideran que la reforma pactada por algunos grupos en el Congreso para limitar la jurisdicción universal es “un paso atrás”, que hará posible la impunidad de crímenes contra derechos humanos universales y protegidos en todo el mundo. “España era un referente mundial.Y debería servir de ejemplo para que otros países hicieran lo mismo”, señalaron los consultados.

Pocos de los encargados de investigar en España el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, en Ruanda, Guatemala o Israel, comparten las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consistentes en que el límite pactado no supondrá un retroceso, sino una mejora. “Para nada va a reducir nuestro compromiso con la Justicia y la libertad”, añadió la dirigente socialista en el último consejo de ministros.

Incluso los que proponían limitar la jurisdicción tildan el acuerdo de chapuza

Sin embargo, eso precisamente es lo que temen en la Audiencia Nacional, donde se muestran “indignados” como ciudadanos, aunque como jueces aplicarán la ley sea cual sea. Como dijo tras su toma de posesión el flamante presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes: “Los jueces no podemos estar en lucha contra nada: aplicamos la legalidad”.

Aún no se sabe con certeza el alcance que tendrá la reforma en las causas abiertas en la Audiencia Nacional. Los más optimistas consideran que no afectará a ninguna. Otros, que sólo influirá en las relativas a China, en las que se investigan los crímenes cometidos contra el pueblo tibetano y los seguidores de la corriente Falun Gong, donde no se ha acreditado con la misma fuerza que en otros procedimientos la existencia de víctimas españolas.

La que ha provocado la reforma pactada, la abierta contra un ex ministro de Defensa y otros seis responsables militares israelíes por el lanzamiento de una bomba el 22 de julio de 2002, tampoco tiene de momento españoles como víctimas . Pero está previsto que próximamente un español se sume a la querella admitida a trámite por el juez Fernando Andreu.

Hay quien piensa que no hacía falta la reforma legal, sino más sentido común

Incluso los que en la Audiencia consideran que había que limitar la jurisdicción universal, porque entienden que carece de sentido abrir una investigación, con el coste que ello supone, sabiendo que será imposible juzgar a sus presuntos responsables, son críticos con la reforma. Califican de “chapuza” reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprovechando la modificación de las leyes necesarias para poner en marcha la oficina judicial. Una reforma “oculta”, que incumple los trámites previstos para reformar leyes orgánicas, sostienen.

Aunque también hay quien cree que no hacía falta una reforma legislativa, sino haber impuesto algo de sentido común a la hora de admitir a trámite querellas y denuncias.

La reforma pactada limita la jurisdicción española para investigar los delitos de genocidio, lesa humanidad o terrorismo, a varias condiciones. Es decir, “deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles”.

Práctica habitual

Añade que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá “cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país”, lo que implica que la jurisdicción española para perseguir estos delitos pasa a ser subsidiaria. Hasta ahora podía coincidir con otras investigaciones en otros países, pero era práctica habitual en la Audiencia Nacional preguntar al país en cuestión si existe algún procedimiento abierto. Así lo hizo Eloy Velasco con la querella de Guantánamo y Andreu, con la de Gaza.

Cinco jueces que investigan delitos de persecución universal

Santiago Pedraz
El titular del Juzgado número 1 investiga el genocidio del pueblo maya, la muerte del cámara José Couso y los crímenes contra la población tibetana.

Ismael Moreno
El juez del número 2 instruye la primera querella del Tíbet, la de Falun Gong y la del holocausto nazi. Tiene sobre la mesa otra querella sobre Gaza.

Fernando Andreu
El juez del número 4 investiga la querella presentada por el ataque de julio de 2002 en Gaza. Procesó a 40 militares ruandeses por genocidio.

Baltasar Garzón
El Juzgado número 5 investiga las torturas sufridas por ex presos de Guantánamo en la base estadounidense y el genocidio del pueblo saharaui.

Eloy Velasco
Al juez del 6 le correspondió la querella presentada contra los asesores de Bush e investiga el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas en El Salvador.

¿Quién teme a la justicia universal?

Amigos

Conviene saberlo, no solo es el caso del Tibet !!! Quieren cambiar nuestra ley para que haya menos justicia y mas impunidad en el mundo !!! Asi de claro.

La argumentacion para esta maniobra es vergonzosa legal y eticamente, y parte de las pataletas diplomaticas de paises poderosos afectados, de la ignorancia, de la manipulacion politica, de los intereses economicos y de la pasivida de todos.

Estos dos brillantes articulos explican el contexto de la verguenza politica que se esta tramando para limitar y ahogar la Justicia Universal y todos los casos abiertos en la Audiencia Nacional incluidos por supuesto los del Tibet.

Como se dice vulgarmente, se puede decir mas fuerte pero no mas claro.Y nadie mas experto y con mas experiencia que:

Jose Antonio Martin Pallín (Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas) y Manuel Ollé (Profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE) para decirlo.

Aun asi es debemos saberlo y decirlo todos, cada uno en su circulo, cada uno a su manera.

Un abrazo

Alan Cantos

POR FAVOR DIVULGAD A LOS CUATRO VIENTOS !!

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http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=614962&idseccio_PK=1006

23/5/2009 Edición Impresa LA PERSECUCIÓN DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

¿Quién teme a la justicia universal?

No podemos convivir impasiblemente con hechos tan insoportables como el genocidio

JOSÉ ANTONIO Martín Pallín*

La jurisdicción universal abre la posibilidad de juzgar, en la mayor parte del mundo, crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad y de cualquier sociedad civilizada.

Su origen más cercano se encuentra en los juicios de Núremberg, que en su tiempo merecieron la entusiástica aprobación y reconocimiento de los estados que ahora se irritan o se muestran diplomáticamente molestos ante la apertura de procesos dirigidos a exigirles responsabilidades por hechos hoy elevados a la categoría de delitos contra la humanidad.

Lo que el tribunal militar aliado de Núremberg tuvo que construir sobre la marcha –eso sí, con materiales nobles que han resistido el paso del tiempo– más adelante fue asumido por las Naciones Unidas en las reglas de Núremberg y hoy lo tenemos plasmado, en forma de ley, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional firmado por la abrumadora mayoría de países integrados en las Naciones Unidas, con llamativas reservas a su jurisdicción formuladas por países como Estados Unidos o China.

La jurisdicción universal no se dedica, como tramposamente se intenta trasmitir a la opinión pública, a investigar toda clase de delitos como si se tratase de una especie de juzgado de guardia global. La jurisdicción universal está delimitada por la específica regulación de las leyes nacionales y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

No podemos convivir impasiblemente con hechos tan insoportables como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. No se trata de perseguir conductas aisladas de tortura, asesinatos, desaparición forzada de personas o ejecuciones extrajudiciales u otros de carácter similar que ocasionen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la salud física y mental de las personas, sino aquellas que, como dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional, firmado y aceptado por España, se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil.

Solo los que empleen estos métodos pueden temer a la jurisdicción universal. Me parece lógico que los gobiernos, que firman tratados para comprometerse a cumplirlos, prefieran que su país no se vea envuelto en un conflicto diplomático que comprometa su real politik. Pero no pueden ir más allá de la demostración de una cierta incomodidad para después defender a sus jueces, cuya independencia está por encima de las relaciones coyunturales con otro país. Sea este una potencia mundial, un Estado africano, un dictador árabe o asiático o un gobernante de la antigua Yugoslavia.

En España no se puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal, avalada por las leyes y ratificada por nuestro Tribunal Constitucional corrigiendo el voto mayoritario del Tribunal Supremo, en el caso de Guatemala, y proclamando que la justicia universal no tiene condicionamientos ni limitaciones por razón de país o sujetos activos o pasivos del delito.

Se puede comprender que el presidente del Gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores se sientan incómodos ante iniciativas judiciales. También resulta coherente la toma de postura de muchos columnistas que descargan sus fobias contra jueces sistemáticamente acosados por tomar decisiones incómodas. Pero no podíamos pensar que al ataque se sumasen las más altas instituciones del Poder Judicial. El presidente del Supremo tiene que ser un guardián del sistema y medir sus declaraciones. No somos los gendarmes del mundo. No tenemos peleas diplomáticas diarias y algunas iniciativas sí han prosperado. Además, aunque sea por rescatar la realidad, el caso Scilingo ha llegado a buen puerto y se está ejecutando la sentencia.

El fiscal general del Estado ha llegado a decir que los jueces de la Audiencia Nacional, que admiten estas querellas, son unos juguetes en manos de los que las presentan.

En el caso de la base de Guantánamo, su posición ha ido más allá al considerar que la querella es fraudulenta. No opinan lo mismo prestigiosos abogados norteamericanos y asociaciones de derechos civiles de ese país. Incluso el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Estados Unidos se ha mostrado partidario de la iniciativa española.

El Gobierno israelí ha descalificado la denuncia por los sucesos de Gaza, pero oculta que un general de su Ejército fue retenido en Londres a bordo de un avión de su nacionalidad, advirtiéndole de que si descendía le detendrían. Como es lógico, no bajó y retornó a su país.

No corren actualmente buenos tiempos para la jurisdicción universal. Los malos presagios se han confirmado y el reciente acuerdo entre los partidos mayoritarios para modificar su regulación es un síntoma preocupante. Condiciona la persecución en España a que el acusado se encuentre en nuestro territorio o que la víctima sea de nacionalidad española. En definitiva, significa volver al siglo XIX y rescatar los principios de la aplicación extraterritorial de la ley penal española. Las víctimas son universales, y discriminarlas por su nacionalidad limita sus posibilidades de pedir justicia y poner coto a la impunidad. ¿Ha cambiado la política de protección de las víctimas?

Como siempre, los poderosos son elogiados y obedecidos (Estados Unidos e Israel), y los pueblos, despreciados. Ya lo decía Maquiavelo hace varios siglos.

* Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

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EL PAÍS

TRIBUNA: MANAUEL OLLÉ SESÉ *

El avance de la justicia universal

MANAUEL OLLÉ SESÉ 23/05/2009

La hoja de ruta para limitar la práctica de la justicia universal en España es una lamentable realidad. El Congreso acaba de aprobar una propuesta de resolución por la que se pretende reducir su ejercicio a los casos en los que los presuntos responsables se encuentren en España o que existan víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde sucedieron los hechos no esté procediendo a su “persecución efectiva”. Es la culminación formal de las recientes críticas a la Audiencia Nacional: ¿por qué está enjuiciando las torturas de Guantánamo, los vuelos de la CIA, la masacre de Gaza, la represión del Tíbet o de los miembros de Falun Gong, los genocidios de los pueblos guatemaltecos o saharauis, el asesinato del periodista Couso o los de los jesuitas en El Salvador, o los crímenes de Mauthausen?

Los argumentos vertidos para desterrar la aplicación de este principio de justicia penal internacional son variados y alguno poco riguroso: técnico-jurídicos, económicos, de política exterior, de falta de capacidad de nuestros tribunales para asumir esa carga de trabajo en detrimento de nuestra justicia o incluso sobre el egocentrismo o protagonismo de algunos jueces.

La paradoja es sorprendente. En España, el principio de justicia universal se ha aplicado sin controversia alguna hasta el inicio de los casos Pinochet y Argentina en 1996. Todos saludábamos con satisfacción que los jueces de la Audiencia Nacional abordaran en aguas internacionales barcos cargados de droga, cuando ni siquiera el destino del cargamento fuera España ni existiera nexo alguno de los hechos, buque o tripulación con nuestro país. Por el contrario, el aplauso a los jueces y fiscales, en la persecución del narcotráfico, se torna injustificadamente en censura cuando se trata de enjuiciar crímenes contra la humanidad que desgarran el corazón de los Derechos Humanos.

La razón no es otra que el indudable componente político afecto a las circunstancias en las que se cometen estos horrendos crímenes, en su mayoría desde las estructuras de poder de iure o de facto.Y, precisamente, desde los países donde se ejecutaron los hechos se despliegan todo tipo de estrategias para garantizar la insoportable impunidad de sus autores y partícipes. En el ámbito interno, dictan leyes de auto impunidad; y, en el externo, orquestan inadmisibles estrategias políticas y diplomáticas, que terminan surtiendo efecto, y muy especialmente cuando provienen de los Estados poderosos, a costa de los Derechos Humanos.

Buena muestra de ello han sido las actuales presiones de Israel o Estados Unidos al Ejecutivo español para cerrar como fue-re los casos que les afectaban, además de permitirse rechazables ataques a los jueces Garzón, Pedraz y Andreu.

La interesada devaluación de este principio internacional se corresponde con un equivocado enfoque desde el Derecho interno, cuando el análisis debe efectuarse desde el Derecho internacional, singularmente mediante el compromiso adquirido en diferentes convenios (por ejemplo, Genocidio, Tortura o Convenciones de Ginebra), al que nos debemos. Éste, por un lado, desde épocas remotas, ha fundado el principio universal en la naturaleza de los delitos, su extrema gravedad, y, consecuentemente, en el compromiso internacional para su persecución. Cada vez que se comete un crimen internacional de primer grado resulta lesionada su víctima, pero también toda la comunidad internacional es ofendida. Y, por otro lado, para la aplicación de este título jurisdiccional es innecesario, según el Derecho internacional, como recordó nuestro Tribunal Constitucional (STC 237/05), cualquier punto de conexión como la presencia física de sus responsables en España o que las víctimas sean españolas.

La Corte Suprema de Israel, hoy detractora de la justicia universal, en el caso Eichmann, basándose en el principio de competencia universal, resaltó que “el derecho del Estado de Israel a castigar al acusado derivaba de una fuente universal -patrimonio de toda la humanidad- que atribuye el derecho de perseguir y castigar los crímenes de esta naturaleza y carácter, porque afectan a la comunidad internacional, a cualquier Estado de la familia de naciones, y el Estado que actúa judicialmente lo hace en nombre de la comunidad internacional”.

El consenso para el enjuiciamiento de estos crímenes, cimentado después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en el Derecho de Núremberg, aunque congelados en la Guerra Fría, se rescató con la creación de los Tribunales Penales Internacional especiales (ex Yugoslavia o Ruanda), de tribunales mixtos (como los de Sierra Leona o Líbano) y, especialmente, con la instauración de la Corte Penal Internacional (CPI). Tribunal, este último, llamado a ser el verdadero órgano universal de enjuiciamiento de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

Estos tribunales supranacionales, sin embargo, no colman las exigencias de justicia. Las limitaciones con las que nacieron -por razón del tiempo en el que los hechos se cometieron, del lugar o del tipo de crimen- han desembocado en insalvables impedimentos para sentar en sus banquillos a los responsables de tan repugnantes crímenes. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, sólo puede enjuiciar hechos cometidos con posterioridad al 1 de julio de 2002 y que afecten a situaciones de países que han ratificado su Estatuto.

Este insatisfactorio escenario judicial internacional traslada, por imperativos del Derecho internacional, el deber de combatir la impunidad y la violación de los Derechos Humanos a los tribunales nacionales. Los órganos judiciales de Francia, Bélgica, Alemania, Canadá, Senegal o España, entre otros, lo han demostrado.

En nuestro caso, el desarrollo del principio universal y su aplicación por nuestros tribunales ha sido, tal vez, la mayor aportación a la comunidad internacional en la defensa de los Derechos Humanos.

Si existe anuencia por parte de los Estados en que hay que juzgar a los grandes criminales, ¿por qué éstos no cumplen su obligación de juzgar los crímenes internacionales (ius cogens) cometidos por sus ciudadanos? La respuesta, si no quieren soportar un juicio en terceros países o tribunales supranacionales, es sencilla. Deberán no sólo incoar un procedimiento penal, sino demostrar -lejos de aparentar o maquillar simuladamente la existencia de un caso abierto- que se está practicando una auténtica y eficaz investigación judicial ante sus tribunales. En caso contrario, intervendrán los tribunales internacionales o los nacionales de terceros países en aplicación del principio de justicia universal.

Sin embargo, estas premisas de Derecho internacional se soslayan por aquellos Estados que buscan perpetuar una intolerable impunidad. No juzgan o no lo hacen de acuerdo con los estándares del proceso debido, se oponen a las “injerencias” de la justicia universal y no firman el Estatuto de la Corte Penal Internacional o no aceptan su competencia.

Este déficit no puede ser soportado por las víctimas. Éstas gozan del derecho a la justicia, y la comunidad internacional está obligada a procurarlo. Ante la ausencia de un tribunal penal internacional plenamente efectivo y eficaz, el principio de justicia universal, ejercido en cualquier país, no sólo en España, es hoy el instrumento imprescindible para la persecución de los más graves crímenes internacionales que destrozan la dignidad de las personas.

* MANAUEL OLLÉ SESÉ es Profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE.

China conmemora el polémico “Día de la Emancipación de los Siervos” en Lhasa

Monjes tibetanos en el exilio y otros partidarios pro-Tíbet participan en una vigilia contra China

Monjes tibetanos en el exilio y otros partidarios pro-Tíbet participan en una vigilia contra China

Tibetanos en el exilio queman una bandera china durante una protesta organizada en Nueva Delhi, India, contra la celebración del Día de la Emancipación de los Siervos, en Tíbet.

Tibetanos en el exilio queman una bandera china durante una protesta organizada en Nueva Delhi, India, contra la celebración del "Día de la Emancipación de los Siervos", en Tíbet.

Con una ceremonia en Lhasa, capital del Tíbet, el Gobierno chino inició hoy la conmemoración del “Día de la Emancipación de los Siervos”, una fiesta con la que Pekín quiere reivindicar su papel “liberador” en la región autónoma pero que el exilio tibetano califica de “celebración de 50 años de opresión”.

Según esa fuente, asistieron unas 13.000 personas, y aunque los medios chinos dieron amplia cobertura a la celebración, la prensa extranjera, que continúa teniendo vetado el acceso al Tíbet, no fue invitada a la ceremonia.

En el acto inaugural, “representantes de antiguos siervos, soldados del Ejército de Liberación Popular y estudiantes leyeron discursos”, mientras la bandera nacional china era izada frente al Palacio Potala, símbolo de Lhasa y antigua residencia del Dalai Lama (huido precisamente hace 50 años).

Un día antes, el presidente chino, Hu Jintao, aseguró que los últimos 50 años han marcado “la transformación social más extensa, profunda y progresista en el Tíbet”, en un discurso citado por Xinhua.

La fiesta comunista es una respuesta a la celebración por parte de los exiliados tibetanos, el pasado 10 de marzo, del 50 aniversario de la rebelión de la población del Tíbet contra el régimen comunista.

Por ello, organizaciones tibetanas en el extranjero y el entorno del Dalai Lama consideran la fiesta de hoy una provocación de Pekín:

“Se trata de una fiesta altamente provocativa” que “celebra 50 años de opresión”, aseguró en un comunicado Estudiantes por un Tíbet Libre, una de las organizaciones que hoy ha convocado protestas en ciudades como Nueva York, París, Londres y Dharamsala (residencia actual del Dalai Lama en la India).

El 28 de marzo de 1959, ocho años después de que el Ejército Popular de Liberación comunista entrara en el Tíbet, y una vez huido el Dalai Lama, Pekín ordenó la disolución del gobierno local tibetano para reemplazarlo con uno afín al régimen comunista.

Los tibetanos en el exilio defienden que la región era independiente en la primera mitad del siglo XX hasta que el Ejército comunista la invadió en 1951, mientras que China sostiene que su soberanía sobre el “Techo del Mundo” se remonta a la dinastía Yuan (siglo XIII).

La celebración de hoy es la culminación a un mes de altas tensiones en el Tíbet y entre Pekín y Dharamsala.

China defiende que el Tíbet era antes de 1959 una sociedad feudal, gobernada por líderes religiosos y que la imposición del comunismo en la región ha traído, 50 años después, desarrollo y estabilidad a la zona, pese a que aún es una de las áreas más pobres del gigante asiático.

Los tibetanos en el exilio en cambio opinan que la imposición del comunismo en la región se saldó con la destrucción de monasterios y de gran parte de la cultura del Tíbet, además de la muerte de miles de personas -algunas organizaciones incluso hablan de un millón de muertos- en épocas como la Revolución Cultural o tras la represión de las revueltas de 1959, 1989 y 2008 en Lhasa.

Durante este mes de marzo, el Gobierno chino ha combatido estas acusaciones y las llamadas a reivindicar la independencia del Tíbet con una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en la región y aumentando la prohibición de periodistas foráneos también a zonas de etnia tibetana fuera de la región autónoma.

Además, la propaganda china ha emitido todos los días en los medios de comunicación nacionales informaciones que destacaban la estabilidad en la región y la permanencia de su cultura.

Pese a ello, el mes no ha estado exento de incidentes, y la propia prensa oficial china informó de enfrentamientos entre policía y monjes tibetanos en un monasterio -que acabó con el intento de inmolación de un religioso- o la colocación de dos artefactos explosivos en zonas de población tibetana.

También, la semana pasada, se informó del ataque de una multitud de tibetanos a una comisaría donde un monje permanecía detenido.

La jornada de hoy también estuvo marcada por la intervención en el II Foro Budista Mundial de Wuxi (este de China) del Panchen Lama, “número dos” del budismo tibetano y cuya identidad también genera tensiones entre Pekín y Dharamsala.

Los tibetanos en el exilio lo consideran un “títere de Pekín” y reconocen como su Panchen Lama a otro joven, de 20 años, nombrado por el Dalai Lama en los años 90 y en paradero desconocido.

El Panchen Lama “pro Pekín” aseguró en el acto de hoy que China disfruta de libertad religiosa.

Hermana del Dalai Lama: “Estamos muy decepcionados, todos estos políticos parecen en un cierto modo un poco enamorados de China y no podemos hacer nada contra eso”

Hermana del Dalai Lama critica a China sobre DD HH

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La hermana del Dalai Lama, Jetsun Pema, lamentó este viernes que China no haya protagonizado avances en el terreno de los Derechos Humanos, a pesar de que había conseguido el éxito de su candidatura olímpica con esa condición.

“Al principio, China pudo obtener los Juegos Olímpicos con la condición de tener que tratar los problemas de los Derechos Humanos, pero finalmente, una vez ganada la pugna, no ha pasado nada y no se ha vuelto a hablar del tema”, lamentó en una rueda de prensa en la localidad francesa de Saint-Martin-de-Re.

La hermana del Dalai Lama estaba invitada a un acto cultural con motivo de la financiación de la primera universidad tibetana en India, donde acaba de montar una fundación, con sede en Bangalore.

“Para nosotros, es realmente muy decepcionante ya que muestra que los asuntos financieros y comerciales tienen más importante que los valores humanos. Para los tibetanos, los valores humanos van siempre primero y encontramos esto realmente muy triste”, comentó.

“Estamos muy decepcionados, pero finalmente todos estos políticos parecen en un cierto modo un poco enamorados de China y no podemos hacer nada contra eso”, añadió.