EN FAVOR DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

MANIFIESTO del CAT – Comité de Apoyo al Tíbet

EN FAVOR DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Junio 2009

PP y PSOE se ponen de acuerdo para intentar ahogar el principio de justicia universal favoreciendo así más impunidad en el mundo.

Está claro. Han bastado un par de quejas diplomáticas – y quizá algo mas que no sabemos – de países poderosos sobre procesos judiciales en marcha en España para que el congreso se ponga de acuerdo en marcha para demoler más de una década de éxitos y avances en la justicia internacional. PP y PSOE, que no se ponen de acuerdo ni en la hora del dia, se alían e intentan cambiar una ley orgánica y enmendar una articulo (el 23 que recoge gravísimos crímenes internacionales). Todo esto con un claro punto de rapidez y nocturnidad que también borde la ilegalidad para que no trascienda, ni se entienda por la opinión pública. Todo esto en contra de nuestro mas alto Tribunal, el Constitucional cuya sentencia del de 2005 dejó meridianamente clara la ilegalidad de limitar la Justicia Universal con “el nexo nacional”, “la lejanía” , “la ajeneidad y las víctimas españolas”. Se diría que los que insisten en estas limitaciones están movidos por otras motivaciones o no saben leer. La Justicia Universal es universal no solo para españoles y vecinos cercanos, y los Crímenes contra la Humanidad son contra la Humanidad no contra ciudadanos o intereses españoles.

A la vista de la resolución parlamentaria de cambiar la ley y la cantidad de artículos, editoriales y comentarios que la han precedido en todos los medios de comunicación, constatamos con alarma y preocupación los siguientes puntos:

La planificación de este proceso implica un golpe mortífero a la separación de poderes en la democracia española y un retroceso en la justicia internacional y universal.

Básicamente se esta planificando políticamente que haya menos justicia y más impunidad en el mundo.

TIBET:

Siendo así y tomando como ejemplo el caso del Tíbet, y habida cuenta que ningún querellado chino se encuentra en territorio español, ni que víctima alguna del genocidio tibetano es española, esta causa quedaría archivada. ¿Esta probable decisión, en caso de seguir adelante la reforma iniciada, “reafirma el compromiso de este gobierno con la justicia universal”, tal y como ha afirmado la Vicepresidenta De la Vega? ¿Dónde acudirán víctimas como las tibetanas, que tienen las puertas de la justicia cerradas en su propio país ocupado, en el Tribunal Penal Internacional que China no reconoce y ahora su única luz de esperanza se desvanece? ¿Cómo un gobierno, impulsor de la alianza de civilizaciones, cuyo eje debe ser el Derecho Internacional, y que cuando se encontraba en la oposición en su día, salía a la calle para exigir la extradición de Pinochet y para denunciar firmemente la guerra de Irak, hoy bloquea el enjuiciamiento de estos crímenes y apuesta descaradamente por la impunidad?¿Qué ha sucedido para que los argumentos jurídicos del fiscal general del Estado en favor de la justicia universal (véase El País del 21 de noviembre de 2004 p. 26, “El fiscal defiende que España pueda juzgar los genocidios sin restricciones”) hayan dado un vuelco de 180 grados?¿A qué y a quién obedece ese giro? Difícilmente se ha podido pensar en los muertos en el genocidio de Ruanda y Guatemala, a los argentinos arrojados al mar, a los chilenos masacrados por la dictadura de Pinochet, a los niños palestinos asesinados en Gaza y a las mujeres tibetanas esterilizadas y torturadas hasta la muerte por defender la no violencia.

Lo más vergonzoso es que ni siquiera se intenta ocultar que la motivación es diplomática y económica, y rara vez se menciona nuestra ley, que recoge estos crímenes gravísimos (Articulo 23 de la LOPJ), ni la sentencia del Tribunal Constitucional del 2005 que ampara la aplicación de la JU sin limitaciones y demás compromisos del Estado con los Convenios y la leyes internacionales.

La inmensa mayoría de los comentarios jaleando o justificando “la necesidad” de limitar la JU” denotan un desconocimiento del derecho internacional, del funcionamiento de la justicia en general y de la Audiencia Nacional en particular.

En la manipulación de los argumentos en esta supuesta “necesidad” de limitar la JU se repiten ad nauseam las frases de la “indignación diplomática” , “las graves repercusiones políticas”, la amenaza o simple miedo cerval de “pérdida de contratos” y de amistad con estos países poderosos, cuando en la realidad esto nunca ocurre, pero se ha convertido en un “tópico mediático y político” que todo el mundo repite como loros. No hay prácticamente precedentes excepto alguna reunión cancelada o pospuesta; es una gran burbuja de miedo y mentira que dura lo que un titular de periódico.

Con todo esto aflora la opinión personal o editorial tan respetable como peligrosa y manipuladora cuando no se sustenta en una argumentación rigurosa conforme al Derecho Internacional. Se mezcla el impacto social o político de algunos casos con la generalidad desvirtuando la función misma de la Audiencia Nacional. La ironía, la crítica poco constructiva y el ataque personal a jueces por un caso en particular se mezcla con descalificaciones de todo el sistema.

Una vez más se venden periódicos día a día con falsas polémicas, falsas amenazas, falsos tópicos y miedos libres. Algunos altos cargos describen despectivamente a los casos de justicia universal que persiguen los crímenes más horrendos como “casos exóticos”, el propio Fiscal General del Estado que en sus días de juez del Tribunal Supremo mantenía lo contrario ahora describe a la Audiencia Nacional como posible “juguete” de las ONGs. Nunca se menciona a la víctimas, ni los avances en justicia conseguidos directa e indirectamente gracias al coraje de abogados y jueces, y tampoco menciona el positivo efecto en la democratización y reconciliación de los pueblos, el consuelo de la víctimas ni la necesidad del “nunca más”.

Limitar la justicia, en medicina equivaldría a discriminar a enfermedades y enfermos como nacionales (a los que hay que cuidar), o “lejanos o exóticos” a los que hay que rechazar.

Por todos estos síntomas de falta de rigor en la información y su efecto en la opinión de gobernantes y público, que amenazan con hacernos retroceder en los grandes avances conseguido en la Justicia Internacional y Universal:

Manifestamos nuestro apoyo a la Justicia Universal a través de los siguientes argumentos:

– Se quiera o no del tenor literal del artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.) y de la interpretación que hizo el TC por partida doble, en el caso Guatemala y Falun Gong, se establece que la jurisdicción española es competente para conocer una serie de crímenes internacionales con independencia del lugar de la comisión del delito y de la nacionalidad de las víctimas y de los presuntos responsables; no siendo esto una resolución que la hayan decidido unos jueces de forma unilateral, sino que es un compromiso compartido por toda la comunidad internacional.

– La complementariedad es el principio que debe imperar entre las jurisdicciones penales nacionales y la Corte Penal Internacional. Siendo así, el artículo 17 del Estatuto dispone que la Corte debe intervenir en un asunto cuando un Estado no pueda o no quiera ejercitar su jurisdicción

– Para aquellos que ven en el efectivo ejercicio de la jurisdicción universal un peligro para los Estados o las relaciones diplomáticas, debe recordarse que estos crímenes universales están penalmente sancionados desde los juicios de los Tribunales de Nüremberg y que ya entonces, la prohibición de su comisión ha sido una norma de general aplicación para todos los Estados al ser un norma de ius cogens, y así pues a nadie debiera sorprender su aplicación.

– Estos procesos de jurisdicción universal suponen una fuerte apuesta por la “política de la justicia” instigada por la acción individual de las víctimas, y con ello no se están persiguiendo los objetivos políticos a los que se ven abocadas en muchas ocasiones las relaciones interesadas de los Estados y de sus máximos dirigentes, sino que con ello se consigue, tal y como asegura el Consejo de Justicia de la Unión Europea (Decisión 2003/335/JHA de 8 de Mayo de 2003), el procesamiento y castigo de los responsables de crímenes internacionales.

– Lo decisivo es que este ejercicio de la jurisdicción universal por parte de las víctimas y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos reestablece de forma directa la voluntad popular y la solidaridad universal en materia penal y limita la soberanía de los Estados en este contexto. Con todo ello se está aludiendo al elemental razonamiento democrático por el cual “La ley internacional aún protege la soberanía, pero – sorprendentemente – la soberanía del pueblo, no la del soberano.”

– En todo caso, y a modo de conclusión, los creadores de opinión pública, juristas y políticos detractores de esta jurisdicción universal, tal y como denuncia el fiscal anticorrupción y pionero en la lucha contra la impunidad, Carlos Castresana, “ciegos al mundo de los valores, sumisos a las relaciones de poder y dominación, e insensibles a la ubicación de las soluciones jurídicas en el tiempo, para atender a las necesidades humanas cambiantes”, no deberían perder de vista los valores a los que apelan las víctimas y la ciudadanía a través de acusaciones particulares y la actio popularis; valores y principios, no sólo éticos, sino jurídicos, que deben ser en la práctica la base inspiradora y reguladora de todo el orden internacional, más allá de toda conveniencia política y de los mercados.

Mandar vuestra adhesión a nuestro manifiesto y los dos casos del Tibet en la Audiencia Nacional, con una simple respuesta a alan.cantos@ainco.es con vuestro nombre y el de vuestra organización, con la palabra APOYO en el texto.

FIRMADO

José Elías Esteve Moltó, abogado redactor de las querellas del Tibet, Vice-presidente del CAT (Comité de Apoyo al Tibet), Doctor y Prof. en Derecho Internacional U. de Valencia)

Alán Cantos, director del CAT (principales querellantes) y coordinador internacional del caso Tibet.

CAT- Comité de Apoyo al Tíbet. Tel. (0034) 91 35024 14 info@tibetcat.comhttp://www.tibetcat.com

LISTADO DE EXPERTOS Y ORGANIZACIONES QUE APOYAN EL MANIFIESTO

Expertos Legales:

Manuel Ollé Sesé (profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE

Almudena Bernabeu (Abogada internacional, directora del Proyecto Legal de Latinoamérica y España, Center for Justice and Accountability, California, EE.UU.)

Carlos Slepoy (Abogado a cargo de la acusación en España del caso Scilingo (Argentina) que termino con la primera sentencia firme transnacional de crímenes contra la humanidad).

José Elías Esteve Moltó (Doctor y profesor en Derecho Internacional . Autor del libro “Tíbet: La frustración de un estado. El genocidio de un pueblo”.

Tibet Justice Centre (Berkeley , California, USA) (Legal experts on Tibet)

Eva Herzer (Experta abogada en el caso del Tibet, USA)

Y numerosos abogados y juristas involucrados en casos de Justicia Universal en Espña y en todo el mundo.

Apoyan:

International Tibet Support Network (ITSN) 165 Organizaciones en todo el mundo

Casa del Tíbet, Barcelona, Spain

Gu Chu Sum (Tibetan Political Prisoners Org)

Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD)

Tibetan Youth Congress (TYC)

Wei Jingsheng Foundation

Friends of Tibet, India

Students for a Free Tibet (SFT) International

SFT – India

SFT – France

SFT – UK

Free Tibet Campaign, London

Casa del Tíbet, Barcelona, Spain

Casa del Tibet, Mexico

Stottekomiteen for Tibet, (Tibet Support Committee, Denmark)

Australia Tibet Council, Australia

France-Tibet, France

Tibet Support Committee, Copenhagen

Canada Tibet Committee, Canada.

Tibet Support Group – Ireland

Save Tibet, Austria

Friends of Tibet, San Diego, US

Friends of Tibet, New Zealand

Tibet Michigan, USA

Zida Cels, Latvia

Asociación Cultural Tibetano-Costarricense, Costa Rica.

International Tibet Independence Movement (USA)

Tibet Society of the UK

Lions des Neiges Mont-Blanc, France

Tibet Community of Britain

Olympic Watch

Autodétermination-Tibet

Tibetan Women Association

Kathmandu Tibetan Women´s Welfare Group

Independent Tibet Network, USA

Tibet Destination Rangzen, Marseille France

Claude Levenson (Periodista y biógrafa del Dalai Lama)

Fundación “Le Club Français”, Francia

“Pensando en Tíbet” Zona Occidente, Morelia, Michoacán, México

Drôme Ardèche – Tibet, France

Buen Corazón A.C. (México)

Tibetanos piden a líderes de UE que resistan presión china y reciban al Dalai

Tibetanos piden a líderes de UE que resistan presión china y reciban al Dalai

  • EFE
  • ,
  • Bruselas

Activistas tibetanos han solicitado hoy en Bruselas que la Unión Europea (UE) adopte una posición conjunta sobre el Tíbet, pues así estará mejor preparada ante los intentos del Gobierno chino de boicotear los eventuales encuentros entre el Dalai Lama y los líderes de los Estados miembros.

Dos días antes de la celebración en Praga de la cumbre entre China y la UE -la primera después de que Pekín anulara una cita prevista en diciembre en protesta por un encuentro entre el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con el Dalai Lama-, varios miembros de la Campaña Internacional por el Tíbet (ICT, en sus siglas en inglés) han solicitado una posición coordinada de los Veintisiete.

El director de política europea en ICT, Vincent Metten, ha explicado que a finales de este mes está previsto que el jefe religioso tibetano y Premio Nobel de la Paz visite Dinamarca, Holanda y Francia.

Mientras que el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, ya ha confirmado que recibirá al Dalai Lama el próximo 29 de mayo, jefe del ejecutivo holandés, Jan-Peter Balkenende, ha anunciado que no se reunirá con él, un mes después de que el embajador chino enviase una carta al Parlamento holandés expresando su oposición al encuentro.

“La falta de cohesión entre los Estados miembros, especialmente sobre el protocolo para recibir al Dalai Lama, ha hecho que algunos países sean más vulnerables ante la presión del gobierno chino”, ha explicado el activista.

Desde ICT, han reclamado a la UE que abandone la “ambigüedad” y la “comodidad” que le ha caracterizado hasta ahora a la hora de abordar la cuestión del Tíbet.

Han demandado a los Veintisiete que coordinen sus posturas nacionales y definan una línea de actuación comunitaria en favor del Tíbet.

Además, han señalado que una asociación estratégica real entre el gigante asiático y los Veintisiete no será posible hasta que no se resuelvan algunos temas clave, como es el respeto de los derechos humanos.

“La realidad es que, durante más de un año, el gobierno chino se ha embarcado en un extenso proceso de encubrimiento de las torturas, desapariciones y asesinatos que se han sucedido en Tíbet como respuesta a una serie de protestas pacíficas contra Pekín”, han precisado desde ICT.

Así mismo, los tibetanos piden a la UE que promuevan de una manera activa y concreta las negociaciones entre Tíbet y China, hasta ahora ineficaces, y han sugerido a la UE el nombramiento de un representante especial para China y el Tíbet.

Pedraz imputa 203 muertes en Tíbet a tres ministros chinos

Pedraz imputa 203 muertes en Tíbet a tres ministros chinos

Velasco pregunta a EE UU si está investigando Guantánamo

Permítame viajar a su país para interrogar a tres de sus ministros. Eso es lo que, en esencia, solicitó ayer al Gobierno chino el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El magistrado aprecia indicios de delito en la actuación de los titulares de Defensa, Lian Guanglie; de Seguridad del Estado, Geng Huichan, y Seguridad Pública, Meg Jianzhu, al haber ordenado presuntamente junto con otros cargos militares y del Partido Comunista Chino “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana” desde el 10 de marzo de 2008. Esos actos de represión causaron 203 muertes, más de 1.000 heridos y 5.972 detenciones ilegales.

La decisión de Pedraz llega en medio de una lluvia de críticas contra los casos de jurisdicción universal. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, pidió el lunes una reforma legal que limitara este tipo de asuntos. El Gobierno tampoco la ve con buenos ojos tras varios choques diplomáticos con los países investigados.

El juez Pedraz, que inició su investigación en agosto, tres días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, considera que los hechos que se imputan a esos tres ministros, al secretario del Partido Comunista Chino en Tíbet y al general al mando del Ejército en Lhasa, la capital de esa región autónoma, constituirían un delito de lesa humanidad “dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de normas internacionales y las torturas denunciadas” contra la población tibetana. Esa población constituye “un colectivo perseguido” por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o religiosos “inaceptables con arreglo al derecho internacional”.

Por otro lado, Eloy Velasco, en cuyo juzgado ha recaído la querella presentada contra los juristas que idearon la prisión ilegal de Guantánamo -entre ellos el ex fiscal general de George W. Bush, Alberto R. González- solicitó ayer a EE UU que le informe sobre si existe alguna investigación penal por esos mismos hechos en ese país antes de decidir si abre su propia causa. Velasco considera, sin embargo, que debe ser EE UU el que investigue esos crímenes por la nacionalidad estadounidense de los querellados y por el mejor acceso a las pruebas en ese país. Si Velasco abre finalmente la investigación, lo hará en contra del criterio del fiscal que, el 17 de abril, pidió el archivo porque los querellados eran “simples asesores sin responsabilidad de decisión” que redactaron “informes no vinculantes”, pero no adoptaron decisiones ejecutivas.

La Audiencia Nacional mantiene vivas en sus seis juzgados de instrucción un total de 14 causas de jurisdicción universal que afectan a dirigentes de ocho países, entre ellos Israel, Ruanda, Guatemala, El Salvador o Marruecos.

Pedraz imputa a tres ministros chinos por la represión en Tíbet

Pedraz imputa a tres ministros chinos por la represión en Tíbet

MADRID (Reuters) – La Audiencia Nacional ha imputado a tres ministros del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad durante las revueltas sofocadas en Tíbet en marzo de 2008, según documentos judiciales difundidos el martes.

El juez Santiago Pedraz había admitido a trámite en agosto una querella del Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa contra los tres ministros y otros cinco altos cargos del Gobierno chino.

Esa querella señala que desde el 10 de marzo de 2008 “las autoridades políticas y militares chinas dirigieron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana, causando, al menos, 203 muertos, más de mil lesionados y 5.972 detenidos ilegales”.

Esos hechos, según el Código Penal español, constituirían un crimen contra la humanidad contra un colectivo, el tibetano, “perseguido por las autoridades citadas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género”, por lo que Pedraz solicita poder viajar a China para interrogar a los altos cargos militares.

El magistrado pide a las autoridades chinas que notifiquen los cargos al ministro de Defensa, Lian Guanglie; al ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang y al ministro de Seguridad Pública, Meg Jianzhu. Además, les solicita que manifiesten si quieren declarar en España o ante un tribunal chino.

Además de los tres ministros, también están imputados Zhang Qingli, secretario del partido comunista chino en Tíbet; Wang Lequan, miembro del Politburó de Pekín; Li Dezhu, líder de la Comisión de Asuntos Étnicos; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa; y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.

China culpa al Dalai Lama, líder espiritual tibetano, y a su gobierno en el exilio de haber planeado los disturbios en los cuales dice que murieron al menos 18 “civiles inocentes” a manos de turbas de tibetanos en la capital regional, Lhasa.

Grupos de derechos humanos aseguran que muchos más tibetanos resultaron muertos en manifestaciones posteriores y en la represión subsiguiente en la región.

Disidente chino Wei Jingsheng detalla al juez la cadena de mando del Gobierno

Disidente chino Wei Jingsheng detalla al juez la cadena de mando del Gobierno

El disidente político chino Wei Jingsheng ha comparecido hoy como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para explicar cómo funciona la ‘cadena de mando’ del Gobierno chino y ha asegurado que el único responsable de las decisiones en relación con el Tíbet es su presidente.


Con este testimonio, Pedraz, que desde agosto investiga a siete responsables del Gobierno chino por los disturbios registrados en el Tíbet en marzo de 2008, ha concluido esta última tanda de declaraciones, entre los que han comparecido el periodista Jonathan Mirsky, la abogada Kate Saunders y el tibetano Takna Jigme Zangpo.

Jingsheng, poseedor del premio Sajarov a los derechos humanos y considerado por muchos como el padre del primer movimiento democrático de China, ha detallado al magistrado el funcionamiento interno del Gobierno chino, han informado fuentes jurídicas.

Este disidente de 59 años, que ha sido candidato en siete ocasiones al Premio Nobel de la Paz, calificó de dictador en 1979 al entonces dirigente chino Deng Xiaoping, por lo que fue condenado a quince años de prisión.

Fue liberado en 1993 y condenado nuevamente en 1995 por ‘conspiración anticomunista’ y tras ser puesto en libertad en 1997 por la presión internacional, se exilió en Estados Unidos, donde reside desde entonces.

Pedraz cree que los siete dirigentes chinos, dos de ellos ministros, pudieron incurrir en crímenes de lesa humanidad, ‘dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención (…) con infracción de las normas internacionales (…) y las torturas’.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene abierta desde 2006 una causa en la que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los 80 y los 90.

La Audiencia Nacional se declaró competente el 10 de enero de 2006 para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pudiera ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.

Un tibetano: “Los chinos nos trataban como animales”

DECLARA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Un tibetano: “Los chinos nos trataban como animales”

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS)

Un ex preso que estuvo durante 37 años en las cárceles de China por defender la independencia del Tíbet relató hoy su testimonio en la Audiencia Nacional.

El ex preso relató ante los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz e Ismael Moreno que los disidentes eran tratados “sin ninguna atención a los derechos humanos y como si fueran animales”.

Takna Jigme Zangpo, el prisionero que más tiempo ha estado en las cárceles chinas por defender la independencia del Tíbet, relató las “torturas” que ha sufrido a lo largo de su vida a los dos jueces españoles, que investigan, respectivamente, los delitos de lesa humanidad que las autoridades chinas llevaron a cabo en el Tíbet en marzo de 2008 y a partir de 1950. “Sufrí mucho y muchos independentistas también sufrieron”, aseguró.

El compareciente, de 80 años, se manifestó “realmente feliz por poder contar libremente la verdad sobre la situación en el Tíbet”, y denunció que este asunto siempre ha sido tratado por China como “un asunto interno”. “Mi salida del país sólo ha sido posible por la presión internacional”, apuntó.

“CONTAMINAR A LOS NIÑOS”

Jigme Zangpo, ex profesor de primaria, fue encarcelado por primera vez en 1965 por “contaminar a los niños” y, tras pasar por tres prisiones diferentes, se convirtió en “una víctima legendaria de la lucha del Tíbet”, según explicaron fuentes del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la asociación que ha impulsado las dos causas judiciales.

Con esta declaración el juez Pedraz continúa la ronda de testificales que ha llevado a cabo durante esta semana en relación con la causa que investiga sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad en marzo de 2008 contra la población tibetana por parte de distintos miembros del Gobierno chino. Las comparecencias finalizarán el próximo lunes con la declaración del disidente chino Wei Jingsheng.

La causa, admitida a trámite por el juez en agosto, está dirigida contra el actual ministro de Defensa chino, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del ‘Politburó’ en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.

El pasado 5 de agosto, Pedraz aceptó la competencia de la jurisdicción española para investigar los hechos al entender que podrían constituir “delitos de lesa humanidad contra la población tibetana”. Según las asociaciones querellantes, las autoridades chinas causaron “al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos”.

“MATANZA SISTEMÁTICA Y GENERALIZADA”

Los querellantes aseguran que los siete altos cargos del Gobierno chino dirigieron “una matanza sistemática y generalizada” contra la población tibetana así como la realización de “lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas” que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.

En su escrito, les imputan “la supuesta acusación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas”, lo que convertiría al pueblo tibetano en “un grupo o colectivo perseguido” por las autoridades chinas “por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”.

(EUROPA PRESS)

-. Firma: APM/PAU .-

Condenado a muerte otro tibetano por disturbios de Lhasa en 2008

Condenado a muerte otro tibetano por disturbios de Lhasa en 2008

EFE – 21/04/2009 05 : 26

Pekín, 21 abr (EFE).- Un tibetan llamado Penkyi fue condenado a muerte y otros dos fueron sentenciados a cadena perpetua y 10 años de prisión por causar dos incendios durante los disturbios de marzo de 2008 en Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet, informó hoy la prensa oficial.

El condenado quemó dos tiendas de ropa, causando la muerte de seis personas, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Popular Intermedio de Lhasa.

La condena a muerte ha sido suspendida durante dos años, por lo que podría ser conmutada a cadena perpetua en ese tiempo si el reo muestra buena conducta, de acuerdo con la ley china.

Se trata de la quinta sentencia a muerte que dicta la Justicia china en relación con los disturbios de Lhasa, los peores ocurridos en el Tíbet desde 1989.

El pasado 8 de abril, el mismo tribunal de Lhasa sentenció a muerte a Losang Gyaltse, Loyar Sangpo, Gangtsu Sangpo y Tenzin Phuntsog también por provocar incendios durante las protestas de Lhasa, en las que murieron 18 civiles y un policía, según cifras oficiales del Gobierno chino.

Dos de ellos también recibieron suspensión de la condena, mientras que un quinto juzgado fue sentenciado a cadena perpetua.

Pekín informó que tras las revueltas de 2008 la policía china detuvo a 1.317 personas, de las que 1.115 quedaron después en libertad y el resto comparecieron ante la Justicia, de las que más de medio centenar han sido ya condenadas.

Los tibetanos en el exilio aseguran que la represión de las fuerzas de seguridad chinas tras las protestas causó más de 200 muertos.

La respuesta china a las protestas llevó a llamadas al boicot de los Juegos Olímpicos de 2008 y a manifestaciones contra el régimen comunista al paso de la antorcha de Pekín 2008 por ciudades de todo el mundo, aunque a posteriori la competición deportiva no se vio excesivamente afectada. EFE abc/cg