¿Por qué China se empecina en ocupar el Tíbet?

os tesoros del Tíbet son la fuente de su desgracia, de su pretérito dolor, tan viejo como los picos sobre los que se erige. Hace ya seis décadas que las tropas de Mao tomaron Lhasa a sangre y fuego para afianzar el dominio sobre sus infinitas extensiones de montañas y explotar sus recursos naturales pero, también, para solventar dos cuestiones geoestratégicas primordiales.

En primer lugar, la invasión pretendía reconstituir el cinturón periférico exterior que tan laboriosamente había forjado la dinastía Ching, al redefinir las fronteras imperiales y cerrar un conflicto que duraba siglos. En segundo lugar, Pekín no solo invadió Lhasa, la capital, sino también todos los territorios de la civilización tibetana. La cuestión de fondo era, y aún sigue siendo, los límites territoriales de Tíbet, ya que una porción sustancial de la superficie de China es de civilización tibetana (todo el Qinghai, partes del Xinjiang, del Sichuan y del Yunnan).

Por ello, en cuanto la revolución comunista alcanzó la victoria final en 1950, la República Popular volcó todos sus esfuerzos en dominar el techo del mundo para explotar sus recursos, estableciendo colonias penitenciarias y bases militares, y ampliar el Lebensraum -el espacio vital- de su población, que crecía en progresión geométrica. Tíbet no sólo esconde enormes cantidades de árboles madereros, uranio y oro, sino que constituye, junto con Xinjiang, la puerta geográfica por la que China canaliza su flujo comercial hacia el exterior -y por la que accede parte de la energía que consume-. A ello se suma otra cuestión. Todos los principales ríos chinos, como el Mekong, tienen su nacimiento en la cordillera del Himalaya. Parece lógico pensar que el ideario imperialista que maneja Pekín sea el poseer uno de los recursos más preciados y escasos que haya actualmente en el mundo: el agua.

“Mucha gente se pregunta qué interés tiene China en Tíbet. El país no es pequeño: con una extensión que cuatriplica a la de España, representa el 25% de China. Después, tiene mucha riqueza porque hay muchas minas, muchos minerales, sobre todo uranio pero también oro y cobre. Y el uranio nos preocupa especialmente porque los chinos están generando mucha basura nuclear. El Tíbet es el techo del mundo, la contaminación y la basura nuclear llegarán a Asia y, poco a poco, a todo el mundo”, aseguró a El Confidencialel responsable de la casa de Tíbet en España, Thubten Wangchen.

El Tíbet anterior a 1950 era una sociedad ancestral en la que, la mayor parte de la población, articulada en torno a los monasterios, vivía con gran austeridad. Después de la ocupación, los tibetanos fueron arrojados a la miseria y su cultura condenada a un lento exterminio, de forma que hoy en día prácticamente las dos terceras partes de la población es china. La represión militar contra el pueblo tibetano se cobró más de un millón de víctimas en medio siglo, según el Gobierno en el exilio. Décadas de esfuerzos militares y de desplazamientos de población han hecho realidad una hegemonía china que nadie osa cuestionar. Y el tren de las alturas, que desde 2006 une Shanghai y Lhasa, no representa el inicio de dicha hegemonía, sino su culminación.

CHINA PROHIBE VIAJES DE EXTRANJEROS A TIBET

CHINA PROHIBE VIAJES DE EXTRANJEROS A TIBET

22 de septiembre de 2009

BEIJING (AP) – China prohibió que los turistas extranjeros viajen al Tibet antes de un desfile en la capital para marcar 60 años de gobierno comunista, dijo un funcionario el martes, en medio de un incremento de las medidas de seguridad en todo el país para asegurar que nada estropea las celebraciones.

Tan Lin, un funcionario de la Oficina de Turismo del Tibet, dijo que se prohibirá el acceso de turistas extranjeros a la región a partir del martes, pero que aquellos que ya habían llegado podrán permanecer.

China ha incrementado su seguridad en semanas recientes antes del feriado del 1 de octubre, cuando se realizará un desfile militar en el centro de Beijing y el presidente Hu Jintao pronunciará un discurso.

Se ha prohibido la venta de cuchillos en algunas tiendas, incluyendo gigantes Wal-Mart y Carrefour, luego de dos ataques cerca de la Plaza Tiananmen la semana pasada, dijeron funcionarios y la prensa estatal.

Una empleada del departamento de ventas en el Gran Hotel Internacional de Lhasa _ 4.000 kilómetros al oeste de Beijing _ dijo que la prohibición estaba vigente hasta el 8 de octubre.

Ningún extranjero llegó a su hotel el lunes y la tasa de ocupación el hotel había bajado entre 20% y 30%, dijo.

Fu Jun, un alto funcionario del departamento de publicidad del Partido Comunista en Tibet, dijo que no sabía nada de la prohibición.

China requiere a los extranjeros que obtengan un permiso especial para visitar Tibet y usualmente les impide acceso a todas las áreas de la minoría tibetana durante fechas que considera delicadas.

La región ha estado periódicamente prohibida para los extranjeros desde los disturbios de marzo del 2008, cuando tibetanos que protestaban contra el dominio de Beijing atacaron a inmigrantes y tiendas chinos, e incendiaron gran parte del distrito comercial de Lhasa.

——————————————————-

China TibetTsewang Phuntso

Oficial de Enlace para America Latina

OFICINA DEL TIBET

241 East 32nd Street

New York, NY 10016

Ex agente revela los métodos utilizados por el régimen comunista para infiltrarse en Occidente

Regalos, invitaciones, favores y chantajes son algunos de los métodos utilizados por el PCCh para influenciar a políticos occidentales, que se ven obligados a ceder ante las presiones de Beijing

Por Xin Fei – La Gran Época

Según Li Fengzhi, antiguo oficial de inteligencia del Ministerio de Seguridad del Estado del Partido Comunista Chino (PCCh), el régimen desarrolló una amplia red de espionaje en los Estados Unidos. Li anunció públicamente su renuncia al PCCh en marzo, y fue recientemente entrevistado por La Gran Época.

“El PCCh no escatimó en personal y recursos”, dijo. “Operó a través de sus consulados, de los órganos de seguridad nacional y otras organizaciones para enviar muchos agentes [a los E.E.U.U.] y desarrollar informantes en suelo americano”.

Influenciar a políticos en Occidente es una parte importante de las actividades del régimen en el extranjero – siendo el principal propósito lograr que estos políticos apoyen las políticas de Beijing en los momentos críticos. Otro propósito es influir en políticos para que permanezcan en silencio ante las violaciones de derechos humanos por parte del régimen.

Políticos chinos en el punto de mira

Li explicó que esto sucede especialmente con los políticos chinos en Occidente, y advirtió que estos políticos necesitan ser cuidadosos a la hora de trazar una línea clara entre el PCCh y China.

“Deben aferrarse a su conciencia y obedecer las leyes de los países donde se encuentran. Al mismo tiempo deberían hacer aquello que es verdaderamente beneficioso para los chinos”.

Éste añadió que el PCCh ofrece a menudo mucho dinero y popularidad a ciertos políticos, y al mismo tiempo, consiguen implicarse emocionalmente con ellos.  

“Los políticos que consiguen una elevada popularidad en los medios oficiales del PCCh son normalmente aquellos que están cerca del PCCh en privado, o que son protegidos por el PCCh. El PCCh no asciende o calumnia a alguien sin ninguna razón. Esta es una manera fácil de decir quiénes son los amigos del PCCh. Ocurre los mismo viendo a quién premia u honra el PCCh, o por quién hace campaña”, afirma Li.

“Esta persona probablemente está muy cerca del PCCh”.

Tácticas comunes

Li resumió una táctica común empleada por el PCCh: “Un agente u oficial del PCCh  invitará a un político en occidente a cenas o reuniones. Terminan conociéndose, lo cual facilita al agente del PCCh pedirle favores. Ocasionalmente, un funcionario de alto rango del PCCh cooperará en tal estrategia de inteligencia; una invitación de un funcionario chino de alto rango hará que los políticos occidentales promedio se sientan honrados y abrumados. El agente del PCCh tomará el control sobre el político occidental a partir de entonces”.

Otro método, según Li, es dirigirse a aquellas personas próximas a los políticos, desde la familia, a vecinos, personal de trabajo, y hasta fotógrafos de prensa.

“A través de estas personas, los agentes pueden incluso obtener cierta información o ejercer cierta influencia”.

“Sin embargo, cuando el aliciente no es suficiente, el PCCh  utilizará la coacción”, afirmó Li.

Una manera muy común de tender una trampa a un político de países occidentales incluye una investigación minuciosa de sus antecedentes para diseñar la trampa, dijo Li. Entonces, se invita al político a China, con la excusa de una reunión, una visita oficial, o una simple visita turística. Cuando el político llega a China, el agente lo seducirá con dinero o con intereses políticos.

“A veces la seducción involucra la vida personal del político”, dijo Li.

Después de que el objetivo cae en la trampa, el agente del PCCh utiliza la prueba para obligar al político a rendirse a la voluntad del PCCh. Muchas veces, cuando el político no cae en el cebo, los agentes acusan al político de algo que no hizo, presentando pruebas falsas creadas con tecnología moderna.

“Esto funciona muy bien con los occidentales”, dijo Li. “En la sociedad occidental, el futuro de los políticos en gran parte depende de su reputación. Los  políticos occidentales a menudo se quedan aterrorizados cuando se les tiende una trampa, temiendo que su carrera termine si el PCCh hace pública la ‘prueba’”.

Otros medios

Además de políticos, el régimen también tiene como objetivo a funcionarios de gobierno, empresas influyentes, grupos sociales, medios y otra gente no política u organizaciones que podrían influenciar a la política de sus países en ciertos temas.

“Los vigila estrechamente, a través de contactos públicos y privados, intenta analizar sus necesidades y debilidades”, dijo Li.

El PCCh también encuentra organizaciones occidentales y medios pro PCCh para ser sus portavoces. Estas organizaciones nacionales y medios tendrán más influencia directa en sus políticos, puesto que los miembros de tales asociaciones a menudo son ciudadanos locales.

El PCCh utiliza a miembros de comunidades chinas en el extranjero, y asociaciones de estudiantes chinos y académicas para trabajar para el régimen, con la excusa de servir a la nación china.

Li también dijo que hay un principio escrito en el Ministerio de Seguridad del Estado que dice que los agentes están autorizados para actuar como anti PCCh mientras sus objetivos sean proteger los interesas más importantes del partido.

“Algunos pueden criticar al PCCh”, dijo, “Pero cuando viene el momento crucial, se vuelven pro-PCCh y sus opiniones pueden ayudar enormemente al PCCh”.

Según Li, en la superficie, el régimen enfatiza la importancia de “proteger la amistad entre China y E.E.U.U.”, pero en realidad ve a los países democráticos occidentales como enemigos, y especialmente a Estados Unidos, lo ve como su enemigo principal.

“Prestar atención a China es bueno, pero eso no significa cortejar y ceder al PCCh”, concluye Li.

Li Fengzhi, ex agente comunista, celebra su renuncia al Partido Comunista Chino, junto con cincuenta millones de chinos, el 15 de marzo de 2009. (Lisa Fan/Epoch Times)

Li Fengzhi, ex agente comunista, celebra su renuncia al Partido Comunista Chino, junto con cincuenta millones de chinos, el 15 de marzo de 2009. (Lisa Fan/Epoch Times)

Mensaje de Su Santidad en relación al Día Mundial del Tibet.

Mensaje de Su Santidad en relación al Día Mundial del Tibet.

Estamos viviendo tiempos en donde diferentes circunstancias han resultado en una creciente interdependencia dentro de la comunidad global. Por otro lado estamos siendo testigos de una nueva era de libertad en donde pueblos, por largo tiempo oprimidos, buscan asentar sus libertades y preservar sus propias identidades.

Nosotros, 6 millones de tibetanos poseemos una herencia cultural propia y única, como la tienen muchos otros pueblos. Aún hoy, nuestra rica cultura, llevada adelante de forma pacífica respetando el medio ambiente contiene una riqueza en experiencia que puede ser de enorme beneficio para los demás. Por esta razón nuestra tradición cultural forma parte valiosa de la herencia mundial y la humanidad se vería empobrecida si la perdiera.

Aún cuando aquellos de nosotros en exilio, hemos hecho todo el esfuerzo para preservar esta cultura y promoverla, no lo lograremos solos. Necesitamos ayuda y apoyo. Esto depende de que el pueblo tibetano y sus tradiciones sean bien comprendidos y de que se tome consciencia de la amenaza que ambos enfrentan.

Me siento muy estimulado de que un nuevo Día Mundial del Tibet vuelva a celebrarse. Me complace mucho saber que la causa del Tibet tenga tan fuerte apoyo. Les envío mis congratulaciones para esta ocasión y me alegra saber que nuestros amigos y participantes en este Día Mundial del Tibet podrán también disfrutarlo. El pueblo tibetano continúa necesitando con urgencia, esperanza y valentía.

La encontrarán si sienten que cuentan con amigos y no dudo que el Día Mundial del Tibet será una gran oportunidad para fortalecer esta amistad.

Su Santidad el XIV Dalai Lama del Tibet


* Traducción hecha por Ana María Clasing, Pro Tibet Culture, Chile.

EN FAVOR DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

MANIFIESTO del CAT – Comité de Apoyo al Tíbet

EN FAVOR DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Junio 2009

PP y PSOE se ponen de acuerdo para intentar ahogar el principio de justicia universal favoreciendo así más impunidad en el mundo.

Está claro. Han bastado un par de quejas diplomáticas – y quizá algo mas que no sabemos – de países poderosos sobre procesos judiciales en marcha en España para que el congreso se ponga de acuerdo en marcha para demoler más de una década de éxitos y avances en la justicia internacional. PP y PSOE, que no se ponen de acuerdo ni en la hora del dia, se alían e intentan cambiar una ley orgánica y enmendar una articulo (el 23 que recoge gravísimos crímenes internacionales). Todo esto con un claro punto de rapidez y nocturnidad que también borde la ilegalidad para que no trascienda, ni se entienda por la opinión pública. Todo esto en contra de nuestro mas alto Tribunal, el Constitucional cuya sentencia del de 2005 dejó meridianamente clara la ilegalidad de limitar la Justicia Universal con “el nexo nacional”, “la lejanía” , “la ajeneidad y las víctimas españolas”. Se diría que los que insisten en estas limitaciones están movidos por otras motivaciones o no saben leer. La Justicia Universal es universal no solo para españoles y vecinos cercanos, y los Crímenes contra la Humanidad son contra la Humanidad no contra ciudadanos o intereses españoles.

A la vista de la resolución parlamentaria de cambiar la ley y la cantidad de artículos, editoriales y comentarios que la han precedido en todos los medios de comunicación, constatamos con alarma y preocupación los siguientes puntos:

La planificación de este proceso implica un golpe mortífero a la separación de poderes en la democracia española y un retroceso en la justicia internacional y universal.

Básicamente se esta planificando políticamente que haya menos justicia y más impunidad en el mundo.

TIBET:

Siendo así y tomando como ejemplo el caso del Tíbet, y habida cuenta que ningún querellado chino se encuentra en territorio español, ni que víctima alguna del genocidio tibetano es española, esta causa quedaría archivada. ¿Esta probable decisión, en caso de seguir adelante la reforma iniciada, “reafirma el compromiso de este gobierno con la justicia universal”, tal y como ha afirmado la Vicepresidenta De la Vega? ¿Dónde acudirán víctimas como las tibetanas, que tienen las puertas de la justicia cerradas en su propio país ocupado, en el Tribunal Penal Internacional que China no reconoce y ahora su única luz de esperanza se desvanece? ¿Cómo un gobierno, impulsor de la alianza de civilizaciones, cuyo eje debe ser el Derecho Internacional, y que cuando se encontraba en la oposición en su día, salía a la calle para exigir la extradición de Pinochet y para denunciar firmemente la guerra de Irak, hoy bloquea el enjuiciamiento de estos crímenes y apuesta descaradamente por la impunidad?¿Qué ha sucedido para que los argumentos jurídicos del fiscal general del Estado en favor de la justicia universal (véase El País del 21 de noviembre de 2004 p. 26, “El fiscal defiende que España pueda juzgar los genocidios sin restricciones”) hayan dado un vuelco de 180 grados?¿A qué y a quién obedece ese giro? Difícilmente se ha podido pensar en los muertos en el genocidio de Ruanda y Guatemala, a los argentinos arrojados al mar, a los chilenos masacrados por la dictadura de Pinochet, a los niños palestinos asesinados en Gaza y a las mujeres tibetanas esterilizadas y torturadas hasta la muerte por defender la no violencia.

Lo más vergonzoso es que ni siquiera se intenta ocultar que la motivación es diplomática y económica, y rara vez se menciona nuestra ley, que recoge estos crímenes gravísimos (Articulo 23 de la LOPJ), ni la sentencia del Tribunal Constitucional del 2005 que ampara la aplicación de la JU sin limitaciones y demás compromisos del Estado con los Convenios y la leyes internacionales.

La inmensa mayoría de los comentarios jaleando o justificando “la necesidad” de limitar la JU” denotan un desconocimiento del derecho internacional, del funcionamiento de la justicia en general y de la Audiencia Nacional en particular.

En la manipulación de los argumentos en esta supuesta “necesidad” de limitar la JU se repiten ad nauseam las frases de la “indignación diplomática” , “las graves repercusiones políticas”, la amenaza o simple miedo cerval de “pérdida de contratos” y de amistad con estos países poderosos, cuando en la realidad esto nunca ocurre, pero se ha convertido en un “tópico mediático y político” que todo el mundo repite como loros. No hay prácticamente precedentes excepto alguna reunión cancelada o pospuesta; es una gran burbuja de miedo y mentira que dura lo que un titular de periódico.

Con todo esto aflora la opinión personal o editorial tan respetable como peligrosa y manipuladora cuando no se sustenta en una argumentación rigurosa conforme al Derecho Internacional. Se mezcla el impacto social o político de algunos casos con la generalidad desvirtuando la función misma de la Audiencia Nacional. La ironía, la crítica poco constructiva y el ataque personal a jueces por un caso en particular se mezcla con descalificaciones de todo el sistema.

Una vez más se venden periódicos día a día con falsas polémicas, falsas amenazas, falsos tópicos y miedos libres. Algunos altos cargos describen despectivamente a los casos de justicia universal que persiguen los crímenes más horrendos como “casos exóticos”, el propio Fiscal General del Estado que en sus días de juez del Tribunal Supremo mantenía lo contrario ahora describe a la Audiencia Nacional como posible “juguete” de las ONGs. Nunca se menciona a la víctimas, ni los avances en justicia conseguidos directa e indirectamente gracias al coraje de abogados y jueces, y tampoco menciona el positivo efecto en la democratización y reconciliación de los pueblos, el consuelo de la víctimas ni la necesidad del “nunca más”.

Limitar la justicia, en medicina equivaldría a discriminar a enfermedades y enfermos como nacionales (a los que hay que cuidar), o “lejanos o exóticos” a los que hay que rechazar.

Por todos estos síntomas de falta de rigor en la información y su efecto en la opinión de gobernantes y público, que amenazan con hacernos retroceder en los grandes avances conseguido en la Justicia Internacional y Universal:

Manifestamos nuestro apoyo a la Justicia Universal a través de los siguientes argumentos:

– Se quiera o no del tenor literal del artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.) y de la interpretación que hizo el TC por partida doble, en el caso Guatemala y Falun Gong, se establece que la jurisdicción española es competente para conocer una serie de crímenes internacionales con independencia del lugar de la comisión del delito y de la nacionalidad de las víctimas y de los presuntos responsables; no siendo esto una resolución que la hayan decidido unos jueces de forma unilateral, sino que es un compromiso compartido por toda la comunidad internacional.

– La complementariedad es el principio que debe imperar entre las jurisdicciones penales nacionales y la Corte Penal Internacional. Siendo así, el artículo 17 del Estatuto dispone que la Corte debe intervenir en un asunto cuando un Estado no pueda o no quiera ejercitar su jurisdicción

– Para aquellos que ven en el efectivo ejercicio de la jurisdicción universal un peligro para los Estados o las relaciones diplomáticas, debe recordarse que estos crímenes universales están penalmente sancionados desde los juicios de los Tribunales de Nüremberg y que ya entonces, la prohibición de su comisión ha sido una norma de general aplicación para todos los Estados al ser un norma de ius cogens, y así pues a nadie debiera sorprender su aplicación.

– Estos procesos de jurisdicción universal suponen una fuerte apuesta por la “política de la justicia” instigada por la acción individual de las víctimas, y con ello no se están persiguiendo los objetivos políticos a los que se ven abocadas en muchas ocasiones las relaciones interesadas de los Estados y de sus máximos dirigentes, sino que con ello se consigue, tal y como asegura el Consejo de Justicia de la Unión Europea (Decisión 2003/335/JHA de 8 de Mayo de 2003), el procesamiento y castigo de los responsables de crímenes internacionales.

– Lo decisivo es que este ejercicio de la jurisdicción universal por parte de las víctimas y asociaciones defensoras de los Derechos Humanos reestablece de forma directa la voluntad popular y la solidaridad universal en materia penal y limita la soberanía de los Estados en este contexto. Con todo ello se está aludiendo al elemental razonamiento democrático por el cual “La ley internacional aún protege la soberanía, pero – sorprendentemente – la soberanía del pueblo, no la del soberano.”

– En todo caso, y a modo de conclusión, los creadores de opinión pública, juristas y políticos detractores de esta jurisdicción universal, tal y como denuncia el fiscal anticorrupción y pionero en la lucha contra la impunidad, Carlos Castresana, “ciegos al mundo de los valores, sumisos a las relaciones de poder y dominación, e insensibles a la ubicación de las soluciones jurídicas en el tiempo, para atender a las necesidades humanas cambiantes”, no deberían perder de vista los valores a los que apelan las víctimas y la ciudadanía a través de acusaciones particulares y la actio popularis; valores y principios, no sólo éticos, sino jurídicos, que deben ser en la práctica la base inspiradora y reguladora de todo el orden internacional, más allá de toda conveniencia política y de los mercados.

Mandar vuestra adhesión a nuestro manifiesto y los dos casos del Tibet en la Audiencia Nacional, con una simple respuesta a alan.cantos@ainco.es con vuestro nombre y el de vuestra organización, con la palabra APOYO en el texto.

FIRMADO

José Elías Esteve Moltó, abogado redactor de las querellas del Tibet, Vice-presidente del CAT (Comité de Apoyo al Tibet), Doctor y Prof. en Derecho Internacional U. de Valencia)

Alán Cantos, director del CAT (principales querellantes) y coordinador internacional del caso Tibet.

CAT- Comité de Apoyo al Tíbet. Tel. (0034) 91 35024 14 info@tibetcat.comhttp://www.tibetcat.com

LISTADO DE EXPERTOS Y ORGANIZACIONES QUE APOYAN EL MANIFIESTO

Expertos Legales:

Manuel Ollé Sesé (profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE

Almudena Bernabeu (Abogada internacional, directora del Proyecto Legal de Latinoamérica y España, Center for Justice and Accountability, California, EE.UU.)

Carlos Slepoy (Abogado a cargo de la acusación en España del caso Scilingo (Argentina) que termino con la primera sentencia firme transnacional de crímenes contra la humanidad).

José Elías Esteve Moltó (Doctor y profesor en Derecho Internacional . Autor del libro “Tíbet: La frustración de un estado. El genocidio de un pueblo”.

Tibet Justice Centre (Berkeley , California, USA) (Legal experts on Tibet)

Eva Herzer (Experta abogada en el caso del Tibet, USA)

Y numerosos abogados y juristas involucrados en casos de Justicia Universal en Espña y en todo el mundo.

Apoyan:

International Tibet Support Network (ITSN) 165 Organizaciones en todo el mundo

Casa del Tíbet, Barcelona, Spain

Gu Chu Sum (Tibetan Political Prisoners Org)

Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD)

Tibetan Youth Congress (TYC)

Wei Jingsheng Foundation

Friends of Tibet, India

Students for a Free Tibet (SFT) International

SFT – India

SFT – France

SFT – UK

Free Tibet Campaign, London

Casa del Tíbet, Barcelona, Spain

Casa del Tibet, Mexico

Stottekomiteen for Tibet, (Tibet Support Committee, Denmark)

Australia Tibet Council, Australia

France-Tibet, France

Tibet Support Committee, Copenhagen

Canada Tibet Committee, Canada.

Tibet Support Group – Ireland

Save Tibet, Austria

Friends of Tibet, San Diego, US

Friends of Tibet, New Zealand

Tibet Michigan, USA

Zida Cels, Latvia

Asociación Cultural Tibetano-Costarricense, Costa Rica.

International Tibet Independence Movement (USA)

Tibet Society of the UK

Lions des Neiges Mont-Blanc, France

Tibet Community of Britain

Olympic Watch

Autodétermination-Tibet

Tibetan Women Association

Kathmandu Tibetan Women´s Welfare Group

Independent Tibet Network, USA

Tibet Destination Rangzen, Marseille France

Claude Levenson (Periodista y biógrafa del Dalai Lama)

Fundación “Le Club Français”, Francia

“Pensando en Tíbet” Zona Occidente, Morelia, Michoacán, México

Drôme Ardèche – Tibet, France

Buen Corazón A.C. (México)

Elfreno a la justicia universal indigna a los magistrados

Monjes budistas protestan ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno chino por su represión en Tibet. - EFE

Monjes budistas protestan ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno chino por su represión en Tibet. - EFE

Elfreno a la justicia universal indigna a los magistrados

Los jueces instructores de la Audiencia Nacional consideran que la reforma pactada en el Congreso es “un paso atrás”, cuando España era en estos momentos “un referente mundial”ÁNGELES VÁZQUEZ -Público.es

MADRID – 25/05/2009 07:35

Los jueces centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, al menos la mayoría, consideran que la reforma pactada por algunos grupos en el Congreso para limitar la jurisdicción universal es “un paso atrás”, que hará posible la impunidad de crímenes contra derechos humanos universales y protegidos en todo el mundo. “España era un referente mundial.Y debería servir de ejemplo para que otros países hicieran lo mismo”, señalaron los consultados.

Pocos de los encargados de investigar en España el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos, por ejemplo, en Ruanda, Guatemala o Israel, comparten las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, consistentes en que el límite pactado no supondrá un retroceso, sino una mejora. “Para nada va a reducir nuestro compromiso con la Justicia y la libertad”, añadió la dirigente socialista en el último consejo de ministros.

Incluso los que proponían limitar la jurisdicción tildan el acuerdo de chapuza

Sin embargo, eso precisamente es lo que temen en la Audiencia Nacional, donde se muestran “indignados” como ciudadanos, aunque como jueces aplicarán la ley sea cual sea. Como dijo tras su toma de posesión el flamante presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes: “Los jueces no podemos estar en lucha contra nada: aplicamos la legalidad”.

Aún no se sabe con certeza el alcance que tendrá la reforma en las causas abiertas en la Audiencia Nacional. Los más optimistas consideran que no afectará a ninguna. Otros, que sólo influirá en las relativas a China, en las que se investigan los crímenes cometidos contra el pueblo tibetano y los seguidores de la corriente Falun Gong, donde no se ha acreditado con la misma fuerza que en otros procedimientos la existencia de víctimas españolas.

La que ha provocado la reforma pactada, la abierta contra un ex ministro de Defensa y otros seis responsables militares israelíes por el lanzamiento de una bomba el 22 de julio de 2002, tampoco tiene de momento españoles como víctimas . Pero está previsto que próximamente un español se sume a la querella admitida a trámite por el juez Fernando Andreu.

Hay quien piensa que no hacía falta la reforma legal, sino más sentido común

Incluso los que en la Audiencia consideran que había que limitar la jurisdicción universal, porque entienden que carece de sentido abrir una investigación, con el coste que ello supone, sabiendo que será imposible juzgar a sus presuntos responsables, son críticos con la reforma. Califican de “chapuza” reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprovechando la modificación de las leyes necesarias para poner en marcha la oficina judicial. Una reforma “oculta”, que incumple los trámites previstos para reformar leyes orgánicas, sostienen.

Aunque también hay quien cree que no hacía falta una reforma legislativa, sino haber impuesto algo de sentido común a la hora de admitir a trámite querellas y denuncias.

La reforma pactada limita la jurisdicción española para investigar los delitos de genocidio, lesa humanidad o terrorismo, a varias condiciones. Es decir, “deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva de tales hechos punibles”.

Práctica habitual

Añade que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá “cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país”, lo que implica que la jurisdicción española para perseguir estos delitos pasa a ser subsidiaria. Hasta ahora podía coincidir con otras investigaciones en otros países, pero era práctica habitual en la Audiencia Nacional preguntar al país en cuestión si existe algún procedimiento abierto. Así lo hizo Eloy Velasco con la querella de Guantánamo y Andreu, con la de Gaza.

Cinco jueces que investigan delitos de persecución universal

Santiago Pedraz
El titular del Juzgado número 1 investiga el genocidio del pueblo maya, la muerte del cámara José Couso y los crímenes contra la población tibetana.

Ismael Moreno
El juez del número 2 instruye la primera querella del Tíbet, la de Falun Gong y la del holocausto nazi. Tiene sobre la mesa otra querella sobre Gaza.

Fernando Andreu
El juez del número 4 investiga la querella presentada por el ataque de julio de 2002 en Gaza. Procesó a 40 militares ruandeses por genocidio.

Baltasar Garzón
El Juzgado número 5 investiga las torturas sufridas por ex presos de Guantánamo en la base estadounidense y el genocidio del pueblo saharaui.

Eloy Velasco
Al juez del 6 le correspondió la querella presentada contra los asesores de Bush e investiga el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas en El Salvador.

¿Quién teme a la justicia universal?

Amigos

Conviene saberlo, no solo es el caso del Tibet !!! Quieren cambiar nuestra ley para que haya menos justicia y mas impunidad en el mundo !!! Asi de claro.

La argumentacion para esta maniobra es vergonzosa legal y eticamente, y parte de las pataletas diplomaticas de paises poderosos afectados, de la ignorancia, de la manipulacion politica, de los intereses economicos y de la pasivida de todos.

Estos dos brillantes articulos explican el contexto de la verguenza politica que se esta tramando para limitar y ahogar la Justicia Universal y todos los casos abiertos en la Audiencia Nacional incluidos por supuesto los del Tibet.

Como se dice vulgarmente, se puede decir mas fuerte pero no mas claro.Y nadie mas experto y con mas experiencia que:

Jose Antonio Martin Pallín (Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas) y Manuel Ollé (Profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE) para decirlo.

Aun asi es debemos saberlo y decirlo todos, cada uno en su circulo, cada uno a su manera.

Un abrazo

Alan Cantos

POR FAVOR DIVULGAD A LOS CUATRO VIENTOS !!

——————————————————————————–

———————————————————————————————————————————

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=614962&idseccio_PK=1006

23/5/2009 Edición Impresa LA PERSECUCIÓN DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

¿Quién teme a la justicia universal?

No podemos convivir impasiblemente con hechos tan insoportables como el genocidio

JOSÉ ANTONIO Martín Pallín*

La jurisdicción universal abre la posibilidad de juzgar, en la mayor parte del mundo, crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad y de cualquier sociedad civilizada.

Su origen más cercano se encuentra en los juicios de Núremberg, que en su tiempo merecieron la entusiástica aprobación y reconocimiento de los estados que ahora se irritan o se muestran diplomáticamente molestos ante la apertura de procesos dirigidos a exigirles responsabilidades por hechos hoy elevados a la categoría de delitos contra la humanidad.

Lo que el tribunal militar aliado de Núremberg tuvo que construir sobre la marcha –eso sí, con materiales nobles que han resistido el paso del tiempo– más adelante fue asumido por las Naciones Unidas en las reglas de Núremberg y hoy lo tenemos plasmado, en forma de ley, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional firmado por la abrumadora mayoría de países integrados en las Naciones Unidas, con llamativas reservas a su jurisdicción formuladas por países como Estados Unidos o China.

La jurisdicción universal no se dedica, como tramposamente se intenta trasmitir a la opinión pública, a investigar toda clase de delitos como si se tratase de una especie de juzgado de guardia global. La jurisdicción universal está delimitada por la específica regulación de las leyes nacionales y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

No podemos convivir impasiblemente con hechos tan insoportables como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. No se trata de perseguir conductas aisladas de tortura, asesinatos, desaparición forzada de personas o ejecuciones extrajudiciales u otros de carácter similar que ocasionen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la salud física y mental de las personas, sino aquellas que, como dice el Estatuto de la Corte Penal Internacional, firmado y aceptado por España, se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil.

Solo los que empleen estos métodos pueden temer a la jurisdicción universal. Me parece lógico que los gobiernos, que firman tratados para comprometerse a cumplirlos, prefieran que su país no se vea envuelto en un conflicto diplomático que comprometa su real politik. Pero no pueden ir más allá de la demostración de una cierta incomodidad para después defender a sus jueces, cuya independencia está por encima de las relaciones coyunturales con otro país. Sea este una potencia mundial, un Estado africano, un dictador árabe o asiático o un gobernante de la antigua Yugoslavia.

En España no se puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal, avalada por las leyes y ratificada por nuestro Tribunal Constitucional corrigiendo el voto mayoritario del Tribunal Supremo, en el caso de Guatemala, y proclamando que la justicia universal no tiene condicionamientos ni limitaciones por razón de país o sujetos activos o pasivos del delito.

Se puede comprender que el presidente del Gobierno o el ministro de Asuntos Exteriores se sientan incómodos ante iniciativas judiciales. También resulta coherente la toma de postura de muchos columnistas que descargan sus fobias contra jueces sistemáticamente acosados por tomar decisiones incómodas. Pero no podíamos pensar que al ataque se sumasen las más altas instituciones del Poder Judicial. El presidente del Supremo tiene que ser un guardián del sistema y medir sus declaraciones. No somos los gendarmes del mundo. No tenemos peleas diplomáticas diarias y algunas iniciativas sí han prosperado. Además, aunque sea por rescatar la realidad, el caso Scilingo ha llegado a buen puerto y se está ejecutando la sentencia.

El fiscal general del Estado ha llegado a decir que los jueces de la Audiencia Nacional, que admiten estas querellas, son unos juguetes en manos de los que las presentan.

En el caso de la base de Guantánamo, su posición ha ido más allá al considerar que la querella es fraudulenta. No opinan lo mismo prestigiosos abogados norteamericanos y asociaciones de derechos civiles de ese país. Incluso el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Estados Unidos se ha mostrado partidario de la iniciativa española.

El Gobierno israelí ha descalificado la denuncia por los sucesos de Gaza, pero oculta que un general de su Ejército fue retenido en Londres a bordo de un avión de su nacionalidad, advirtiéndole de que si descendía le detendrían. Como es lógico, no bajó y retornó a su país.

No corren actualmente buenos tiempos para la jurisdicción universal. Los malos presagios se han confirmado y el reciente acuerdo entre los partidos mayoritarios para modificar su regulación es un síntoma preocupante. Condiciona la persecución en España a que el acusado se encuentre en nuestro territorio o que la víctima sea de nacionalidad española. En definitiva, significa volver al siglo XIX y rescatar los principios de la aplicación extraterritorial de la ley penal española. Las víctimas son universales, y discriminarlas por su nacionalidad limita sus posibilidades de pedir justicia y poner coto a la impunidad. ¿Ha cambiado la política de protección de las víctimas?

Como siempre, los poderosos son elogiados y obedecidos (Estados Unidos e Israel), y los pueblos, despreciados. Ya lo decía Maquiavelo hace varios siglos.

* Magistrado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

———————————————————————————-

EL PAÍS

TRIBUNA: MANAUEL OLLÉ SESÉ *

El avance de la justicia universal

MANAUEL OLLÉ SESÉ 23/05/2009

La hoja de ruta para limitar la práctica de la justicia universal en España es una lamentable realidad. El Congreso acaba de aprobar una propuesta de resolución por la que se pretende reducir su ejercicio a los casos en los que los presuntos responsables se encuentren en España o que existan víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde sucedieron los hechos no esté procediendo a su “persecución efectiva”. Es la culminación formal de las recientes críticas a la Audiencia Nacional: ¿por qué está enjuiciando las torturas de Guantánamo, los vuelos de la CIA, la masacre de Gaza, la represión del Tíbet o de los miembros de Falun Gong, los genocidios de los pueblos guatemaltecos o saharauis, el asesinato del periodista Couso o los de los jesuitas en El Salvador, o los crímenes de Mauthausen?

Los argumentos vertidos para desterrar la aplicación de este principio de justicia penal internacional son variados y alguno poco riguroso: técnico-jurídicos, económicos, de política exterior, de falta de capacidad de nuestros tribunales para asumir esa carga de trabajo en detrimento de nuestra justicia o incluso sobre el egocentrismo o protagonismo de algunos jueces.

La paradoja es sorprendente. En España, el principio de justicia universal se ha aplicado sin controversia alguna hasta el inicio de los casos Pinochet y Argentina en 1996. Todos saludábamos con satisfacción que los jueces de la Audiencia Nacional abordaran en aguas internacionales barcos cargados de droga, cuando ni siquiera el destino del cargamento fuera España ni existiera nexo alguno de los hechos, buque o tripulación con nuestro país. Por el contrario, el aplauso a los jueces y fiscales, en la persecución del narcotráfico, se torna injustificadamente en censura cuando se trata de enjuiciar crímenes contra la humanidad que desgarran el corazón de los Derechos Humanos.

La razón no es otra que el indudable componente político afecto a las circunstancias en las que se cometen estos horrendos crímenes, en su mayoría desde las estructuras de poder de iure o de facto.Y, precisamente, desde los países donde se ejecutaron los hechos se despliegan todo tipo de estrategias para garantizar la insoportable impunidad de sus autores y partícipes. En el ámbito interno, dictan leyes de auto impunidad; y, en el externo, orquestan inadmisibles estrategias políticas y diplomáticas, que terminan surtiendo efecto, y muy especialmente cuando provienen de los Estados poderosos, a costa de los Derechos Humanos.

Buena muestra de ello han sido las actuales presiones de Israel o Estados Unidos al Ejecutivo español para cerrar como fue-re los casos que les afectaban, además de permitirse rechazables ataques a los jueces Garzón, Pedraz y Andreu.

La interesada devaluación de este principio internacional se corresponde con un equivocado enfoque desde el Derecho interno, cuando el análisis debe efectuarse desde el Derecho internacional, singularmente mediante el compromiso adquirido en diferentes convenios (por ejemplo, Genocidio, Tortura o Convenciones de Ginebra), al que nos debemos. Éste, por un lado, desde épocas remotas, ha fundado el principio universal en la naturaleza de los delitos, su extrema gravedad, y, consecuentemente, en el compromiso internacional para su persecución. Cada vez que se comete un crimen internacional de primer grado resulta lesionada su víctima, pero también toda la comunidad internacional es ofendida. Y, por otro lado, para la aplicación de este título jurisdiccional es innecesario, según el Derecho internacional, como recordó nuestro Tribunal Constitucional (STC 237/05), cualquier punto de conexión como la presencia física de sus responsables en España o que las víctimas sean españolas.

La Corte Suprema de Israel, hoy detractora de la justicia universal, en el caso Eichmann, basándose en el principio de competencia universal, resaltó que “el derecho del Estado de Israel a castigar al acusado derivaba de una fuente universal -patrimonio de toda la humanidad- que atribuye el derecho de perseguir y castigar los crímenes de esta naturaleza y carácter, porque afectan a la comunidad internacional, a cualquier Estado de la familia de naciones, y el Estado que actúa judicialmente lo hace en nombre de la comunidad internacional”.

El consenso para el enjuiciamiento de estos crímenes, cimentado después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en el Derecho de Núremberg, aunque congelados en la Guerra Fría, se rescató con la creación de los Tribunales Penales Internacional especiales (ex Yugoslavia o Ruanda), de tribunales mixtos (como los de Sierra Leona o Líbano) y, especialmente, con la instauración de la Corte Penal Internacional (CPI). Tribunal, este último, llamado a ser el verdadero órgano universal de enjuiciamiento de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

Estos tribunales supranacionales, sin embargo, no colman las exigencias de justicia. Las limitaciones con las que nacieron -por razón del tiempo en el que los hechos se cometieron, del lugar o del tipo de crimen- han desembocado en insalvables impedimentos para sentar en sus banquillos a los responsables de tan repugnantes crímenes. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, sólo puede enjuiciar hechos cometidos con posterioridad al 1 de julio de 2002 y que afecten a situaciones de países que han ratificado su Estatuto.

Este insatisfactorio escenario judicial internacional traslada, por imperativos del Derecho internacional, el deber de combatir la impunidad y la violación de los Derechos Humanos a los tribunales nacionales. Los órganos judiciales de Francia, Bélgica, Alemania, Canadá, Senegal o España, entre otros, lo han demostrado.

En nuestro caso, el desarrollo del principio universal y su aplicación por nuestros tribunales ha sido, tal vez, la mayor aportación a la comunidad internacional en la defensa de los Derechos Humanos.

Si existe anuencia por parte de los Estados en que hay que juzgar a los grandes criminales, ¿por qué éstos no cumplen su obligación de juzgar los crímenes internacionales (ius cogens) cometidos por sus ciudadanos? La respuesta, si no quieren soportar un juicio en terceros países o tribunales supranacionales, es sencilla. Deberán no sólo incoar un procedimiento penal, sino demostrar -lejos de aparentar o maquillar simuladamente la existencia de un caso abierto- que se está practicando una auténtica y eficaz investigación judicial ante sus tribunales. En caso contrario, intervendrán los tribunales internacionales o los nacionales de terceros países en aplicación del principio de justicia universal.

Sin embargo, estas premisas de Derecho internacional se soslayan por aquellos Estados que buscan perpetuar una intolerable impunidad. No juzgan o no lo hacen de acuerdo con los estándares del proceso debido, se oponen a las “injerencias” de la justicia universal y no firman el Estatuto de la Corte Penal Internacional o no aceptan su competencia.

Este déficit no puede ser soportado por las víctimas. Éstas gozan del derecho a la justicia, y la comunidad internacional está obligada a procurarlo. Ante la ausencia de un tribunal penal internacional plenamente efectivo y eficaz, el principio de justicia universal, ejercido en cualquier país, no sólo en España, es hoy el instrumento imprescindible para la persecución de los más graves crímenes internacionales que destrozan la dignidad de las personas.

* MANAUEL OLLÉ SESÉ es Profesor de Derecho Penal, director de la Cátedra de Derechos Humanos, Universidad Antonio de Lebrija, presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, APDHE.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.